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La organización internacional Reporteros sin Fronteras con sede en Francia emitió un comunicado de prensa en el que denuncia los mecanismos de hostigamiento y censura hacia los comunicadores que denuncian a las empresas mineras y sojeras. El comunicado denuncia, también, la complicidadde los gobiernos provinciales con estas prácticas violentas e interpela a las autoridades nacionales para que “actúen en consecuencia y se pregunten seriamente acerca de los métodos empleados por determinadas compañías.” Aquí el comunicado completo.
Fuente: Agencia La Vaca
Ataques a la prensa en regiones bajo el yugo de industrias tóxicas
represionNo siempre es bueno dedicarse a hablar de la controvertida actividad de algunas empresas de riesgo para el medio ambiente, con frecuencia en connivencia con las autoridades locales, ni de los conflictos que generan en algunas provincias. La prensa argentina está pasando actualmente por esa experiencia, y nosotros pedimos a las autoridades federales que actúen en consecuencia y se pregunten seriamente acerca de los métodos empleados por determinadas compañías.
En Andalgalá, provincia de Catamarca, Nicolás Ziggioto, periodista de la cadena por cable Canal 10, y su camarógrafo Lucas Olaz, fueron agredidos y despojados del material el 15 de febrero de 2010, cuando cubrían un severo conflicto que enfrenta a los habitantes de la localidad con la compañía Agua Rica. Las comunidades locales denuncian un dudoso traspaso mercantil entre algunos políticos, incluido el intendente José Perea, y la compañía, cuya finalidad es la explotación de un yacimiento, con riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
Ese mismo tipo de informaciones sensibles le costaron recibir graves amenazas a María Márquez cuando se encontraba en directo, en las ondas de su emisora FM La Perla. ”Me amenazaron de muerte, con quemar mi casa y matar a mis hijos”, declaró en otra radio local. El 14 de febrero, el intendente José Perea ordenó reprimir sin contemplaciones un movimiento de protesta. La carga policial se saldó con una decena de heridos y cerca de treinta detenciones. Finalmente, una sentencia judicial ha suspendido la actividad de la compañía, hasta nueva orden.
“No me decían nada. Solo me pegaban. En el estómago, en el rostro, en la espalda. Me rompieron la ropa. Después de unos minutos, se fueron”. Dante Fernández, propietario y director de la emisora FM Frontera en la provincia del Chaco, nos confió quedar “shokeado” desde que el pasado 9 de febrero le agredieron dos agentes de la seguridad de José Ramón Carvajal, intendente de la localidad de La Leonesa. ”El tema es claramente político”, nos aseguró el periodista, cuyo medio de comunicación se ha hecho eco de las denuncias de los habitantes contra las empresas San Carlos SRL y Cancha Larga SA. Entre las numerosas irregularidades que rodean la actividad de ambas, Dante Fernández destaca las fumigaciones aéreas, sin aviso previo de 24 horas, por encima de una laguna donde la población se provee de agua mineral. El conflicto dura desde hace diez años.
En Loncupué, provincia de Neuquén, la emisora Radio Arco Iris sigue expuesta a represalias por haber relatado extensamente algunas de las actividades de dos empresas mineras, CN Sapag y Ambar SA, en territorios ancestrales de las comunidades indígenas Mapuches. El pasado 9 de enero cortaron los cables emisores de la radio, dejándolos fuera de uso. Más tarde el medio reanudó su programación pero una semana después del sabotaje su propietario, Norberto Guerrero, nos señaló que de nuevo le habían agredido. “Evidentemente molestamos porque a través nuestro se expresan, entre otras, las comunidades Mapuches que denuncian las irregularidades y los delitos que cometen las empresas”. Unas empresas que están en manos de la familia Sapag, la del gobernador de la provincia Jorge Augusto Sapag.
