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DOCE DIRECTIVOS DE EMPRESAS RURALES FUERON LLAMADOS A INDAGATORIA POR TRAFICO DE PERSONAS Y EXPLOTACION LABORAL Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”. Por ahora, no irán presos.
La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”, tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron “el mismo modus operandi denunciado” en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, “porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días”. Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil “empleados temporales” dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen “rotundo”, según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
“La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe.
Por las precarias condiciones “de habitabilidad”, se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. “Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.”, señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. “Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres”, señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, “cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos”.
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. “No damos abasto con los inspectores”, admitieron.
Empresa Multada
Satus Ager S.A. acaba de ser multada por una suma que supera el millón de pesos debido a “la falta de registración laboral y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene en dos de los campos allanados”, según le confirmó a este diario el viceministro de Trabajo bonaerense, Carlos Molina. Los establecimientos inspeccionados y multados son La Amalia y Doña Clementina, en Arrecifes. Entre otras cuestiones, se comprobó que “no se provee de aislación térmica ni una correcta ventilación en la vivienda del personal” ni se presentaron “constancias de afiliación en la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)”. Según Molina, ya están confeccionando más multas por este tema.
Los incumplimientos en materia laboral incluyen la falta de exhibición del Libro Especial de Sueldos rubricado y actualizado, de recibos de pago de haberes, de recibos de vacaciones y de presentación de listado de personal ocupado en carácter de declaración jurada, entre otros. El personal afectado son 158 trabajadores y la sanción aplicada es de 760 mil pesos. Por las pésimas condiciones de seguridad e higiene, entre las que se destacan la falta de agua potable, el monto es de 315 mil pesos.
“Pusimos la sanción más alta, que es de 5 mil pesos por trabajador explotado. Sabemos que para el nivel de ganancia que tiene este tipo de empresas no es tanto el daño económico que le causamos”, señaló el viceministro. Hasta el momento, la empresa nunca hizo su descargo ni explicó ante el ministerio lo sucedido. La multinacional Nidera y Southern Seeds Production también recibirán sanciones
