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El conflicto lleva varios años de resistencia por parte de comunidades autóctonas de Santiago del Estero ante el avance de empresarios terratenientes. Denuncian que efectivos policiales actúan como seguridad privada de los empresarios y como una fuerza paramilitar contra los indígenas. Hoy, son tres los frentes en disputa que los pobladores locales mantienen contra el avance de diferentes latifundistas.
Fuente: Portal Primera Fuente
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) denunció que entre el viernes y sábado policías y grupos armados enviados por terratenientes ingresaron en territorio de la comunidad indígena Lule-Vilela en el paraje Pampa Chaquina (al noroeste del departamento Moreno) en la vecina provincia, con el fin de amedrentar a la población para que no ofrezcan resistencia alguna a la aparente usurpación de sus tierras.
Se trata de un nuevo capítulo en la lucha de la resistencia que las comunidades originarias de la localidad Tres Leones mantienen en defensa de su tierra. Allí habitan más de 50 familias del pueblo quichuista vilela dedicado a la agricultura, ganadería, artesanías y a productos forestales como carbón.
Según relataron los denunciantes, hace cinco años aparecieron por esa zona dos empresarios cordobeses: Aníbal Boyero y “Joni” Gasparuti. El primero compró los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines (puntero político juarista, y quien fuera encargado del Registro Civil de la localidad de Libertad).
La fracción norte (de 800 hectáreas) de ese lote era sujeto de pastaje de la comunidad indígena. Allí, según el Mocase, Boyero desmontó el predio y lo alambró cerrando “El Charquinero”, camino vecinal con más de 100 años de antigüedad, mantenido por la misma comunidad.
Las poblaciones integrantes de Tres Leones al ver que su territorio estaba en peligro denunciaron a Boyero ante el Consejo Provincial de Vialidad por cierre indebido de un camino, previa verificación ocular del Juez de Paz de la localidad de Tintina.
En forma paralela, los integrantes de la comunidad delimitaron su posesión con un nuevo cercado, luego destrozado supuestamente por hombres de Boyero. Los originarios reaccionaron y volvieron a levantar su alambrado.
Esto motivó a que en junio de 2004, el terrateniente y personal de la comisaría seccional Nº 44 de Tintina intimidaran a los pobladores a que depongan su actitud de resistencia. Este tipo de accionar se repitió en dos oportunidades durante aquel mes hecho que no logró paralizar la defensa de los originarios por sus tierras.
Frente a esto, según el Mocase, a través de su abogado, Boyero denunció en el Juzgado de la IV Nominación en lo Criminal y Correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, a los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios.
De esta forma, el 23 de junio de ese año, el empresario cordobés volvió a la zona en conflicto acompañado por efectivos (aparentemente portando armas largas) de la seccional Nº 44 de Tintina para continuar su tarea de presión sobre los pobladores. Dos de ellos, Carlos Perez y Carlos Roldán, aseguraron que Boyero pagó a los policías para que realicen esta intimidación.
Otros frentes de lucha contra terratenientes
En forma paralela al mencionado conflicto, desde el Mocase de denunció que el extenso territorio en disputa tiene varios frentes de luchas ante la voracidad de varios terratenientes.
Uno de ellos sería “Yoni” Gaparutti con la empresa Batzen SA. En este caso, se busca la apropiación del campo denominado catastralmente como Villa María.
Además, existe un tercer foco de defensa territorial ante la embestida de un empresario identificado por los denunciantes como “Enricci” por el campo denominado Alza Nueva.
“Los conflictos han sido innumerables y a modo de ejemplificar las problemáticas sufridas mencionamos que varios compañeros estuvieron detenidos durante más de dos semanas, imputados entre otros delitos por el de asociación ilícita”, alertaron desde Mocase.
A pesar de las reiteradas denuncias ante distintos organismos del Estado Nacional y Provincial, el conflicto en las tierras de esta comunidad indígena se ve agravado cada tanto por el ingreso de grupos armados, como sucedió por estos días.
“Ante un estado de derecho en ruinas rige la criminalización de la lucha por la tierra que se vale de terrorismo judicial en búsqueda de legitimar las violaciones a los derechos humanos de los campesinos e indígenas”, reflexionaron desde el movimiento campesino.
