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La presentación, realizada de manera conjunta entre el Procurador General de la Provincia y la Fiscalía Civil de Tartagal, fue interpuesta ayer contra Juan José Karlen, quien fue condenado el 2 de octubre pasado, en un juicio histórico, a la pena de seis meses de prisión por el desmonte ilegal de bosques nativos.
Fuente: Fiscales Penales Salta
En la demanda, que lleva las firmas del Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, y de la fiscal civil de Tartagal, Griselda Beatriz Nieto, se solicitó a la jueza civil de Tartagal, Claudia Viviana Yance, que condene a Karlen y a su hijo, Daniel Darío, a depositar la suma inicial básica de $ 171.413.473.
El monto demandado será utilizado para efectivizar un “Plan de Manejo” mediante el cual se buscará la “restauración” del bosque de 11.875 hectáreas desmontadas ilegalmente, extensión que equivale a la mitad de la superficie de Capital Federal.
Los demandantes resaltaron que el desmonte se realizó sin el permiso del caso, como así también se violó en reiteradas oportunidades órdenes de paralización dictadas por la Secretaría de Ambiente y el Tribunal de Juicio Sala II, a cargo de la jueza, Asusena Vázquez.
El pedido de recomposición se basa en un estudio técnico pericial ordenado por el juzgado civil como prueba anticipada, y fue realizado por un grupo de expertos multidisciplinares de las Universidades Nacionales de Salta y Buenos Aires, del I.N.T.A., de la Dirección de Bosques de la Nación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), asesorados por un experto observador perteneciente al Poder Judicial y Ministerio Público de España. En este trabajo, los Karlen fueron facultados a tener un perito de control.
En el marco de un juicio colectivo ambiental, López Viñals solicitó que se clausuren los lotes ilegalmente sembrados, y con el dinero reclamado se ejecute un plan para el bosque que logrará reconstituirse, según los expertos, en un plazo promedio de 20 años, con participación y contención de los pobladores vinculados a los efectos de la actividad ilegal que tendrán con ello trabajo a largo plazo. En caso de que la jueza estime que no corresponde reparar, como ordena la Constitución Nacional, se pidió que se compense con bosques y pague los daños patrimoniales y no patrimoniales a la comunidad.
Cabe señalar que los Karlen ya fueron objeto de una multa administrativa ambiental de más de 11 millones de pesos, la cual fue confirmada por el gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, a través del decreto 1125/15, como así también Juan José Karlen, en un proceso penal inédito en la justicia de Salta y del país, fue condenado penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad.
“Un deber constitucional”
Respecto a esta demanda, Sebastián Lloret, titular de la Secretaría Fiscal de Intereses Difusos, especializada en este tema, sostuvo que “en primer lugar la presentación obedece a una remisión realizada por el decreto del Gobierno. Pero el fundamento del deber de reparar el ambiente, cabe resaltar se encuentra establecido en la Constitución y las leyes ambientales vigentes”.
“Si nos imaginamos una persona que con su vehículo atraviesa un semáforo en rojo a gran velocidad rompiendo bienes y lesionando ciudadanos, seguramente recibirá multas de transito, condena penal y también juicios de reparación para pagar los daños a los bienes perjudicados de los ciudadanos y del Estado. Este caso es igual, el Ministerio Público Fiscal lleva adelante los juicios de reparación del bien ambiental que es de toda la comunidad”, explicó.
Dado que se trata de un proceso sumarísimo, se espera que en unos 15 días se celebre la audiencia del juicio civil. A propósito, el Ministerio Público pidió que se sume información de la AFIP para probar lo que han ganado los Karlen con su actividad ilegal durante este tiempo.
También se solicitó la presencia de funcionarios del INTA para calcular los rindes de las campañas agrícolas que usufructuaron y a EPIDEMIOLOGÍA para relevar el aumento de los casos de dengue, zika y chikunguya que pudieran haber ocasionado al destruir el hábitat de los mosquitos y animales, que reaccionan migrando a lugares poblados humanos.
Lloret, por último, explicó que frente a estos casos, las fiscalías buscan en primer lugar obtener un acuerdo extrajudicial de reparación, y en caso de no tener éxito, se procede a accionar judicialmente, como ocurrió con este caso.
