Si bien se observa un balance positivo en los diez años de la Ley de Bosques, aún subsisten tres factores que amenazan su adecuada aplicación: la flexibilización en la categorización de los bosques nativos, la falta de control de la deforestación ilegal y, finalmente, un desfinanciamiento que ya lleva diez años.
Ante la pregunta sobre los mayores desafíos que tiene la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como ‘Ley de Bosques’, el Ing. Forestal Carlos Merenson (ex Secretario de Ambiente de la Nación) expresaba: “el mayor desafío es que tenga el presupuesto que la Ley estableció realmente; pensemos que lleva un déficit de miles de millones de pesos entre lo que la Ley indicaba y lo que los presupuestos anuales otorgaron”. Estas declaraciones fueron realizadas durante la Jornada/Debate por los 10 años de la Ley de Bosques, y están en sintonía con un informe recientemente elaborado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), una de las organizadoras del evento.
La Ley de Bosques fue sancionada a fines de 2007, aunque recién se reglamentó a partir del 2009. En uno de sus artículos explicita que debe destinarse anualmente un monto no menor al 0,3 por ciento del presupuesto nacional. De acuerdo al documento denominado ‘Informe a 10 años de la Ley de Bosques’ (REDAF, nov. 17), por cuidar sus bosques nativos las provincias tendrían que haber percibido en todo ese período más de 23 mil millones de pesos ($ 23.182.498.807). Pero el presupuesto total que finalmente fue asignado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) no alcanzó los 3 mil millones de pesos ($ 2.923.360.235).
María Marta Di Paola, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), también aportó elementos de análisis durante su exposición en la jornada-debate. Presentó un mapa con la información del monto que fue destinado por cada hectárea de monte nativo de las provincias para los distintos proyectos aprobados del año 2016:
El mapa permite identificar las provincias que menos fondos por hectárea recibieron, entre las que se encuentran las que albergan la mayor cantidad de hectáreas de bosques nativos del país (Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas pertenecientes a la Región Chaqueña). Precisamente, la región donde se dan los mayores niveles de deforestación anual, tal como señala el Informe de la REDAF: “Si bien la tasa de deforestación en la Región Chaqueña argentina ha disminuido después de la sanción de la Ley de Bosques, la misma sigue siendo elevada”.
El mismo documento da cuenta que “una proporción importante de estos desmontes ocurre en áreas donde esta actividad está prohibida: un 3,3 % corresponde a zonas clasificadas en categoría I, y un 34% a zonas de categoría II; a esto se suma un 13,7% de bosques no clasificados en ninguna categoría (que aparecen como zonas «no boscosas» en los mapas de OTBN de las provincias)”. Además señala que “las autoridades provinciales tienen la principal responsabilidad en el control del desmonte ilegal, y esto claramente requiere de la participación ciudadana en el monitoreo”. Cabe recordar que un 30% de los fondos destinados a las provincias son para apoyo institucional a las autoridades de aplicación de la Ley a nivel de cada provincia, entre cuyas tareas se encuentra el monitoreo y control de desmontes ilegales.
El enriquecimiento y conservación de los bosques nativos requiere de una decidida voluntad política del gobierno nacional, para que progresivamente el financiamiento de fondos a las provincias se vaya acercando a lo establecido por la Ley 26.331. Porque existe la posibilidad concreta, y en un tiempo razonable, de recuperar los bosques de nuestro país. Tal como señalaba el Ing. José Paruelo (FAUBA-CONICET) en su exposición durante el mencionado evento: “hoy sabemos que en 20 años el funcionamiento del bosque se recupera, y eso tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la aplicación”.