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El oficialismo trabaja en una nueva Ley de Arrendamiento, que haría eje sobre la diversificación productiva y la consolidación de los pequeños y medianos productores. Desde la Federación Agraria reconocen que este tema les marcará distancia con La Rural y CRA.
Por Alejandro Giuffrida Fuente: Buenos Aires Económico
La cautela prima entre los funcionarios del Ministerio de Agricultura y los legisladores que integran las comisiones donde se debaten problemáticas rurales. La jugada política no es menor: el oficialismo está a punto de recoger como propias dos de las banderas más legítimas de los pequeños y medianos productores como lo son la regulación de la actividad arrendataria y la limitación de ventas de terrenos a extranjeros.
Fuera del micrófono, tanto legisladores del kirchnerismo como voceros de Agricultura reconocen que hay una comisión destinada a trabajar sobre estos dos aspectos, pero son pocas las palabras que se les escapan: “Ambos temas se están contemplando en conjunto, porque si limitamos la extranjerización de territorios tampoco queremos que caigan en manos de los grandes pooles y arrendadores rurales”.
La modificación a la Ley de Arrendamiento es un reclamo que lleva décadas y, al igual que las leyes de Medios Audiovisuales y de Entidades Financieras, son parte de la herencia que dejó en el país la última dictadura militar.
Desde Federación Agraria Argentina (FAA) señalaron a Buenos Aires Económico que acompañarán un eventual proyecto del Gobierno en caso de que coincida con sus reclamos, y señalaron que no tienen “inconvenientes en acordar” aquellos puntos que juzguen favorables.
La nueva postura de la entidad que conduce Eduardo Buzzi representa un quiebre con la posición política que mostró en los últimos dos años y, de hecho, ahora analiza acompañar una reforma a la Ley de Arrendamiento cuando a comienzo de 2008, tras la disputa por las retenciones, prefirió privilegiar la relación con la Mesa de Enlace y descartar el histórico reclamo que bajaba de los pequeños y medianos productores.
Todavía se desconoce cuándo podrían ver la luz estos dos proyectos, pero en los últimos días el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya dio algunas definiciones políticas al respecto.
“Tenemos que definir cuál es el sujeto agrario que queremos proteger desde el Estado, y seguiremos promoviendo el debate y la discusión. Compartimos que tiene que haber un crecimiento de la agricultura con más agricultores. Han ingresado más actores que han cambiado la matriz del negocio”, señaló Domínguez a mediados de agosto durante una jornada de “Biotecnología Agraria y Desarrollo Nacional”. Además, en aquel encuentro también precisó que “tiene que haber una ley que defienda el derecho de que la tierra argentina quede en manos de los argentinos” y agregó que se debe “contar con un marco normativo que proteja la titularidad de nuestras tierras”.
Respecto de este último punto, aunque el Gobierno no difundió aún datos nacionales, según los números que manejan las entidades agropecuarias hay entre 22 y 25 millones de hectáreas en manos de extranjeros.
Desempolvando viejas banderas. La política y las necesidades regulan los motores a tiempos diferentes. La Ley de Arrendamiento que hoy rige en la Argentina, delineada en gran parte por la dictadura que cosechó buenos tratos con la Sociedad Rural y los grandes señores del campo, es una de las deudas pendientes que los más pequeños productores cargan consigo desde hace décadas. Por eso, antes de que la Federación Agraria debiera conservar la estabilidad de la fotografía política, fue una legítima bandera de lucha que en muchos casos estuvo muy cerca de lograrse.
El más cercano en el tiempo -es decir, la última vez que el Parlamento se disponía a discutir una renovación de este marco regulatorio- fue a comienzos de 2008. El diputado Eduardo Macaluse había alcanzo a presentar el año anterior un proyecto que tenía el visto bueno de Federación Agraria y de muchos bloques políticos, entre ellos el oficialismo, con mayoría por aquellos tiempos.
Sucedió que las retenciones finalmente no se hicieron móviles, y que la resolución 125 hizo estallar la ira de los ruralistas, que ahora juntos parecían ir por todo. “Eduardo Buzzi privilegió la Mesa de Enlace antes que la Ley de Arrendamiento”, explicó a Buenos Aires Económico una fuente parlamentaria que recuerda haber discutido en persona este asunto con el presidente de Federación Agraria. “Avanzar con la Ley de Arrendamiento iba a romper la relación con la Rural y con Confederaciones Rurales”, remató.
El proyecto no volvió a tratarse, ni siquiera en comisiones, y finalmente terminó perdiendo estado parlamentario. La tensa relación con el Gobierno y la epifanía temporal con las otras entidades patronales ayudaron para que el asunto quedara en el olvido.
