Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Una comisión del Congreso brasileño aprobó una reforma del Código Forestal que facilita la deforestación, regulariza la ocupación ilegal de tierras y disminuye las áreas de protección de ríos y manantiales. La enmienda, además, revisa la administración de los permisos y controles ambientales para Gobiernos provinciales que están más sujetos a presiones de los grandes hacendados. En los niveles de administración inferiores, la corrupción es mucho mayor.
La propuesta recién aprobada, presentada por el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil, cuenta con amplio apoyo de parlamentarios del sector agrario que dominan grande parte del Congreso brasileño. Estos legisladores se eligen gracias al apoyo de empresarios agropecuarios y terratenientes. En general, ellos o sus familias también son grandes terratenientes y hacendados, pertenecen a diferentes partidos políticos y actúan en conjunto, razón por la cual se les conoce como parte de la llamada ‘bancada ruralista’.
Rebelo argumenta que es necesario reformar el Código Forestal porque éste perjudica la agricultura y con ello la provisión de alimentos para los más necesitados. Los comunistas hacen parte de la coalición gubernamental encabezada por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Ésta es una de las pocas veces que izquierda y derecha se ponen de acuerdo, y que el Gobierno cuenta con apoyo pleno de la oposición.
Reforma predatoria
El proyecto de reforma propone que cada Estado de Brasil pueda, a su criterio, reducir hasta en 50 por ciento los límites definidos por la legislación federal en las áreas de preservación permanente (APP) que corresponden a los bosques protectores de cursos de agua en márgenes de ríos, lagos y manantiales. Hoy día, un río de hasta cinco metros de ancho disfruta de 30 metros de protección vegetal, mas con la nueva ley, la protección sería para 7,5 ó 15,5 metros en cada orilla.
Otra modificación atañe a la exigencia de reserva legal para inmuebles con hasta 150 hectáreas, según la región del país. El proyecto de ley tiene prevista una amnistía para todos los delitos ecológicos ocurridos hasta julio de 2008, lo que estimula nuevos crímenes ambientales.
Activistas ecológicos temen que, solamente en la floresta amazónica, la iniciativa puede significar la eliminación de la reserva legal de hasta unos 70 millones de hectáreas. Según el propio gobierno brasileño, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente, se dejaran de recaudar más de 4.400 millones de euros en multas y otras deudas ya aplicadas a los grandes propietarios que ha cometidos crímenes medio ambientales.
Elecciones presionan
Las propuestas aprobadas por la Comisión aún deberán ser analizadas en sesión plenaria y pasar por el Ejecutivo, pero la presión es enorme para que se apruebe en definitivo antes del 3 de octubre, fecha en la que más de cien millones de brasileños deberán elegir nuevo Presidente, 27 gobernadores y parte del Senado.
Ante esta ofensiva, 13 organizaciones ambientales han hecho un llamado a los candidatos a la Presidencia para que tomen posición en defensa del medio ambiente. A su juicio, más de 40 millones de hectáreas de bosques y sabanas en la Amazonía quedarán franqueadas para la tala ilegal de madera.
Durante la Reunión Anual de la Sociedad Brasilera para o Progreso de la Ciencia, el ambientalista y geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber afirmó que el Código forestal propuesto por el diputado Rebelo y aprobado por la comisión especial de la Cámara de Diputados federales “hace caso omiso de la ciencia, valoriza intereses de latifundistas y parece escrito por quien no conoce la Amazonía”.
