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Reunión Consejo Asesor
Primera reunión anual del Consejo Asesor para la Revisión del OTBN salteño. Posiciones encontradas de los actores participantes y compromisos del Ministerio de Ambiente provincial. Informe de la Auditoría General de la Nación que cuestiona parte de las 5 millones de hectáreas desmontadas en los últimos años.
El pasado 6 de abril, el Ministerio de Ambiente, Trabajo y Producción de la provincia de Salta convocó a la primera reunión del año del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Según la Ley nº 26331, el OTBN debe actualizarse cada 5 años; actualmente la provincia lo tiene vencido.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Salta. Estuvieron presentes funcionarios públicos provinciales y nacionales, empresarios, productores, investigadores, organizaciones sociales y ONGs -entre ellas Endepa y Asociana, ambas socias de Redaf-. Tal como informa la edición del 17 de abril del sitio web eltribuno.com, las entidades agropecuarias Federsal, Prograno y Sociedad Rural rechazaron la invitación.
El gobierno salteño convocó al encuentro con la intención de comenzar a planificar las actividades de 2018. La convocatoria sirvió para escuchar las distintas opiniones sobre los temas necesarios para trabajar en una revisión del OTBN. “Desde el Ministerio de Ambiente esperan tener para noviembre un producto trabajado, habiendo hecho reuniones en diferentes lugares como parte del proceso participativo”, explicaban desde Asociana, agregando que uno de los puntos abordados “fue la propuesta de trabajo sobre guías y pautas del proceso participativo, con una capacitación que podría brindar el Ministerio de Ambiente de la Nación para llevar adelante este proceso en la provincia”. Por último, la Ong salteña agregó que la intención expresada es lograr “la participación de las poblaciones en los territorios campesinos e indígenas”, algo que no ha ocurrido hasta el momento.
Eduardo ‘Lalo’ Bertea. Imagen: Observatorio Petrolero Sur
Ese último punto fue precisamente uno de los reclamos que realizó Eduardo Bertea (referente de Tepeyac y representante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen -Endepa-), cuando reflejaba que “en esta instancia no había representación de organizaciones indígenas” y que, “si bien trabajamos con el pueblo indígena, tenemos muy claro que no hablamos por ellos”. Cabe aclarar que Bertea mencionó el compromiso verbal que manifestó la empresaria Paula Bibini, titular del Ministerio de Ambiente, de convocar a referentes indígenas para los próximos encuentros del Consejo Asesor.
Por otro lado, el representante de Endepa reflejaba las dos posiciones que se pudieron observar en la audiencia pública: empresarios agroganaderos, por un lado, y profesionales, académicos e investigadores por otro lado: “quedó bien claro en las intervenciones los que plantean el respeto a la Ley de Bosques y los que están preocupados por la producción vista únicamente desde el ámbito empresario”. Por último, rescató las palabras del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de la Nación, Diego Moreno, quien -en palabras de Bertea- expresó que “en el marco de la Ley de Bosques pueda la provincia avanzar en el Ordenamiento Territorial, encuadrándose en lo que la ley establece”.
Dr. Lucas Seghezzo. Foto: Nuevo Diario de Salta
Lucas Seghezzo, investigador del CONICET, fue otro de los asistentes al espacio convocado por el gobierno provincial. Se pregunta si el propósito del Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia de Salta es revisar el OTBN o “solamente validar lo actuado por el Estado hasta ahora”, incorporando la “legalización de todas las áreas transformadas, algunas de las cuales fueron desmontadas en forma ilegal”. En esta línea argumental va la nota publicada por www.nuevodiariodesalta.com.ar el 11 de abril pasado que incluimos a continuación:
Un informe indica que Salta quiso legitimar desmontes ilegales
En el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), la Provincia buscó legitimar mediante la categoría de Áreas Transformadas (AT), unas 5 millones de hectáreas desmontadas en el territorio, muchas de ellas, de manera ilegal.
En un informe de Auditoría General de la Nación surge que Salta fue una de las provincias que más desmontó en el país.
Esto se desprende de un extenso informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El 16 de abril de 2015 el Ministerio de Ambiente y Producción de la Provincia de Salta presentó junto a la Fundación Proyungas un documento de Actualización y Fortalecimiento del OTBN que fue fuertemente cuestionado en la audiencia pública por las organizaciones sociales convocadas.
La propuesta crea una nueva categoría de Áreas Transformadas (AT), mediante la cual se pretende legitimar a través de la actualización del OTBN, los desmontes de bosques nativos de 5.000.000 hectáreas.
Según el proyecto de actualización del OTBN provincial, estas AT corresponden a: AT ocurridas hasta 2007 y parte de 2008 que suman 1.950.426 hectáreas, identificadas en la cartografía digital del OTBN de Salta, aprobada en 2009, AT actualizadas (ATa), que representan 465.406 hectáreas desmontadas desde fines de 2008 hasta 2014 de manera legal o ilegal”, entre otras áreas transformadas.
La AGN indicó además en su informe que el proyecto de actualización del Ordenamiento “también legitima las superficies re categorizadas que corresponden a las autorizaciones de re categorizaciones prediales autorizadas en 32 fincas por la provincia de Salta legitimando así, una actualización de superficie que es claramente violatoria de la ley 26.331”, o sea, la Ley de Bosques Nativos.
En sus consideraciones, los auditores sostuvieron que los desmontes en cuestión “deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos”.
Instancia de reclamo
Por la suspensión de los desmontes en estas 32 fincas (que siguen pese a la disposición de la Nación y la Provincia), la ministra de Ambiente, Trabajo y Producción, Paula Bibini, indicó que se presentaron algunos recursos administrativos por parte de los privados. Y es que la Povincia fue la que facilitó las normas para realizar el desmonte en cuestión entre 2011 y 2014, cuando derogó el decreto que permitía recategorizar las áreas a conservar en zonas verdes para desmontar.
