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El complejo hidroeléctrico Yacyretá, compartido por Argentina y Paraguay, opera ya en plenitud, brindando la energía prevista cuando se diseñó hace 40 años. Sin embargo su impacto socio-ambiental sigue dando que hablar, con denuncias de severos daños.
La gigantesca represa situada en el río Paraná, que separa a ambos países, dejó bajo las aguas zonas de humedales ricos en biodiversidad, afectó la riqueza ictiocola y empujó de sus hogares a unas 100.000 personas en ambos países.
Si bien la idea original era aportar energía a ambos países, el principal beneficiario de los 3.000 megavatios de potencia instalada es Argentina. Para eso se desembolsaron 15.000 millones de dólares, 10 veces más de lo estipulado inicialmente.
La provisión de Yacyretá a Argentina, que retiene alrededor de 90 por ciento de la energía generada por el complejo, representa aproximadamente 20 por ciento de su consumo energético total, según el Ministerio de Planificación Federal.
Sólo para su construcción debieron ser fueron reubicadas 15.000 familias en viviendas levantadas en las afueras de la sudoriental ciudad paraguaya de Encarnación y en la cercana Posadas, en Argentina, las dos urbes más afectadas. La mayoría de esas personas perdieron sus empleos.
Unas 160.000 hectáreas fueron inundadas para formar la represa y los pobladores del lugar debieron elegir entre recibir una compensación monetaria por abandonar los sitios donde vivían y trabajaban o aceptar ser llevadas a nuevos asentamientos.
Ahora, muchos de los relocalizados no encuentran cómo ganarse la vida. “Yacyretá es la represa del mundo occidental que más personas desplazó, muchas de las cuales vivían de actividades vinculadas al río y fueron quienes no recuperaron sus trabajos”, aseguró a IPS Jorge Urusoff, vecino de la zona y líder de la Asociación Ambientalista Tajy, de Encarnación.
“No se creó ni una sola empresa para dar trabajo genuino a la gente, ni del lado argentino ni del nuestro (paraguayo)”, declaró.
Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra el plan de obras y el complejo hidroeléctrico, no respondió a los reiterados pedidos de entrevista de IPS, pero informa en su sitio de Internet que los desplazados “eran, en general, ocupantes precarios, y ahora tienen una vivienda en propiedad”, con todos los servicios sanitarios.
Jorge Cappato, de la argentina Fundación Proteger, hizo hincapié en el enorme impacto social y ambiental de Yacyretá, junto con la otra gran hidroeléctrica en el mismo río, la brasileño-paraguaya de Itaipú.
“La idea del desarrollo está tan tergiversada que se piensa que sólo se puede lograr con las grandes obras, cuando en realidad lo que traen son ganancias para la gran industria y para los políticos a los que le resulta un buen negocio mostrarlas”, señaló a IPS el dirigente de esta fundación que trabaja en temas de pesca en el Paraná.
“Hay una ecuación perversa que sostiene que más energía trae más desarrollo y más bienestar y, sin embargo, hace tiempo que vemos crecer la producción y la oferta de energía y nos seguimos preguntando ¿dónde está el bienestar?”, remarcó.
Para Cappato, la represa Yacyretá “es un monumento a uno de los grandes mitos del desarrollo” y los barrios creados en consecuencia “son nuevos, pero no aseguran opciones de trabajo y calidad de vida”.
Tanto Urusoff como Cappato recordaron que los desplazados vivían de la pesca, la cerámica, la fabricación de ladrillos o la producción de arroz, todas actividades que requieren del humedal y no pueden desarrollarse en zonas urbanas.
La decisión de construir la represa fue suscripta por los gobiernos de ambos países en 1973 mediante un tratado binacional. La obra, monumental, tenía en su diseño un costo de 1.700 millones de dólares y dotaría de electricidad a seis millones de hogares.
Sin embargo, la historia del proyecto estuvo plagada de denuncias de corrupción, fracasos e incumplimiento de promesas. En 1998, el gobierno de entonces de Carlos Menem (1989-1999) intentó infructuosamente privatizarla con el argumento que era “un monumento a la corrupción”.
Desde la firma del tratado pasaron 20 años hasta que se habilitó la primera turbina con una altura provisoria en el embalse de 76 metros sobre el nivel del mar. Pero la cota de diseño era de 83 metros, por lo tanto la central no funcionaba con toda su capacidad.
En 2003, los gobiernos de entonces de Argentina y Paraguay acordaron un Plan de Terminación de Yacyretá, que se comprometió a acelerar las obras de relocalización de hogares y mitigación de daños, y en febrero de este año se llegó al nivel previsto originalmente.
En el acto de inauguración, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, admitió que “el progreso trae problemas” y que los afectados deben ser debidamente reparados. Pero remarcó también que “sin energía no vamos a poder seguir creciendo”.
En cambio, en las áreas afectadas la visión es otra. “Este proyecto siempre fue autista, totalmente insustentable, y lo sigue siendo. Se realizó en zona de llanura que no es lo más adecuado para una represa”, opinó Urusoff.
Paraguay, que cede a Argentina la energía que no consume, recibe un precio inferior al costo, afirmó el activista. Algo similar ocurre con Brasil, que no le paga a Asunción la tarifa correspondiente por el uso de la energía que genera Itaipú, recordó.
“El discurso es siempre el mismo: las grandes represas traen desarrollo y modernización, pero ninguna da los resultados que promete. Los niños desplazados tenían una única fuente proteínica que era el pescado y ahora no lo tienen”, indicó.
Agregó que la energía producida por estas represas alimenta una sociedad de alto consumo y no sirve al desarrollo de las comunidades. Los vecinos “son convidados de piedra y nunca son consultados ni informados”, remarcó.
En cuanto al impacto ambiental, Cappato explicó que Itaipú y Yacyretá son “como pinzas que se colocan en una arteria”. “La alteración de los pulsos hídricos, que son la base de la riqueza biológica del río Paraná, fue enorme”, apuntó.
En épocas de bajante natural del río, las represas acumulan agua y el caudal se reduce con fuerte impacto en las migraciones de peces entre el brazo principal y los secundarios y también en las migraciones longitudinales.
Especies importantes desde el punto de vista comercial, turístico y deportivo, como el surubí o el dorado, encuentran una pared infranqueable en la presa y apenas dos por ciento logra pasarla y, de cualquier modo, allí tampoco encuentra las condiciones de alimentación que requerirían, dijo.
Cappato también advirtió que los humedales inundados se pudren y emiten metano, que es un gas de efecto invernadero que contribuye al recalentamiento planetario. “Pero sólo se escuchan los cantos de sirena de los promotores del desarrollo”, lamentó.
Los puertos comerciales también sufren las bajantes del río. Los barcos no pueden atracar, un hecho que tiene una repercusión muy negativa sobre todo en Paraguay, un país mediterráneo muy dependiente de la navegabilidad de sus ríos.
No obstante, la EBY avanza con la ampliación de Yacyretá, con obras en el brazo Aña Cuá que aumentarán la capacidad de la central. Además, se proyecta retomar el proyecto de construcción de la represa argentino-paraguaya de Corpus sobre el mismo río limítrofe.
