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Desde el colectivo La Verdecita (Santa Fe) suman su mirada sobre la violencia y desigualdad de género. Analizan cómo el modelo sojero agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. También denuncian la falta de voluntad para encarar la problemática de la violencia contra las mujeres como una política de Estado.
Fuente: Portal Enredando.org.ar
De norte a sur de la Argentina (y del continente) la soja viene arrasando con todo. Para constatarlo alcanza con mirar a nuestro alrededor: campesinos desalojados de sus tierras, pueblos fumigados, cultivos autóctonos extinguidos, desertificación de los suelos, y la lista sigue.
Como una aplanadora, la diosa transgénica del momento levanta tierra, la mata, y con su paso expulsa a cientos de comunidades a vivir en la miseria. Su llegada a todos los rincones del país es promovida por grupos económicos transnacionales, y acompañada desde sectores del poder político que favorecen el desarrollo del monocultivo de soja.
Desde el colectivo La Verdecita observan que hay una relación directa entre la problemática de la Trata con dicho modelo. “En los territorios devastados por el modelo sojero se hace más evidente el fenómeno de la apropiación de la vida y los cuerpos de las mujeres. El modelo sojero no sólo produce la contaminación de nuestro suelo y expulsa a las poblaciones rurales hacia las periferias pobres de las ciudades, también agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas”, señalan.
“Basta con mirar los márgenes de los hegemónicos y famosos caminos de la producción para encontrar las postales de miseria y olvido apenas iluminadas con las luces de las whiskerías donde los cuerpos de las mujeres son sometidos, violados y explotados comercialmente no sólo por los varones, sino por todo un sistema ideológico y de negocios naturalizado y validado por la sociedad”, relatan en las conclusiones del III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria, realizado en la granja agroecológica La Verdecita en octubre del año pasado.
“Por eso las luchas por la soberanía alimentaria y la soberanía sobre nuestro cuerpo implican recuperar la capacidad de producir lo que comemos y alcanzar la autonomía y el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. En consecuencia necesitamos: comunidades seguras para las mujeres y derechos sexuales y reproductivos”, destacan las compañeras santafesinas.
Acciones
A la hora de buscar la mejor forma de instalar social y políticamente el tema, el colectivo de mujeres ha implementado variadas estrategias que van desde los escraches, movilizaciones, marchas al monumento de Carlos Monzón, conferencias de prensa, formación de operadoras barriales en prevención, redes interinstitucionales, cartillas y afiches; a la elaboración consensuada de protocolos de atención con agentes de salud, la intimación a autoridades para la aplicación de leyes y tratados internacionales.
“Pero parece que nunca es suficiente, el poder patriarcal hay que combatirlo creando una contra hegemonía que, a esta altura y a la luz de las estadísticas de feminicidos, nos exige pasar a una ofensiva para exigir al Estado los recursos para refugios, campañas, etc. Es necesario instalarlo a través de una campaña nacional como se hace con el dengue o la gripe A”, analizan desde organización.
Con tono preocupante denuncian la falta de voluntad para encarar la problemática de la violencia contra las mujeres como una política de Estado. Han hecho llegar las denuncias y reclamos a todos los ámbitos de la administración posibles.
“Hemos intimado al ministro de Seguridad a que tome medidas como la auditoría de los libros de comisarías, subcomisarías y dependencias judiciales, a los efectos de relevar la actuación de los agentes en la recepción y tramite de denuncias y constancias realizadas por las mujeres como la instrumentación del Protocolo de Atención”.
“Venimos exigiendo al poder Legislativo la reforma de la Ley Orgánica de tribunales para crear un juzgado de competencia y jurisdicción exclusiva en la materia violencia contra las mujeres y la creación de hogares refugios en todas las jurisdicciones. También, la creación de una oficina atendida por mujeres capacitadas en un radio no mayor de cien metros de tribunales en cada cabecera departamental. Y hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia la auditoría de los juzgados a efectos de relevar las intervenciones realizadas en los casos de violencia contra las mujeres y la actuación de los fiscales”, comentan cada acción realizada, con la fuerza propia de un grupo de mujeres dispuestas a defender la vida.
