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“En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque esas tierras están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques”
Lic. Rodrigo Montani (Antropólogo, Universidad Nacional de Rosario)
Dra. María Eugenia Suárez (Etnobióloga, CONICET – UBA)
En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.
Aunque el desmonte es ilegal es, sin embargo, difícil detenerlo. Por ejemplo, en las aproximadamente mil hectáreas que forman la finca El Palmar (número de catastro 5431, propiedad de Fernando Gustavo Cenci), ubicada a mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (estación Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para también destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, ni los indígenas ni el municipio supieron cómo reaccionar: las idas y vueltas que han tenido las leyes ambientales tanto a nivel nacional como provincial, sumado al sistemático comportamiento ambiguo del gobierno provincial en lo que a desmontes concierne hacen que muchos de los actores locales, incluyendo a la propia intendencia, se sientan completamente desprotegidos y no actúen hasta que el daño está bien avanzado. Ahora mismo, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”, que no obstante, como hemos podido comprobar visualmente y registrar con nuestras cámaras los firmantes de la nota junto con los representantes de las comunidades wichís y miembros de la ONG local Tepeyac, se trata en realidad lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
El día 19 de septiembre, la intendencia de Morillo y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas que tiran árboles día y noche sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar y por lo tanto la policía no interviene.
Simultáneamente, realizamos la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, pero la actitud de la Secretaría es sistemáticamente ambivalente: el día 18 nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no contaba con permiso, es decir, era ilegal; pero el día 19 se retractó diciendo que el desmonte estaba “autorizado”, aunque al mismo tiempo confesó que la autorización correspondía al año 2007 y que no había sufrido los reajustes necesarios por la sanción posterior de la Ley de Bosques. Mientras que la Secretaría confunde a los afectados con su propia ignorancia, no interviene con ninguna medida cautelar ni envía personal de fiscalización a la zona, paralelamente convocó a Cenci a la ciudad de Salta para que actualice inmediatamente sus permisos de desmonte. Por la noche y hasta entrada la madrugada del día 19 las máquinas siguieron tirando árboles.
Hoy, la presión de la intendencia, de las comunidades, de Tepeyac y nuestra parece haber detenido momentáneamente la topadora. La intendenta de Morillo, Marcela Carabajal, y su equipo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del Municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Desde el punto de vista de la cantidad de superficie que será afectada, el problema del desmonte en La Juanita y La Santafesina es muchísimo más grave que el de la finca de Cenci: cada una de aquellas fincas comprende varias decenas de miles de hectáreas. No obstante, la intendencia no encuentra los recursos concretos ni siquiera para inspeccionar el área (vehículos y combustible), la provincia y la justicia se lavan las manos y los empresarios particulares dividen a las comunidades prometiendo que con sus desmontes traerán trabajo y desarrollo.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (que ni siquiera está aún científicamente bien documentada) y por su potencialidad para el desarrollo sostenible de la región. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad.
En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, materiales de construcción para sus viviendas, entre muchísimos otros recursos.
Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas. El fin del monte es sin duda el último paso de la “Conquista del desierto verde” que comenzó hace más de cien años.
Lic. Rodrigo Montani (Antropólogo, FHyA, Universidad Nacional de Rosario)
Dra. María Eugenia Suárez (Etnobióloga, CONICET – FCEyN, Universidad de Buenos Aires)
Morillo, 20 de septiembre de 2012.
