Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Un 6 de diciembre de 1995, el joven campesino Juan Sendra, integrante de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH) de la zona de Napenay, caía muerto bajo las balas de una comisión policial que allanó su domicilio, por un orden equivocada del entonces Juez de Saenz Peña Oscar Sudría. Al frente de la comisión estaba el oficial Hugo Lisboa, hoy Jefe de policia del Chaco.
UNPEPROCH
Si bien el Juez Sudría fue sometido a juicio político y algunos policías encarcelados por un corto tiempo, el hecho nunca quedó esclarecido, y la muerte de Juan Sendra, sigue sin justicia.
Hoy, estos hechos de violencia contra familias campesinas se repiten cada vez con más frecuencia en nuestra región. Ocurrió en la comunidad de “La Primavera”, en Formosa, donde dos hermanos aborígenes fallecieron en un enfrentamiento con la policía; en Pozo del Castaño, Santiago del Estero, con ocho campesinos heridos con armas de bala por parte de bandas armadas; en nuestra provincia con los intentos de desalojo de la familia Berdún, de la comunidad Qom de Pampa del Indio.
Frente a tantos atropellos la UNPEPROCH, sigue reclamando justicia y suma su adhesión al documento elaborado recientemente por la ACINA, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, que expresa:
“En el norte argentino hay más de 8 millones de hectáreas afectadas por conflictos por la tenencia de la tierra, por el desmonte, por obras públicas diseñadas sin consulta, por la fumigación con agrotóxicos. Somos más de un millón de personas afectadas por estos conflictos y que vamos a seguir peleando para que se entienda que cuando nosotros exigimos que se frene este modelo es porque tiene como base la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la expulsión de las poblaciones rurales de los territorios.
Ante este escenario, las organizaciones campesinas e indígenas de todas las provincias se han puesto de pie y se han movilizado, haciendo visible la gravedad de la problemática de la tierra.
Es imprescindible y urgente que se tomen medidas efectivas que frenen de una vez por todas el desalojo de las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios garantizando, en todas las provincias, nuestro legítimo Derecho a la Tierra. Para volver a tener la libertad de vivir con nuestra cultura, con nuestra identidad, en nuestro territorio.
Hace años que venimos denunciando los atropellos que sufrimos e intentando abrir puertas al dialogo, pero todavía los responsables políticos parecen no quieren escuchar, ni ver, ni sentir, ni hacer ni darse cuenta. Nuestro grito de justicia permanecerá porque el silencio de nuestros gobernantes no será jamás nuestro silencio.”
