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Integrantes de una Mesa de Tierra del Norte de Salta denunciaron su malestar por el incumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los hechos de desmonte, tala ilegal, y autorizaciones de guías en forma desmedida que se producen en esa región de la Provincia de Salta. Además, denunciaron la criminalización de los dirigentes aborígenes y criollos que defienden su tierra, como en el caso de Bautista Frías y de Juan Bracamonte.
Fuente: Nuevo Diario
El texto surgió después de una reunión realizada en Embarcación el miércoles pasado, en la que participaron, entre otras organizaciones, la Asociación de Comunidades Aborígenes, Lhaka Honnhat, La Organización e Familias Criollas, distintas comunidades aborígenes de Rivadavia y la Pastoral Aborigen de Orán.
“Advertimos que el incumplimiento de nuestros derechos afectan nuestra subsistencia, dañan el medio ambiente, el futuro de las generaciones venideras y generan hoy conflictos sociales y ambientales”, comunicaron tras el encuentro las organizaciones que, además, se declararon como “un sector social con capacidades para generar un nuevo modelo de desarrollo alternativo pluricultural donde los bienes de la tierra sean para todos”.
Las comunidades indígenas de la Mesa del Norte de Salta tomaron conocimiento de las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en los Equipos Técnicos Operativos (ETO) que tiene a su cargo el relevamiento de las comunidades indígenas.
Y pidieron al INAI que les informe sobre el estado actual de los trabajos de esos equipos, y la sanción que se tomarían sobre los responsables de las irregularidades.
También señalaron que tomaron conocimiento de un nuevo proyecto de ley respecto de la instrumentación de la posesión y la propiedad comunitaria indígena, y exigieron ser informadas y consultadas al respecto por el INAI.
Las organizaciones criollas, por otra parte, exigieron contar con una ley que los proteja de los desalojos hasta que se regularicen los títulos de propiedad de la zona donde viven y se abra un registro de poseedores comunales y pequeño productores donde se pueda ir acreditando derechos posesorios con asesoramientos legales.
Y reclamaron un programa de gestión territorial con propuestas productivas, ambientales y sociales sustentables.
