Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Una investigación analizó la deforestación ilegal llevada a cabo en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta durante el período 2008-2020 (en plena vigencia de la Ley de Bosques). Las instituciones provinciales y el poder de los agentes impulsan la deforestación ilegal en una principal frontera de commodities , es el título del artículo académico en cuestión -en su versión en español-, donde indaga sobre los vínculos que se dan entre los actores privados que deforestan y los organismos públicos, relación que usualmente no suele abordarse en las investigaciones científicas sobre deforestación. La versión original, en idioma inglés, fue publicada por la prestigiosa revista científica Global Environmental Change.
Para este estudio se relevaron casi 250 casos comprobados de deforestación ilegal, utilizando múltiples fuentes de información: textos periodísticos, informes de ONG involucradas en el monitoreo de los desmontes, documentos oficiales y públicos del Ministerio de Ambiente de la Nación y entrevistas a informantes clave en el territorio. Los autores de este trabajo fueron Daniel Blum, Sebastián Aguiar, Zhanli Sun, Daniel Müller, Ana Álvarez (integrante de REDAF), Inés Aguirre, Sergio Domingo y Matías Mastrangelo.
Para entender la trascendencia de dicha investigación, entrevistamos al biólogo Matías Mastrangelo (CONICET), uno de los autores del artículo publicado:
_ ¿Cuál es la importancia de este trabajo?
_ La importancia del trabajo tiene que ver con echar luz sobre algo que está siempre oculto, en secreto: la deforestación ilegal. Esta, en la región chaqueña, básicamente se da en tres provincias: Salta, Chaco y Santiago del Estero, que son las que concentrar casi el 90% de la deforestación en el país. Es una región en donde, en los últimos diez años, la deforestación ilegal ha sido tan importante como la deforestación legal. Ha habido trabajos previos que han respondido a la pregunta ‘cuánto’( cuántas hectáreas fueron deforestadas anualmente), dónde (en qué lugares) y cuándo (en qué momentos se dio esa deforestación). Pero las preguntas de quiénes son los responsables y cómo se da esa deforestación no había sido abordado desde la ciencia, principalmente por el secretismo que hay en torno a estos casos o eventos. Nosotros nos decidimos a tratar de entender por qué y cómo es que pasa la deforestación ilegal en la región chaqueña.
De las variables del estudio surgió la idea de poder tratar de asociar el tamaño y el tipo del desmonte ilegal con las empresas, las personas, los propietarios, los productores que están deforestando (nosotros los llamamos ‘agentes’). Del análisis que hicimos se desprende que los agentes más poderosos son los que cometen los desmontes ilegales de mayor tamaño. Y en estos desmontes son donde más participan los gobiernos provinciales, en lo que se denominan las ‘recategorizaciones’: el gobierno provincial, que es autoridad de aplicación local de la Ley de Bosques, cambia el estatus de conservación a las tierras que tiene determinado propietario, para que pueda desmontar donde antes no se podía. O sea, por un decreto, pasar por arriba esta ley nacional, e incluso la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y habilita los desmontes en zonas que estaban prohibidas. Estas recategorizaciones permiten que aquellos productores más poderosos, o sea que tienen mayores vínculos y mayor capital, son los que pueden acceder a ese tipo de ayuda del estado provincial para llevar a cabo esa ilegalidad. En resumen, encontramos que el tipo y el tamaño de los desmontes ilegales están fuertemente asociados al poder de los propietarios/productores y a las agencias del gobierno provincial que tienen a su cargo la aplicación de la ley de bosques.
_ Qué usos le pueden dar las comunidades indígenas y campesinas a este estudio.
La realidad que revela el estudio se conoce en los territorios, se sabe. Pero cuando las distintas organizaciones, comunidades hacen los reclamos y las denuncias a las autoridades no tienen forma de respaldar, de demostrar estas cuestiones que nosotros encontramos. Nosotros, a través de aplicar el método científico y de validar este estudio por todas las instancias científicas, generamos esa evidencia que puede sustentar sus reclamos y denuncias ante las autoridades. Pueden demostrar, primero, quiénes tienen responsabilidad directa en la ocurrencia de estos desmontes ilegales. También, que no están haciendo lo suficiente para velar con el cumplimiento de la ley. Porque se están cometiendo desmontes tanto legales como ilegales en zonas protegidas; en zonas muy importantes por la biodiversidad que albergan esos bosques, porque ofrecen beneficios para las comunidades locales y para la toda la comunidad. Esos bosques, en esos lugares, se están perdiendo, con responsabilidad de las autoridades de aplicación y en interacción con los grandes productores.
_ ¿Qué tendría que pasar para que los productores agropecuarios estén incentivados a conservar el bosque nativo?
_ Debería considerarse el costo/oportunidad del desmonte. Yo cuando desmonto genero un costo ambiental y social muy claro. Pero a la vez, como dueño de la tierra que tiene bosques, estoy perdiéndome oportunidades económicas. Hay que demostrar que el bosque puede ser utilizado, aprovechado, mediante distintas actividades económicas que también generan ganancia, generan renta, generan divisas; todo por lo que se valora a la producción agropecuaria y forestal. Por ejemplo, hay experiencias en provincias de Santiago del Estero y Chaco donde la apicultura, el ecoturismo, la producción forestal sostenible son actividades compatibles con la generación de renta económica y la conservación del bosque. De esa manera el valor del bosque aumenta. Y frente a la posibilidad de desmontar y sembrar, o poner vacas, que un productor tenga alternativas; y cuando ponga en la balanza distintas alternativas, la opción de conservar el bosque sea una alternativa viable, válida y útil. Yo creo que desde la ciencia, desde la gestión, desde distintos sectores, tenemos que demostrar y aumentar ese valor del bosque como un bien que puede generar beneficios económicos.
_ ¿Qué cambios deberían darse para que las provincias obtengan, en la conservación del bosque nativo, una fuente de financiamiento que reemplace su dependencia de la recaudación que logran a través de la actividad primaria actual?
_ Requiere un cambio estructural. Implicaría cambiar la matriz productiva de la región y del país. Que no sean tan dependientes de la producción primaria. O por lo menos, que esa producción primaria tenga un valor agregado que se genere y quede localmente, para los gobiernos provinciales. El problema de que muchos de esos productores y propietarios sean extra-locales (de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires) es que las ganancias que genera el monte, y la posterior puesta en producción, se va de la región, se va a esas provincias. Entonces el impacto es doble: impacto ambiental, que además no se traduce en desarrollo local y genera impacto social. Uno ve a pueblos rodeados de agricultura, donde en estos últimos 30 años han salido millones de camiones con granos, con carnes; esos pueblos no han mejorado su calidad de vida. Mucha gente, desde otra narrativa, propone que el desmonte y la actividad primaria trae desarrollo local, pero eso no es así, ni siquiera eso.
Al culminar esta entrevista, le pedimos a Mastrangelo una reflexión final y esto fue lo que expresó: “La actividad científica tiene un rol que jugar en la sociedad, en la política. No es una actividad neutral que no tiene compromisos con lo que pasa en la realidad. Y me parece que puede ser un instrumento que aporte a determinadas causas que consideramos justas e importantes para el bien público. La actividad científica puede aportar a cambiar la realidad de las personas, de los grupos más vulnerables y de regiones que, muchas veces, están invisibilizadas en los medios nacionales. Entonces, darle visibilidad a todos estos procesos me parece importante”.
