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Conversamos con la Presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Dra. Silvina Ramírez, sobre la Ley de Emergencia Nº 26.160 y sus implicancias sociales de quedar sin efecto. La ley tiene vigencia hasta noviembre de este año.
Dra. Silvina Ramirez
Redaf_ Hasta la fecha se ha evitado tratar la prórroga a la Ley Nº 26.160 en el Congreso. ¿Qué pasaría si la misma queda sin efecto?
Silvina Ramírez_ La ley dispone de dos medidas principales: la primera es que suspende los desalojos de las comunidades indígenas; la segunda es que ordena el relevamiento técnico-jurídico catastral. Es una ley muy austera, y su nombre lo indica, de emergencia. Fue pensada no para estar vigente 11 años sin que se haya avanzado demasiado en el cumplimiento de su contenido, sino para ser transitoria. Pero aunque es perfectible y habilitaría que se nutriera su contenido, al menos dice dos cosas que son centrales: no desalojar, y llevar adelante tareas que signifiquen relevar cuales son los territorios indígenas demandados.
Hay entre 1500 y 1600 comunidades registradas. Por supuesto que hay comunidades no registradas, por eso el número es aproximado. Y hay un 30 % de comunidades que cuentan con resolución, o sea con el relevamiento terminado.
Si la ley no se prorroga, no solamente afectaría a muchísimas comunidades sin relevamiento, sino también a las que lo tienen. Porque a esta ley, entre tantas cosas, le falta un paso siguiente que determine la titulación colectiva del territorio relevado. O sea que aún las comunidades que ya tienen relevamiento no cuentan con un título colectivo, es decir la titulación de su territorio. Por otra parte, si bien en todos estos años de vigencia de la ley se han seguido desalojando comunidades, no es lo mismo tener una herramienta normativa, una ley, que frente a un desalojo las comunidades puedan salir a invocarla junto con sus abogados. Si no está esa herramienta vigente la situación de las comunidades indígenas se puede tornar más comprometida de lo que ya está, por tanta persecución, hostigamiento y acoso para que dejen su territorio.
_ Un argumento implícito es que ante tantas dificultades para cumplir con la ley, el Estado y el Congreso se corren a un costado y la dejan caer.
_ Sería una equivocación plantearlo desde ese punto de vista. Si se deja caer la ley sería precisamente por una política clara de no querer respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esa forma sería extremadamente irresponsable, imprudente, desconocedora de derechos, desconocedora de la constitución – porque es un derecho constitucional, y es un derecho que está también en instrumentos jurídicos internacionales ratificados y subscriptos por el Estado argentino-. Realmente sería un escándalo.
Es un relevamiento técnico-jurídico catastral, siempre se presentó como complejo.
Comunidad Santa Teresa (Formosa). Foto: SOCOMPA
Porque efectivamente son deudas históricas frente a pueblos indígenas, donde después de años de despojo no es tan simple poder identificar cuáles son los territorios que reclaman; hay que cruzar muchos elementos que tienen que ver con cuestiones jurídicas, pero también antropológicas y culturales. Por eso se pensó en su momento en equipos interdisciplinarios. Es un proceso complejo, sí, pero no habría otro modo de hacerlo. En ese sentido, no se puede invocar la dificultad del proceso. Al contrario, sería profundizar una política que viene desde hace mucho tiempo -que si la prórroga se cae la estarían transparentando- de no reconocer que los pueblos indígenas son los titulares de los territorios. Esto obviamente respaldado por enormes intereses económicos sobre esos territorios reivindicados. Es una cuestión de dinero. Desde ya son intereses extractivos, negocios inmobiliarios…esto es lo que está detrás de la discusión alrededor de ‘prórroga sí, prórroga no’.
_ ¿Cómo se conforma el mapa de todo el arco político ante esta problemática? ¿Existe todavía desconocimiento por parte de algunos legisladores?
_ Hay un par de proyectos más ambiciosos. Porque en realidad nosotros, que trabajamos desde el derecho con los pueblos indígenas, hubiéramos esperado aprobar una ley que sea más completa.
De todas formas, nos dimos cuenta que no había condiciones como para ir por más. Y entró por el senado un proyecto de ley que es una mera prórroga de la ley que ya está vigente desde 2006, no tiene ningún otro agregado. Todos en el senado conocen de qué va la 26160, sobre todo con las discusiones que han atravesado todo este mes a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Se conoce que hay conflictos territoriales alrededor de los pueblos indígenas, y esta ley es central para en algún sentido poder manejar estos conflictos territoriales. O sea que sí, que hay conocimiento. Ahora, si es que se deja caer esta ley desde ya que se trata de falta de voluntad política. En realidad hay muchos sectores contrarios a esta prórroga, sobre todo con el argumento de que ‘los mapuches vienen por la Patagonia’, o que ‘los indios se van a quedar con toda la Argentina’, o cuestiones así de disparatadas.
Es importante considerar que existe un hilo conductor entre derechos indígenas vigentes, incumplimiento de esos derechos por parte del Estado y violencia estatal o institucional. Cuando las comunidades indígenas reclaman por estos derechos incumplidos por parte del Estado, el Estado en vez de dar una respuesta lo que hace es perseguir y criminalizar. Y esta es la situación que hoy estamos discutiendo y que tiene como resultado, hasta el momento, la desaparición forzada de un joven. O sea que este es un ejemplo muy claro, muy visible, de lo que generan los incumplimientos por parte del propio estado. Que incumple y luego criminaliza.
