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Los diputados aprobaron el proyecto presentado por el gobierno provincial y crearon una comisión investigadora sobre el violento desalojo que provocó cuatro muertes. Organizaciones sociales y sindicatos marcharon para exigir “justicia”.
Después del violento desalojo de la semana pasada, los diputados jujeños aprobaron ayer la expropiación de un predio del Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, para buscar soluciones para la crisis habitacional en la región. Además, la Legislatura dispuso crear una comisión investigadora para esclarecer los hechos ocurridos en El Triángulo. Pocas horas más tarde, miembros de organizaciones sociales y sindicatos marcharon para exigir “justicia” por las cuatro personas muertas el jueves pasado. Mientras el número de ocupaciones de tierras y viviendas en construcción aumentó con el correr de las horas por parte de familias que reclaman casas dignas, durante el acto que culminó en la esquina de la Legislatura repudiaron “el uso de la violencia para sofocar problemas sociales” y “a las autoridades del Ingenio Ledesma que instaron a la represión de mujeres y niños, como lo hicieron en 1976”. También rechazaron la ley votada porque “no cubre el déficit habitacional de Libertador, como tampoco sirve la comisión investigadora que armaron, que debe esclarecer el asesinato de los compañeros, pero donde no participa ningún representante de las organizaciones sociales que fueron víctimas”, según dijo a Página/12 Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).
La comisión investigadora que creó la Legislatura estará integrada por 12 miembros, seis del PJ, cuatro radicales y dos del Frente Primero Jujuy, y será presidida por el diputado Alberto Bernis (UCR). Durante la sesión, que comenzó el lunes a la noche y se extendió hasta la madrugada de ayer, el presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, relató la participación que tuvo en las negociaciones con los dirigentes sociales de la Corriente Clasista Combativa (CCC), protagonista de la ocupación del predio de 15 hectáreas conocido como El Triángulo, escenario de la represión. Por su parte, el diputado radical Pablo Baca describió las necesidades de viviendas en toda la provincia y señaló que Libertador General San Martín no es la única ciudad que registra carencias. De hecho, a las ocupaciones que se produjeron allí, en Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo y Los Lapachos, se sumaron nuevas tomas en La Mendieta y Caimancito.
Tras rendir homenaje a las víctimas fallecidas en el predio de Ledesma, los diputados sancionaron la norma que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de 40 hectáreas, propiedad de la empresa Ledesma SAAI. El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo provincial, que había argumentado que “la inexistencia de inmuebles en algunas zonas urbanas de la provincia de propiedad del Estado provincial limita el crecimiento rural de las poblaciones, especialmente en los sectores más carenciados de éstas, que no poseen medios económicos suficientes para la adquisición de terrenos privados”. Las otras dos iniciativas que proponían expropiaciones de tierras en Fraile Pintado y Pampa Blanca no fueron tratadas.
Ayer al mediodía, bajo la mirada de la policía, grupos de jóvenes realizaron pintadas en edificios del centro de San Salvador de Jujuy, entre ellos el de los Tribunales provinciales, con consignas como “justicia” y “cárcel a los asesinos de los chicos de Libertador”. La marcha, que según fuentes locales fue una de las más nutridas de los últimos tiempos en esa capital, fue organizada por la CTA-Jujuy, el Frente de Gremios Estatales, la Multisectorial, organizaciones sociales, aborígenes y de derechos humanos, además de la CCC, agrupación a la que pertenecían los tres muertos civiles de la represión en El Triángulo. Los manifestantes expresaron su “preocupación” por la manera en que el gobierno provincial manejó el conflicto.
El gobernador jujeño, Walter Barrionuevo, aseguró que su gestión tiene el “apoyo del gobierno nacional” y que “se presentará como querellante en la causa” que investiga el brutal desalojo. El funcionario insistió en que en esa ocupación hubo “aprovechadores” que indujeron a los pobladores a tomar terrenos, por lo cual anunció que iniciará un “relevamiento censal para empezar un camino hacia la solución, pero sobre la base de la real necesidad, no de la picardía”.
