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Lo afirma la CTA-Jujuy en un documento sobre el desastre ambiental de Tartagal y la situación en Jujuy, donde no hay ninguna forma real de participación de las comunidades en el tema y no se lo ha difundido, aseguran.
Fuente: Portal El Libertario.com (Jujuy)
El documento de CTA señaló que el 28 de noviembre del 2007, se sancionó la ley 26331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos más conocida como ley Bonasso o ley de bosques y 14 meses después se reglamentó la ley, que no respetó el anteproyecto concensuado con algunas organizaciones ambientalistas.
El artículo 6 de la ley –agrega- determina que debe realizarse un proceso de ordenamiento territorial, abierto y con la participación de los interesados (comunidades, pueblos originarios, pequeños productores, etc.) para decidir que actividades deben realizarse, cómo y los potenciales impactos. Tiene como objetivo asegurar la conservación de los recursos naturales y su uso eficiente, con una mayor equidad en las formas de ocupación, tenencia y utilización del territorio y del ambiente, procurando maximizar el nivel y calidad de vida de la población. Es decir, determinar el uso que se va a dar a los bosques, hecho que tiene directa relación con la propiedad de la tierra.
Además, debe decidir qué actividades deben ser ubicadas y dónde, controlando y analizando los posibles impactos que pudieran surgir.
“Como el ordenamiento implica la conciliación de intereses, es importante realizarlo con el consentimiento y la participación de las comunidades implicadas. Esto no siempre ocurre y si se dan espacios de participación, éstos suelen ser escasos.
Una vez finalizado el trabajo, los técnicos lo presentan a las autoridades de gobierno que lo encargaron y posteriormente, éstas lo presenten mediante una audiencia pública a la sociedad”, indica.
Añade que la deforestación en el país creció entre 2002 y 2006, un 42 por ciento respecto de 1998 a 2002, casi en su totalidad para el cultivo de soja. Se calcula que cada 70.000 hectáreas arrasadas, se expulsan de sus tierras a 400 personas.
En 2006 se desmontaron 300.000 hectáreas en todo el país. En el 2007, mientras se estaba discutiendo la ley de bosques, el gobierno de Salta ya había autorizado caso medio millón de hectáreas para desmontar.
“Los beneficios económicos del monocultivo nunca llega a las poblaciones locales, que ven como su sustento y calidad de vida, se convierte en pobreza y hambre, que llega de la mano de inundaciones y procesos erosivos que generan más pobreza, enfermedades, marginación y migración a la ciudad”, sostiene.
Para la CTA, “no debemos permitir que nos confundan: el debate no es progreso/conservación, como intentan hacerlo ver: el gobierno, las empresas y otros siniestros personajes. El eje de nuestro debate es otro, y está centrado en el uso de los recursos naturales, que incide directamente con discutir acerca del modelo productivo y la distribución de la riqueza que debería existir en nuestro país”.
Las consecuencias del desmonte son el daño en la salud de la población ya que se crean condiciones ambientales que favorecen a la expansión de nuevas enfermedades, también dadas por el incremento en el uso de agroquímicos en los nuevos monocultivos implantados; imposibilidad de revertir las consecuencias del desmonte y procesos de despoblamiento y desplazamiento forzoso de poblaciones rurales.
Según la organización, otra de las consecuencias es la violación de un “nuevo” derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
También –subraya- se genera más pobreza, “a pesar de que intentan hacernos creer que posibilita más fuentes de trabajo. Los procesos para el desmonte son mecanizados y se emplean precariamente a trabajadores, que ya se encuentran en condiciones de exclusión”.
Más adelante sostiene que el proceso en Salta, fue realizado por un equipo técnico multidisciplinario, que presentó un documento final con mapa, herramienta fundamental para determinar las zonificaciones y una superficie de desmonte hasta 1.300.000 ha.
“Este documento fue absolutamente desestimado, suponemos que en virtud de los intereses del senador sojero Alfredo Olmedo y la sociedad de los hermanos del gobernador Urtubey (entre tantos otros), que consideraron que debía aprobarse otra ley (no la del equipo técnico) y elevarse la tasa de desmonte a 4.000.000 de hectáreas”, destaca CTA.
“El gobernador, siguiendo la modalidad de su antecesor Romero, ignoró los pedidos de veto presentados por la Universidad Nacional de Salta, INTA y la Administración de Parques Nacionales; convirtiéndose en el nuevo “ecocida” salteño”, revela CTA.
Respecto a la situación en Jujuy, el documento describe que “aquí no hubo equipo multidisciplinario, ni talleres o cualquier forma de real participación, a pesar de que el gobierno provincial nos quiso hacer creer que el Consejo Provincial de Medio Ambiente, constituía esa instancia de participación. No está de más recordar, que el mencionado Consejo está integrado por un Comité interministerial (?), Universidad Nacional de Jujuy, Unión de Empresarios, Unión Industrial, ONGs (la única que participa está compuesta por funcionarios del gobierno provincial), Centros Vecinales (algunos), Municipios, Legislatura y Colegio de Ingenieros”.
Además denuncia que es “llamativo y preocupante, que ninguno de los participantes, recuerde que el territorio sobre el que deciden no es un desierto y en él existen personas viviendo, como pequeños productores o integrantes de pueblos originarios. Esta situación, podría entonces, hacer suponer a algún mal pensado, que el Consejo sólo existe para aparentar una seudo participación. Por lo que sabemos, el plan de ordenamiento territorial, ya ha sido aprobado por medio de un decreto (91/09) que no ha sido difundido y del cual ya nos ocuparemos. Nuevamente el silencio nos hace sospechar sobre la claridad del proceso”.
Según CTA, diez comunidades wichis, guaraní y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño representados por los letrados Alicia Olivera y Gustavo Ferreira presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación , contra la provincia de Salta y el Estado Nacional, por los desmontes en los Departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Tras afirmar que en la mayoría de los casos son las comunidades las que protegen los bosques, en general luchando contra decisiones gubernamentales que abren los bosques a la explotación no sustentable, la organización exigió que se cumpla la moratoria a los desmontes en la provincia, aunque las solicitudes sean anteriores a la ley.
También solicitó al gobierno provincial apertura a la comunidad en general sobre un plan de ordenamiento territorial de la provincia; instancias de debate y participación; divulgación de los pedidos existentes de desmonte, donde consten: datos del solicitante, superficie solicitada y datos de los responsables de confeccionar y aprobar los estudios de impacto ambiental correspondientes.
“El gran desafío, es gestar un nuevo modelo de política ambiental que produzca como consecuencia, un modelo social abarcativo para todo el país”, concluye.
