Santa Fe: Media sanción para modificaciones a la ley de agroquímicos

Se estableció un área para fumigar a distancia de las zonas urbanas de 500 metros libres de todo tipo de agrotóxicos y 1000 para el sistema por aspersión. “No es lo mejor, pero es lo posible y constituye un avance muy importante”, coincidió el oficialismo. La oposición se inclinaba por la extensión del fallo del expediente de San Jorge. Lamberto los acusó de querer “corrernos por izquierda”.

Por Romina Mansilla para ECW

Con el voto del oficialismo, este jueves obtuvo media sanción un proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley Nº 11.273, de Productos Fitosanitarios o agroquímicos o agrotóxicos.

Para fundamentar el voto afirmativo hacia la iniciativa, el diputado de PARES, Antonio Riestra, valoró que “después de muchos años y dos legislaturas pareciera que al menos existe la posibilidad de tratar un tema que de por sí es conflictivo” y también la incorporación al debate “de al menos 4 ministerios, como el de Producción, Aguas y Medio Ambiente, de Salud y el de Trabajo. Esto posibilitó una mirada más integral a un problema complejo, que excede las competencias provinciales. No obstante, dentro de éstas, como facultades no delegadas está el tema de la salud, que nos hace responsables del tratamiento que se le dé a estos agentes mal denominados fitosanitarios, ya que tendríamos que hablar de agroquímicos”.

En ese marco, Riestra expresó que “cuando se planteó esta ley hace algo menos de 10 años, lejos estábamos de pensar que llegaríamos a este punto, porque las condiciones de modelo productivo y sus características han variado enormemente o no existen más. El tipo de producción y las exigencias tecnológicas han hecho que estemos en esta encrucijada, donde por un lado estamos ante condiciones de un mercado con ganancias desproporcionadas (por el fenómeno de sojización), con concentración de producción en muy pocas manos”.

“No vamos a conformar a nadie –reconoció-, ni al que se considera afectado por salud o patrimonialmente, pero la ley lo que tutela es el tema de la salud y por esto las facultades del Estado provincial de atender el bien principal”. No obstante, afirmó que se avanza “en una deuda que tiene más de 5 años en tratamiento. No es lo mejor, pero es lo que ha sido posible consensuar y es un avance grandísimo”, insistió.

En tanto, el diputado del FPV Enrique Marín criticó el proyecto porque “no hubo consenso ni síntesis”. Consideró que “la postura es maquillar el problema coyuntural. Hay que resolver un nuevo modelo de desarrollo rural que sea más equilibrado y que no implique riesgos para la salud humana”.

En el mismo sentido, el legislador recordó el fallo que prohíbe la fumigación en San Jorge y el estudio que ordena la justicia para que se demuestre que los agroquímicos no causan riesgos y el pedido de esos vecinos perjudicados para que la medida se extienda a toda la provincia. “Lo sensato es respetar la postura judicial (en referencia a que en marzo pasado la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Santa Fe dejó en firme una sentencia de primera instancia que prohibía todo tipo de fumigación con agroquímicos en plantaciones ubicadas en cercanías de la ciudad de San Jorge), exigiendo que se haga extensivo a toda la provincia”.

Con similares argumentos, el diputado Brignoni argumentó su abstención y el radical Fascendini , en contraposición, dijo que “no actuar en esta situación es permitir el estado actual de las cosas. Hoy se fumiga por encima de las escuelas, de los arroyos, lagunas, y hay que darles protección legal”.

Para terminar, el socialista Lamberto apuntó contra el justicialismo. “Es importante en materia política no actuar bajo slogans para no decir lo que se piensa. En este recinto hay gente que tiene ideas diferentes pero una grandeza de dar respuestas y por ello se busca un despacho consensuado, superador a lo que existe. Hay legisladores que me quieren correr por izquierda, con los 800 metros o nada o el fallo o nada, lo importante es hasta dónde se puede llegar, la esencia es avanzar. La autoridad local puede aumentar los metros de prohibición pero no achicar”.

“El fallo de San Jorge se aplica a una situación concreta y esta es una norma general, es un puntapié fundamental para que se logre en toda la provincia. Este dictamen tiene el consentimiento del Ejecutivo, quiero ver cuántos ejecutivos kirchneristas tienen la posición del gobierno de Santa Fe que avala este dictamen. A quién le hacemos creer que lo del fallo de San Jorge es una postura sustentable, la ley fija un piso de defensa del derecho a la salud. Reivindico a las bancadas que quisieron buscar una ley superadora, hay diferencias pero todos trabajaron para que salga. Esta es una muestra de madurez en la defensa de la salud de la provincia y esta norma es superior a lo que está vigente”, concluyó Lamberto para dar lugar a la aprobación y su giro al Senado del polémico proyecto.

LA OPINIÓN DE SALDAÑA

La diputada kirchnerista Claudia Saldaña emitió un comunicado bajo el título “Línea agronómica y Ética pública”.

“La decisión es abstenernos sobre la propuesta hecha a través de la comisión de Constitucionales sobre la línea agronómica donde el dictamen señala las modificaciones a la 11273, donde se reduce notablemente el pedido de San Jorge a un área de 500 y 1000 para aspersión”.

Saldaña considera “prudente esperar el fallo del expediente de San Jorge sobre línea límite para fumigar a distancia de las zonas urbanas que propone 800 metros libres de todo tipo de agrotóxicos y 1500 para el sistema por aspersión”.

Por otro lado, sugirió revisar La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La misma establece en su articulado los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, la norma estipula como obligación a cumplir por parte de los sujetos comprendidos a “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”. Asimismo dice el indicado artículo que los obligados “deben abstenerse de intervenir” en las causas de excusación que contempla del Código.

“De modo que los legisladores con participación personal, familiar o societaria en emprendimientos de carácter comercial con fines de lucro, vinculados con actividades a través de la utilización de agrotóxicos deberían prescindir de participar en este debate”, disparó la legisladora del FPV.