“Basta de bandas armadas”

12 de octubre. Día de duelo. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) se concentra frente a la gobernación. “Basta de bandas armadas”, le exigen al radical kirchnerista Gerardo Zamora. El asesinato de Miguel Galván, de la comunidad lule-vilela y miembro del movimiento, volvió a poner el foco sobre el modelo agropecuario actual. En el norte de esa provincia, la soja avanza de la mano de sicarios, según denuncian las organizaciones rurales de base.

Por Leonardo Rossi

El miércoles Galván fue asesinado de un puntazo en la yugular. Estaba en su casa del paraje El Simbol (frontera de Salta y Santiago). Paulino Riso es señalado por el Mocase como el autor del ataque, hecho a pedido de la empresa La Paz. Ramón Villalba (38), de la comunidad lule-vilela Sin Fronteras, vive en el paraje Lorena, a 12 kilómetros de donde asesinaron a su compañero: “Hicimos cantidad de denuncias y no pasó nada. Ahora tenemos a Miguel muerto”.

En la misma zona, a unos cincuenta kilómetros –señala Villalba— “mataron a Cristian Ferreyra (23), de la misma forma”. El hecho ocurrió el 16 noviembre de 2011. La justicia apuntó a Jorge Ciccioli, empresario santafesino, dedicado a la soja.

Galván era nacido y criado en la zona. Pasó algunos años trabajando en Mendoza. Y regresó junto a su familia para fortalecer la organización en el territorio ancestral. “Nos estábamos viendo seguido. Estuvimos haciendo el relevamiento (territorial de las comunidades)”, cuenta Villalba, acerca de la intención de los comuneros de avanzar con la ley 26.160. La norma que vence el año próximo ordena relevar todas las comunidades indígenas del país y detener cualquier desalojo hasta tanto se finalice con esa recopilación de datos.

Asimismo, a fines de 2011 las organizaciones campesinas lograron que ingrese al Congreso un proyecto de ley que busca frenar los desalojos de las familias rurales. Empujada por diputados oficialistas como Martín Sabbatela y Diana Conti, la iniciativa quedó en la nada.

Presos en el monte

Los empresarios del agro están urgidos y algunos siquiera utilizan ya la complicidad judicial. Avanzan directamente con bandas paramilitares. Los sojeros van por el departamento Copo, teatro de acción de estos grupos armados. Según apunta Villalba “es la única parte de tierra en la provincia que queda sin soja”, las familias se han organizado y por eso “las empresas entran directamente con siete u ocho tipos armados que amenazan” a los campesinos. “Hay vecinos que no pueden salir al monte”, enfatiza.

El departamento Copo tenía 2.190 hectáreas con soja en la campaña 2002-2003.  Actualmente son 8.200 las hectáreas que ocupa la oleaginosa, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Poco para las agroempresas, demasiado para las familias campesinas. El miembro del Mocase-VC insiste repetidas veces: “No queremos soja, no queremos fumigaciones”.

Mapa de la soja en el norte argentino (Fuente: INTA)

Experimento verde

Santiago del Estero es un laboratorio a gran escala del boom sojero. La provincia pasó de poco más de 500.000 hectáreas sembradas con soja en el 2000 a 1.048.330 para la campaña del año pasado, según informes del INTA. Según datos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), compuesta por organizaciones de base y técnicos, hasta agosto de 2011 Santiago tenía 122 conflictos por tenencia de tierras: 359.300 hectáreas en disputa.

Todo indica que la presión empresaria continuará. El gobierno nacional de Cristina Fernández impulsa este modelo, cristalizado en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA). Para 2020, este plan aspira subir de 18,3 a 22 millones de hectáreas la siembra de la oleaginosa, aunque sin detallar hacia dónde se correrá la frontera agrícola.

Con una pampa húmeda saturada, organizaciones campesinas y técnicos sostienen que esas nuevas tierras saldrán de la región chaqueña. De todas formas son los gigantes del agro como Monsanto, Dupont, Nidera y Syngenta, nucleados en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), quienes con eufemismos dan una respuesta: “El país dispone de productores de primer nivel, que utilizan paquetes productivos de alta tecnología”, que junto a “un clima templado y subtropical en el norte nos permite extender nuestra pradera pampeana”.

Frente a este marco desde la Redaf le apunta al Ejecutivo y su PEA 2020 por “negar la conflictividad” que este modelo lleva implícita: desmonte, desalojos y, en casos como el de Ferreyra y Galván, asesinatos.

Ya con la voz quebrada, Ramón Villalba compartió lo que viven en los campos comuneros del norte santiagueño: “Cada día es peor, es muy difícil esto. Pero…seguiremos en la lucha”.