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La justicia de Deán Funes, provincia de Córdoba, está a punto de dejar prescribir la causa en la que empresarios entrerrianos están imputados por usurpar 23 mil hectáreas en la zona de La Rinconada, Departamento Río Seco. Cientos de pequeños productores poseen esas tierras de generación en generación. El poder detrás de la privatización de los recursos naturales dentro de una Reserva Natural (des)protegida. De cómo se castiga la vida en comunidad.
Fuente: Ecoportal
Más de seis años han pasado del inicio de un conflicto que marca un punto de inflexión en la historia de la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba. El reticente enfrentamiento entre habitantes históricos de nuestro campo profundo y empresarios subidos a la ola de los agronegocios y la explotación de los recursos naturales para beneficio particular, tiene un capítulo destacado en las agrestes y salinas tierras que forman la reserva natural de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce.
Vale recordar que en el año 2005 los empresarios entrerrianos, Nilvert y René Fritzler, padre e hijo, llegaron a la zona de La Rinconada ostentando un falso título inscripto en la provincia de Santiago del Estero para intentar hacerse de 23 mil hectáreas. Con una velocidad inusitada y un amplio despliegue de recursos, poniendo un ejército de alambradores donde los campos se mantenían abiertos para el uso común, ante el desconcierto de las más de cien familias que hacen uso de directo de esas tierras para el pastoreo, que se iban enterando de la situación en la medida que se cortaba el paso a sus campos y el acceso al Río Dulce.
A esto le siguió el relato de fuerzas y contrafuerzas a la usanza de las disputas territoriales de otros tiempos: guardias blancas, resistencias campesinas, alambres que se levantaban y que luego caían por la fuerza de las tijeras, etc. Hasta que la justicia se digno a tomar cartas en el asunto, cayendo en la cuenta que el conflicto corría serios riesgos de desmadrarse. El Fiscal General designó Fiscal Director y algunas cosas se movieron. En ese momento las familias campesinas sintieron que quizá se podía creer en que se hiciera justicia. Se ordenaron medidas innovativas a fin que la policía cortara parte de los cercos que imposibilitaban el paso al río, y se logra la imputación de Fritzler por nueve hechos.
Ya corría el año 2007 y en tribunales parecía encarrilarse la causa. Pero desde ese impulso inicial la situación fue decayendo. De alguna manera el objetivo de juzgar a Fritzler, se fue diluyendo. El reclamo de llegar a un juicio justo se desdibujaba ante avatares políticos y judiciales, en donde los más poderosos se manejan con mayor soltura. De alguna manera, el campo de juego cada vez se les volvió más ameno a los empresarios.
En consonancia con esto, no parece casual el cambio de abogado de los entrerrianos. El mediático y cuestionado Marcelo Touriño, fue reemplazado por el diputado nacional juecista Ernesto Martínez, profesional muy ávido al mundillo de los agronegocios y a manejarse con soltura en las estructuras del poder judicial cordobés.
La realidad es que hoy estamos ante la posibilidad de que la causa prescriba y que Fritzler nunca se siente en el banquillo de los acusados, tendiendo un nuevo manto de sospechas, dudas e impunidad. Es importante destacar que en esta disputa se está poniendo en juego mucho más que la posesión de las tierras y el destino de cientos de familias campesinas. Se está poniendo en juego una manera de vivir y de producir alimentos como en pocos territorios se da ya. La gran cantidad de ganado vacuno que en muchas manos se produce en la zona, es un horizonte que se debería tener en cuenta a la hora de planificar la verdadera sustentabilidad de nuestra provincia. Cientos de familias de pequeños productores ganaderos de la costa del Río Dulce hacen uso del recurso tierra y del recurso agua en armonía, de manera comunitaria, llevando el ganado de un lado a otro en cada época del año, manteniendo dignamente sus familias a pesar de la marginalidad que los mantiene alejados sin la infraestructura básica necesaria para la vida. Campesinos que hacen las veces de guardianes de una Reserva Natural en la que es inexistente la acción protectora del mismo Estado que la creó y la deja desnuda al acoso de los intereses agroempresariales.
Esas tierras y esa agua, si avanza Fritzler y otros que vienen por detrás, pasarán a engrosar el capital concentrado de los barones del agronegocio y dejará en la cornisa a cientos de familias y mandará a los libros una manera de vivir con dignidad.
No es casual que desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) se haya plantado con fuerza la defensa de los campos comunitarios o comuneros, ya que constituyen el reservorio de la vida en comunidad, del cuidado y respeto de los bienes naturales comunes, del principio de solidaridad como valor de vida. Justamente, hoy el poder (judicial, económico y político) avanza sobre ellos como en el conflicto en cuestión y en el campo La Libertad, casos emblemáticos de la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba.
Redundamos al decir que la Justicia de Deán Funes ha sido históricamente funcional a los intereses de los agronegocios. Con una clara visión ideológica explicitada en los cientos de casos que se resuelven a favor de los empresarios del campo, le sigue dando un marco jurídico al desierto que se instala en el norte cordobés cada vez que se expande más la frontera agropecuaria.
Baste la muestra que nos toca; el Juez que entiende en la causa, Juan Abraham Elías, ordenó sistemáticamente instancias de mediación durante un año, desgastando a los demandantes, enfriando el proceso, instando a que Fritzler arreglara con dinero lo que con derecho no tiene.
Hoy, no teniendo mas excusas, son estos mismos tribunales los que no abren la causa a prueba y no permiten que un usurpador de la vida campesina sea debidamente juzgado. Si logra su cometido, Fritzler se quedarían con trece mil hectáreas que no le pertenecen, allí donde están los mejores pastos de la zona y donde 300 familias han desarrollado sus vidas ancestralmente.
Por esto exigimos:
- – La elevación a juicio de la causa contra los usurpadores de la vida campesina. Que Fritzler sea juzgado.
- – El reconocimiento de los campos de uso comunitario por parte del Estado y la implementación de políticas públicas para su preservación.
- – Que los campos de La Rinconada y La Libertad queden en manos campesinas.
La Rinconada, 14 de octubre de 2011
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)
