Corrientes y Chaco son dos provincias vecinas unidas por un factor común: el avance de plantaciones de arroz transgénico, que utiliza grandes cantidades de agua y la contamina con agroquímicos. También, la complicidad del poder político: los dos gobernadores involucrados y un intendente que puede ir preso. En contraposición, el Poder Judicial actúa, esta semana la ONU prohibiría el endosulfan, estudia incorporar el glifosato y los médicos se reúnen en Argentina para cuidar la salud ambiental.
Fuente: Comunicación Ambiental
El año pasado, tomó gran notoriedad pública el caso del Ayuí, en Corrientes, debido sobre todo a la vinculación en la empresa del lugar con el vicepresidente del grupo Clarín. El Estado Nacional, incluso, tomó cartas en el asunto e inició una demanda judicial. Sin embargo, en Chaco, el gobernador kirchnerista, Jorge Capitanich, se niega a tomar medidas acordes a los resultados de un estudio que él mismo ordenó e incluye graves daños a la salud causados por la misma combinación de plantaciones de arroz y contaminación del agua en un humedal protegido. La Justicia, por su parte, limitó la fumigación en la localidad afectada.
También hace unos días, fue noticia la detención de 14 ambientalistas, cuando protestaban en un campamento a la vera del camino de una arrocera, de la que el propio gobierno de Corrientes reconoció su ilegalidad por operar dentro de la reserva. El coordinador de la agrupación “Salvemos el Iberá”, Emilio Spataro, estuvo preso por 3 días, y participó de una conferencia este lunes en el Congreso de la Nación (ver SubNota). Allí habló de la cuestión de fondo y un círculo que se cierra: él también estuvo presente en La Leonesa, Chaco, cuando se intentó realizar una charla sobre los efectos de los agroquímicos.
El Chaco. En aquella oportunidad, el 7 de agosto del año pasado, la noticia llegó a la categoría de escándalo, cuando el intendente de La Leonesa, José Carabal, y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde, impidieron la presentación de los científicos Andrés Carrasco, investigador de la UBA y el CONICET, y Hugo Lucero, Jefe del Área de Bioquímica Molecular de la Universidad Nacional del Noreste. Ellos fueron los protagonistas de un importante programa de Científicos Industria Argentina, en la televisión pública, donde el conductor Adrián Paenza se sumó al pedido para que las autoridades intervengan.
“Lo que pudimos documentar es la relación entre los chicos con malformaciones congénitas y la exposición que habían tenido en útero a algunos pesticidas”, expresó Lucero en ese programa. Él es una pieza clave, ya que fue quien se atrevió a documentar el grave aumento de casos de cáncer, malformaciones y abortos en la localidad de La Leonesa. Todo indica que los mismos se produjeron en los últimos diez años luego de la introducción del cultivo de arroz transgénico con agroquímicos, a metros de la población de 10 mil habitantes, como bien fue expuesto por el diario Tiempo Argentino. Por dar un ejemplo contundente, las apariciones de malformaciones en niños recién nacidos se multiplicaron en un 400 por ciento.
Una de las grandes paradojas es que fue el propio gobernador, imitando una iniciativa a nivel nacional, quien impulsó un estudio a la Comisión de Investigaciones de Contaminación del Agua. Lo grave del asunto, es que ahora Capitanich se niega a acatar los resultados, como hacer un estudio de salud periódico a los afectados. Tal vez sea, como también se señala en el diario citado, porque sus hermanos continúan con una empresa de la que él fue dueño, y que se dedica a la producción agropecuaria. También, los cables de wikileaks revelaron su fuerte vínculo con la empresa Monsanto, creadora del paquete tecnológico del glifosato.
De todos modos, la Justicia de Chaco actuó frente al pedido de amparo que los vecinos presentaron en enero del 2010 frente a los Municipios de La Leonesa y Las Palmas, así como los gobiernos provincial y nacional. El primer fallo, del 29 de abril del año pasado, dio lugar al pedido, luego hubo una apelación de las arroceras , pero finalmente un fallo de segunda instancia confirmó la medida original hace un mes, según informó Página/12. Es decir, que está prohibido fumigar a mil metros de las casas por vía terrestre, a 2 mil metros por vía área y no se puede aplicar el producto en el agua, como es común en los arrozales.
Los diputados provinciales Carlos Martínez, (Movimiento Proyecto Sur), y Fabricio Bolatti (Frente Grande), acompañaban a Carrasco y Lucero en el intento de charla. Fueron ellos quienes presentaron acciones contra los dos responsables de la agresión. En el caso de la diputada Insaurralde, fue defendida por sus compañeros justicialistas de un pedido de exclusión de la Cámara. Para el intendente Carbajal, empero, no hubo tanta suerte, y los legisladores le impusieron siete días de arresto, aunque la sentencia quedará en suspenso hasta que el caso judicial esté firme o concluya el mandato político.
Salud Ambiental. El endosulfan es un agroquímico muy utilizado en las plantaciones de arroz. La Convención de Estocolmo de la ONU se prepara en estos días, según puede adelantarse periodísticamente, para incorporarlo dentro de la lista de los productos que deben prohibirse a nivel mundial, porque está comprobado que son COPs: contaminantes orgánicos persistentes. En Argentina, parte de los estudios en la Leonesa indican casos de contaminación, como fueron expuestos en una audiencia pública convocada por la diputada nacional de Proyecto Sur, Cecilia Merchán.