Sin embargo, el panorama político ya es definitivamente otro y, ahora, la Federación Agraria con sus propios representantes levantando la mano al momento del voto parlamentario, está dispuesta a adelantarse con esas temáticas que eran innombrables en la Mesa patronal: la regulación a favor del arrendado es una de ellas.
La confesión definitiva de las partes se concretó en marzo de 2010, cuando los legisladores Ulises Forte y Pablo Orsolini (que provienen del riñón de FAA) presentaron su propio proyecto de ley y se largaron a la búsqueda de los apoyos políticos que, como es sabido, no encontrarán en las entidades rurales que nuclean a los grandes productores y arrendatarios del país.
El pesado pasado de la dictadura. La actual Ley de Arrendamiento, que se había sancionado durante el primer peronismo, es un texto que recibió modificaciones neurálgicas en 1980. El gobierno de facto, apañado por la Sociedad Rural, derogó gran parte de los artículos de la ley original y constituyó una legislación mucho más permisiva, abriendo el ingreso de inversores financieros y acotando los plazos de arrendamiento a tres años, cuando el consenso general sitúa un piso de cinco años.
En la Argentina, en el promedio nacional, el 70% de las tierras trabajadas son arrendadas, mientras que la media internacional se ubica en el 30. Un marco regulatorio más preciso lograría incrementar la rentabilidad de los pequeños productores y darles más seguridad frente a factores climáticos o inconmensurables.
En el Congreso nacional hay, actualmente, un proyecto de ley de arrendamiento con estado parlamentario que presentaron legisladores de FAA y otros tres proyectos de límite a la extranjerización que también están con posibilidad de ser votados.
Por lo pronto, más allá del oficialismo, tanto la Unión Cívica Radical, como el Partido Socialista, el bloque de Encuentro y el GEN de Margarita Stolbizer ya adelantaron que votarían a favor de un nuevo marco regulatorio para el sector.
Los acuerdos más generalizados apuntan a lograr una mejor distribución de la tenencia de la tierra por contrato, aumentar la participación de la agricultura familiar, prohibir el sub-arrendamiento y establecer una remisión proporcional del precio del arrendamiento en caso de una pérdida de la cosecha.
Provincias y productores coinciden en la modificación. Hace dos semanas se realizó en La Pampa el último encuentro del Consejo Federal Agropecuario, que es un plenario que reúne a todos los ministros provinciales del área y, naturalmente, también al titular de la cartera nacional, Julián Domínguez. Allí, uno de los puntos que más rápido alcanzó consenso fue la necesidad de “aumentar la producción con más productores”.
En el documento final, los funcionarios resolvieron “apoyar la necesidad a la ley de arrendamiento”. Según ellos, debe tratarse de “un nuevo proyecto de ley como instrumento ordenador de la política agraria que contemple el nuevo sujeto agrario y genere previsibilidad en las inversiones y en las mejores condiciones del uso y cuidado del suelo”.
El mismo día que el encuentro del Consejo se realizaba, a las pocas horas de dar a conocer la resolución conjunta, tanto las gobernaciones de Entre Ríos como de La Pampa salieron a defender ante la prensa un posible marco legal regulatorio.
“Necesitamos una ley de arrendamiento que cuide al suelo argentino, con la creación de un registro único de pequeños y medianos productores y participación del Estado con devolución por las retenciones”, explicaba Roberto Schunck, el ministro de Producción de Entre Ríos.
A mediados de año, la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia de la Nación había conformado un encuentro que terminó nucleando a más de 300 productores del noroeste del país y que fue reconocido luego como “de gran representación sectorial”.
En las planillas de inscripción se encontraron con que habían asistido cosechadores de papa, tomates, morrones, chauchas, naranjas, mandarinas, cebollas, productores de de carne vacuna, caprina y de cerdos y del rubro tabacalero.
Allí, todos estos “representantes” de Salta, Tucumán, Chaco y Jujuy ya habían reclamado al Gobierno que sancione una nueva Ley de Arrendamiento, “por la regularización de la tenencia y propiedad de la tierra”.
El pedido de los productores viene de antaño y recién ahora vuelve a encauzarse políticamente.
El Plan Estratégico Agropecuario, que trabaja el ministerio que conduce Domínguez, logró retomar discusiones que se habían congelado, como la de estas dos leyes, pero también el debate por una nueva Ley de Semillas y consensos sobre la diversificación de la producción agropecuaria para evitar la concentración sojera.
