“Somos un país federal y las provincias son responsables primarias de la ejecución de la Ley de Bosques”

Los que estamos comprometidos con la conservación y el uso sustentable de nuestros bosques nativos, en el marco de una Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la inclusión social de los pueblos originarios y criollos que habitan estos ecosistemas, sabemos y experimentamos día a día los significativos desafíos que implica la aplicación de la Ley de Bosques.

Los primeros pasos de su implementación requirieron fortalecer institucionalmente a la Dirección de Bosques de la Nación, y especialmente a las provincias, que en general no contaban con áreas ni especialistas abocados a este mandato. Los resultados obtenidos se han evidenciado con un progresivo aumento en la calidad de los planes elaborados por las provincias, en lo que ha sido un aprendizaje mutuo en la compleja aplicación de esta ley. No obstante, queda un largo camino por recorrer. Siguiendo esta línea de mejora continua, estamos cofinanciando proyectos de investigación sobre manejo de bosques nativos con el MINCyT y Conicet.

Las provincias, que a partir de la Reforma Constitucional de 1994 poseen el dominio originario de sus bienes naturales, debieron realizar de acuerdo con la Ley de Bosques su ordenamiento territorial según el nivel de conservación de estos ecosistemas. Para obtener financiamiento del Estado nacional, las provincias que cuentan con este ordenamiento aprobado por ley provincial y acreditado ante Ambiente de la Nación deben presentar cada año los planes de formulación, conservación, manejo sustentable y cambio de uso del suelo, avalados por profesionales competentes. La Nación controla los referidos planes para que garanticen los servicios ambientales que brindan esos bosques a la sociedad y distribuye el fondo creado por ley en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde participan todas las provincias y la Nación para definir las políticas ambientales. La metodología de distribución fue definida en ese ámbito, considerando la superficie de bosques nativos en cada jurisdicción, la relación entre esta superficie y la total del territorio provincial y las categorías de conservación definidas. Establecida la distribución de los fondos entre las provincias, éstos se dividen en un 30 por ciento para fortalecimiento institucional de las direcciones de Bosques provinciales y el 70 restante para los productores que tienen planes de conservación o de manejo sustentable aprobados.

A la fecha han recibido financiamiento del tesoro nacional unos 4000 planes operativos anuales por un monto de más de 777 millones de pesos, cubriendo unos cinco millones de hectáreas de bosques nativos. Con la transferencia de este año se superan los 1000 millones de pesos de inversión en bosques nativos. La experiencia nos marca la complejidad de la implementación de esta ley, ya sea en materia de rendición de los fondos, de carencias administrativas que agilicen la operatoria y la ausencia de control de los profesionales responsables de los planes. Cabe señalar que también se han constatado violaciones a la normativa.

Ante este panorama, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, a través de la Dirección de Bosques, viene desarrollando una serie de instrumentos para agilizar el cumplimiento de los objetivos de la ley. Para ello hemos propuesto varios cambios sustanciales consensuados en el Cofema, que nos permitirán ser más eficientes y rigurosos en las tareas de control y fiscalización asignadas a la Nación en base a la normativa vigente. Estos cambios han sido cristalizados a través de la reciente resolución Nº 826 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Una medida que se viene planteando y que ha logrado consenso es habilitar una cuenta específica de las direcciones de Bosques provinciales para que reciban directamente las transferencias de la Nación. Al ser un fondo específico en función del cumplimiento de una ley nacional de presupuestos mínimos, también requiere de un tratamiento específico. Esta disposición va a agilizar la transferencia de fondos del sector público al privado y redundará en rendiciones más eficientes. Asimismo, a partir del año 2015 se transferirá por separado, y a contraprestación de un programa operativo, el fortalecimiento institucional a cada provincia. Esta transferencia será en antelación a la entrega de fondos para los Planes de Formulación, Conservación y Manejo Sustentable presentados. Se plantea que las direcciones de Bosques provinciales programen con anticipación las inversiones de su fortalecimiento y que dispongan de los recursos en forma inmediata. Asimismo, se creará un fideicomiso en la banca pública para el manejo de los fondos y se trabajará con los Consejos de Profesionales Provinciales para que quienes elaboran los planes controlen su ejecución y cumplimiento.

Otra cuestión que hemos profundizado es lograr la inclusión social aclarando el concepto de titularidad para los beneficiarios de los planes, donde se ha ampliado a las comunidades campesinas, indígenas y pequeños productores poseedores y tenedores de las tierras. También está en carpeta la posibilidad de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Bosques, en base a la experiencia ganada en estos años.

Los desafíos son múltiples y compartidos. Somos un país federal y las provincias son las responsables primarias de la ejecución de esta ley. Pero el éxito de la Ley de Bosques está en todos nosotros y en el compromiso de articular esfuerzos desde los diferentes ámbitos y sectores, para que los bosques nativos sigan representando el sustento que significan para la vida y continúen generando bienes y servicios para elevar el bienestar del pueblo argentino.

Más información disponible en http://obio.ambiente.gob.ar/bosques-nativos-32