En paralelo, mañana (28 de abril) comenzará en la Universidad Nacional de Rosario el 2° Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, junto con el 1° Congreso Latinoamericano de Salud Ambiental. En la misma, “se harán públicos nuevos datos que reflejan la magnitud del impacto de las fumigaciones en la salud humana”. Entre las charlas, el neonatólogo Medardo Avila Vazquez, coordinador de la Red de médicos de pueblos fumigados expondrá sobre el irracional uso de genes de resistencia a antibióticos, que está prohibido por la Union Europea desde 2004 porque puede inutilizar el efecto de esta substancia en los tratamientos médicos.
El modelo. En el país está reconocido como un grave problema socioambiental la sojización del país. Pues bien, tal vez sea hora de denominarlo de un modo más amplio, como se propone desde la crítica al modelo de los agronegocios. Las plantaciones de arroz comparten dos características fundamentales: utilizan el paquete tecnológico del transgénico con uso de agroquímico, como el glifosato, y la producción se destina en gran parte a la exportación. Un modelo económico que a lo largo del país cuanta con la connivencia de las autoridades políticas.
Carrasco expresó en “Científicos Industria Argentina” que “el gobierno hasta ahora no ha reaccionado; es más, ha habido algunas voces descalificando este relato”. “El año pasado [fue en 2009] se creó una Comisión Nacional por decreto de la Presidenta para la investigación de los efectos de los agroquímicos en la salud humana”, contó Lucero. Y concluyó: “Ellos dicen que hay un problema real, que no se puede desestimar las alertas, y que hay que hacer un estudio epidemiológico habida cuenta la contaminación del agua. Sin embargo, ese informe volvió a capital y nunca se ha tomado ninguna acción al respecto”.
Ver también:
ComAmbiental: “Investigación tema glifosato, o la ciencia contra la ciencia” (26/5/2009).
ComAmbiental: ¿El Endosulfán a Estocolmo?: el debate sobre agroquímicos en Argentina. (3/4/2011).
Tiempo Argentino: “El drama de La Leonesa: violencia y complicidades en torno al glifosato” (20/3/2011).
Página/12: “Primero la salud, después los negocios” (18/3/2011).
La gran Prensa y los Chivos de la industria transgénica en perjuicio de la Ciencia
El día de hoy, viernes 4 de diciembre, la legisladora y defensora de los Derechos Humanos Norma Morandini publicó en el matutino La Nación una extraordinaria nota titulada “Una conciencia sin cláusulas”, donde puso de relieve el derecho de toda sociedad a estar convenientemente informada.
En ese sentido, la comunidad científica a través de sus miembros, tiene también el derecho de traer a colación el caso que se denunció administrativa y penalmente hace la friolera de una década (2005-2010), y que ningún órgano de la gran prensa quiso oportunamente publicar, pese a que desde entonces estuvo en las redes, y contaba con la verosimilitud de los testimonios aportados en el expediente abierto previamente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
En efecto, la denuncia penal de 2010, contra las autoridades de la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT), por el reparto de 1240 millones de dólares otorgados en calidad de préstamo (entre los años 2003 y 2010), por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que benefició a funcionarios del mismo organismo y a asiduos y notorios colaboradores de importantes medios de prensa, y que fue archivada por el Juez Federal Penal Marcelo Martínez de Giorgi.
Como resultado de ese engranaje de incentivos y ninguneos, la gran prensa consiguió a lo largo de diez años censurar la denuncia y a su denunciante, ocultar el pasado del Ministro incurriendo en encubrimiento del delito (cuyos detalles e intersticios están desde hace tiempo en internet y son muy fáciles de googlear), y han logrado mediante la pauta publicitaria de la industria transgénica y oleaginosa, que este Ministro gozara de muy buena prensa, al extremo de ser últimamente confirmado en sus funciones ministeriales aprovechando la presunta ingenuidad del nuevo gobierno de CAMBIEMOS. Con estos mecanismos, conocidos en las ciencias de la comunicación como “operaciones de prensa” y en el argot periodístico como chivos, la gran prensa habría estado incursa en delitos de acción pública que los fiscales deberían ahora denunciar de oficio (soborno, cohecho).
Como lo asevera Morandini en su apreciada nota, la información de orden público no es patrimonio exclusivo de los editores de la gran prensa, sino que debe extenderse a todos, incluidos los lectores y espectadores, quienes deben estar convenientemente informados y protegidos contra toda discriminación y deben contar con el consabido derecho a réplica.
En nuestro caso, la comunidad científica ha visto –entre perpleja y absorta– como un pequeño círculo de periodistas, vitaliciamente encaramados en los grandes medios de prensa, han elogiado hasta el hartazgo a un Ministro Kirchnerista perteneciente al ramo científico, alegando falsamente representar a la comunidad científica, sin que esta última haya sido jamás consultada al respecto.
Como el Ministro penalmente acusado es propietario de un conocido laboratorio, la comunidad científica tiene derecho a sospechar que tal Ministro es además vocero de los otros laboratorios que integran la industria transgénica y oleaginosa. Le cabe también a la comunidad científica sospechar que la pauta publicitaria de la industria transgénica está íntimamente vinculada con el apostolado apologético en beneficio del Ministro mencionado, y con la consiguiente confirmación del mismo en el nuevo gabinete nacional.
Sin lugar a dudas, por la gravedad del caso, estimo que esta causa amerita que los fiscales del estado tomen esta denuncia de oficio y procedan en consonancia, recabando el desarchivo de la denuncia, en razón de tratarse de un caso de cosa juzgada írrita.
Cordialmente,
Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Museo Roca-CONICET
http://www.er-saguier.org