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Capitales privados de George Soros y el Grupo Clarín (entre otros), presionan para lograr el represamiento de un arroyo que atraviesa la provincia argentina de Corrientes y desemboca en el río Uruguay.
Fuente: Agencia Periodística del Mercosur
Si bien aún no ganó terreno entre las discusiones cotidianas que se palpitan “en la calle”, poco a poco crece el debate público en torno al “megaproyecto” agrícola que planea crear un lago artificial de 8.000 hectáreas sobre la originaria cuenca del arroyo Ayuí, en pleno corazón de la provincia de Corrientes. En el marco de un sistema de bosques en galería, rico en diversidad biológica, las dimensiones del área que quedaría inundada representan casi el doble de la Laguna Iberá, uno de los espejos de agua más importante de los emblemáticos esteros del mismo nombre, ubicados a 47 kilómetros de la zona que se pretende represar.
El Arroyo Ayuí Grande es un afluente del Río Miriñay que atraviesa los departamentos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, antes de volcar sus aguas al río Uruguay. Sería la primera vez que en Argentina se represa un recurso hídrico, en una obra de envergadura semejante, para su explotación y uso absolutamente privado.
La propuesta fue presentada oficialmente en mayo de este año por la Unión Transitoria de Empresas (UTE), dirigida por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y que constituyen las firmas Adecoagro, del financistas húngaro-estadounidense George Soros, Copra S.A -propiedad del directivo del mencionado multimedios- , Pilagá S.A y Tupantuva S.A.
El gobierno provincial a cargo de Arturo Colombi (U.C.R en alianza con el P.J y otros partidos locales) acogió con beneplácito la iniciativa desde un principio. Incluso inició gestiones ante el Estado Nacional para que la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos no frenara el proyecto.
Así, el propio Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), organismo estatal encargado del control y resguardo de los ecosistemas acuáticos, publicita la obra. “Se apuntará al financiamiento de programas de conservación o gestión de áreas protegidas en las zonas comprendidas para el proyecto. Esto incluye el aporte a la conservación de especies amenazadas y un trabajo contra la caza furtiva. Además de la prohibición de esa práctica en los predios de la arrocera”, señala una publicación electrónica del ICAA, que entre otros aspectos, omite datos sobre las especies en peligro de extinción que perderían el resguardo de su hábitat natural.
Los empresarios prometen una inversión inicial de 55 millones de pesos y la generación de “1.440 fuentes de empleo indirecto” como contrapartida de un valor bruto de producción que rondará entre 30 y 40 millones de dólares con una cosecha anual de 120 mil toneladas, principalmente de arroz, pero también de soja y sorgo. Al parecer, semejantes números maravillaron a los senadores provinciales, quienes calificaron en los últimos días “de interés” al proyecto. En tanto que en la Cámara Baja se aguarda el tratamiento de un pedido de informes sobre impacto ambiental y consecuencias sociales.
Por otro lado, una comisión de Diputados en el Congreso Nacional pidió al Ejecutivo que se establezcan frenos al proyecto que se considera violatorio de la Ley de Bosques, aprobada en diciembre de 2007 pero aún no reglamentada. En su pedido, los legisladores advierten que “la obra haría desaparecer 50 km. de costas, bosques de ribera, pastizales y pajonales”, precisamente en una zona donde “viven especies en peligro de extinción como el lobito de río, el aguará guazú y el ciervo de los pantanos”.
Consultado por APM, el abogado ambientalista correntino, Edwin Harvey, explicó que la provincia no podría expedirse en relación al proyecto hasta tanto no se cumplimente con la clasificación de bosques nativos y se determinen zonas de mayor o menor necesidad de preservación, según se especifica en la nueva norma nacional. Para Horacio Cardozo, técnico de la Fundación Reserva Iberá, debido a la envergadura del proyecto aún es difícil medir el daño ambiental que provocaría.
Por su parte, Jorge Cappato, director general de la Fundación PROTEGER y coordinador del Comité Argentino de la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN), compartió con APM algunas reflexiones en torno a ese debate donde contrapone la propuesta de explotación de monocultivos a gran escala con otros modelos de producción y hábitat.
“Quizás podamos imaginar otro mundo. Un mundo donde es posible que la gente tenga un trabajo digno, educación, salud, y que además conserve su cultura y su estilo de vida, sin tener que destruir su entorno. Sin tener que tolerar que se les diga -y se les induzca a aceptar-, que contaminarse ‘un poco’ y perder la naturaleza que les pertenece es el necesario ‘precio del progreso’”, propone Cappato en un escrito donde pueden identificarse explícitas las profundas diferencias con biólogos y técnicos que convalidaron el proyecto empresario.
Desde la vereda de enfrente “los objetivos de la conservación no son incompatibles a los del desarrollo, sino que por el contrario, son dos caras de la misma moneda”, señala Jorge Adámoli, uno de los técnicos responsables al inicio del informe de la evaluación de impacto ambiental presentada por los inversores. Organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se apartaron públicamente de ese estudio.
El interés de reforzar la explotación arrocera en Corrientes se relaciona con un contexto internacional altamente rentable para los agronegocios y los llamados commodities blandos, como el trigo o el arroz o la soja. En palabras de Daniel Filligoy, de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, “se apunta a consolidar a Corrientes como una de las mayores exportadoras internacionales, junto con la provincia de Entre Ríos y los vecinos países de Uruguay y Brasil”. Para el dirigente empresario, el proyecto de la represa Ayuí no es el único en carpeta en la región sino que incluso se trabaja en un plan intensivo y a largo plazo que prevé otras represas.
Ante semejante escenario, será el conjunto social el que deba preguntarse sobre los costos ambientales, sociales y económicos de este tipo de producciones. ¿Quiénes y cuánto ganan? ¿Quiénes y cuánto seguirán perdiendo?
