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El sistema de Siembra Directa amenaza con contaminar los acuíferos de Argentina. Los científicos que alertan sobre este problema son intimidados. Una actividad concentrada que viola a la legislación internacional.
Ya todos sabemos que la Siembra Directa (SD) o “siembra sin laboreo” viene de la mano de la utilización de herbicidas cuyo compuesto principal es el “glifosato”. En Argentina se rocían anualmente más de 220 millones de litros de herbicidas, sólo para los cultivos de soja y maíz, en algo más de 22 millones de hectáreas.
Estos números siguen incrementándose, ahora también de la mano de la SD en arroz, en donde la siembra tradicional –que prescindía del “glifosato”- casi dejó de existir.
La SD en arroz fue desarrollada por empresas como Copra SA –cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda- y Adecoagro –del financista húngaro George Soros-, que integran el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) Avatí-í. Este planea la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la provincia de Corrientes, para regar 18 mil hectáreas de plantaciones, para producir 120 mil toneladas anuales de granos con destino a la exportación, el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.
De la mano de la SD, la actividad arrocera se está expandiendo fuera de las tradicionales regiones productoras del grano –las provincias de Entre Ríos y Corrientes- hacia las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, poniendo en riesgo la mayor parte de los “humedales” del país, esto es, bañados, esteros, pantanos, ciénagas.
La importancia de los “humedales” es altamente reconocida, son los sitios de mayor biodiversidad y recarga de los acuíferos. Por lo que poner en contacto el “glifosato” y otros herbicidas con el agua es por demás preocupante.
El “glifosato” es sólidamente cuestionado por afectar a la salud y al ambiente por algunos científicos, como Andrés Carrasco –director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras.
Este duro ataque se reeditó recientemente en la provincia de Chaco el pasado 7 de agosto, cuando una exposición suya, junto Hugo Lucero –jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-, fue abortada violentamente por un grupo de personas –ahora vinculadas al sector arrocero- que amenazaron y golpearon a parte de la comitiva que lo acompañaba, debiendo hacerse presente personal de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional.
Si ya estamos forzando la frontera agrícola hasta límites insospechados por la implementación de la SD de soja –que relegó a la ganadería a zonas marginales o a lotes de corral (“feedlots”), que destruyó bosques y que desplazó poblaciones-, pareciera ser que la próxima frontera son los “humedales”, esas zonas que se inundan permanente o intermitentemente.
Y si se inundan, estamos hablando de agua, un bien común que recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó con mayoría la propuesta –presentada por Bolivia y respaldada por otros treinta y tres Estados- de declarar el acceso al agua potable como Derecho Humano (DDHH). Tener en casa agua potable y limpia es ahora un derecho que debe cumplirse en todo el mundo, sin embargo, parece que lo estamos hipotecando.
