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A través de un documento titulado: “¿Quién protegerá la salud pública, el ambiente y la biodiversidad?”, el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, advierte que el proyecto de ley del Ejecutivo sigue sin dar respuestas a la cuestión ambiental.
Fuente: Chaco Día por Día
Publicamos textualmente el documento firmado por el coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” DDHH, Rolando Núñez:
“Durante los últimos años el tema ambiental estuvo en la agenda de la discusión pública, aunque no se logró el esclarecimiento necesario y menos aún las decisiones políticas e institucionales que posibiliten salvaguardar el interés general que supone la protección y administración sustentable de la salud pública, el ambiente y la biodiversidad. Al descontrol en los desmontes que favorecen la desertificación, al avance de la frontera agropecuaria por el mal uso de los suelos, a la contaminación de fuentes de agua y a la explotación irracional del monte para sacar madera, se suma la contaminación de poblaciones por la aplicación indiscriminada de agrotóxicos por la ausencia de controles por parte del Estado.
La realidad demuestra que a la hora de fumigar no se respetan las áreas urbanas, las escuelas, ni los centros de salud, para citar algunos ejemplos, perjudicándose a pequeños productores que ven secarse sus frutales y morir sus colmenas, contaminando fuentes de agua y provocando mortandad de animales. El Chaco no escapa al reclamo generalizado que crece en gran parte de nuestro país sobre las consecuencias nefastas que provoca el uso indiscriminado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos que conforman el paquete de la agricultura industrial.
En diciembre de 2007, apenas asumió el gobernador Capitanich, promulgó la ley a través de la cual reorganizó la estructura administrativa del Estado. En el caso que nos interesa analizar, que es el de la producción, el uso de agrotóxicos, los recursos naturales y el ambiente, fueron dos los Ministerios creados. El tema “producción” se fusionó con economía y el tema “ambiente” se lo “llevó” el Ministerio de Infraestructura. De esa manera las políticas públicas en materia de biocidas pasó a la órbita de los Ministerios de Economía y de Producción.
Pasado casi dos años, ya en octubre de 2009, el gobierno decidió volver atrás. El gobernador anunció que se crearía el “nuevo” (¿?) Ministerio de Producción y Ambiente, que “se abocará al cuidado del medio ambiente”. Este Ministerio se encargaría de “la realización del registro, de las autorizaciones, de la supervisión y de la fiscalización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes”.
Los biocidas, una cuestión más que sensible
Diez años tuvieron que pasar para que se oyeran los reclamos de las madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba, que denunciaban las enfermedades y muertes de sus hijos por el uso masivo de agrotóxicos. En nuestra provincia, las denuncias de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas, a los que se sumaron los de otras localidades, generaron debates muy fuertes sobre la utilización de los plaguicidas y de los fertilizantes, seguidos de jornadas y talleres que se fueron dando en distintos puntos de nuestra geografía, incluida la legislatura del Chaco.
La creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y la intervención de infinidad de científicos de muchas Universidades, avalaron los reclamos y las denuncias de los “vecinos de los pueblos fumigados”, como se autodenominaron, debido a la generalización de la problemática en casi todo el país. Lo mismo sucedía en el Chaco con la Comisión de Contaminantes del Agua, fiscales y jueces, que daban espacio a investigaciones más profundas y serias, haciéndose eco de las denuncias, incluso con medidas cautelares bastantes protectoras. Los indicios y las evidencias hicieron visibles los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales derivados del uso de los agrotóxicos, al amparo del principio de precaución establecido en la ley nacional ambiental. Sin embargo, la negación y la “sordera” institucional fueron las respuestas comunes. Funcionarios que descalificaban y desmentían a madres y padres sobre la enfermedad de sus hijos. Otros que no se daban por aludidos sobre los controles que deberían haber efectuado y que nunca se realizaron. Se sucedían los incumplimientos por parte de las autoridades. Mientras tanto, las empresas continuaban fumigando desaprensivamente.
En junio de 2010, cuando la situación ya se tornaba insostenible, el gobernador Capitanich reconoció que “a nivel ambiental, estamos en falta”. Esto se produjo luego de que se diera a conocer públicamente el Informe que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos respecto a la situación sanitaria y ambiental de los pobladores de La Leonesa/Las Palmas como consecuencia del funcionamiento de las arroceras del grupo económico de la familia liderada por Eduardo José Meichtry.
Al reconocimiento oficial de las deudas pendientes en materia ambiental, en agosto de 2010, se sumó un hecho vergonzoso que todavía resuena en la Leonesa. Se produjeron agresiones verbales y físicas que sufrieron los asistentes, entre ellos dos diputados, a una charla científica de esclarecimiento que debía realizar el profesor Carrasco sobre el efecto de los plaguicidas en la salud. Las agresiones fueron organizadas por los que tenían y tienen intereses económicos y políticos en las arroceras, a los que evidentemente no les importó la salud pública, sino que se manejan con la lógica del dinero y el poder.
Asignatura pendiente y mal resuelta
Hubo que esperar a marzo de 2011 a que se hiciera un algún anuncio relacionado con el tema. Capitanich dijo que crearía el Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario había reconocido que la preservación del ambiente era una de las asignaturas pendientes de su gestión, tras las denuncias por incumplimiento de la ley de Biocidas. De esta forma prometió el envío de un proyecto de ley a la legislatura chaqueña. Poco tiempo después se detectó un proyecto de modificación de la actual ley 3.378 de biocidas, que contaba con un despacho de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sin que se hubieran realizado reuniones ni consultas.
El proyecto no satisfizo a las comunidades afectadas y a otros sectores preocupados por esta situación. Esto llevó a plantear la necesidad de que se realice una audiencia pública por gestión del bloque Libres del Sur, en la que pudieran participar los sectores involucrados en la temática. El gran interés generado y la cantidad de inscriptos, casi 200 personas de muchos puntos de la provincia, inclusive de los más alejados, dividió la audiencia pública en dos partes: la primera se realizó en julio y la segunda en agosto de 2011.
De las intervenciones de los pobladores de pueblos afectados, pequeños productores, técnicos de varias instituciones, organizaciones populares y sectores relacionados con la protección de la salud y del ambiente, se evidenciaron muchos puntos coincidentes. Entre las ideas compartidas sobresalieron las posturas de dejar de lado el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo porque no mejoraba el contenido de la ley vigente. También se acordó con la necesidad de prohibir las pulverizaciones aéreas, de establecer distancias mínimas para las terrestres para proteger zonas urbanas o pobladas, escuelas, centros de salud, fuentes o vías de aguas, producciones agropecuarias susceptibles y reservas naturales, entre otros espacios a proteger. También se coincidió en la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de la ley de biocidas, que hasta ahora sigue siendo atribución del Ministerio de la Producción, con sus concurrentes faltas de controles.
Creación del Ministerio de Planificación y Ambiente
Luego de sucesivos anuncios por parte de los diputados sobre el análisis de las propuestas presentadas en la audiencia pública, en diciembre de 2011, se sancionó la nueva Ley de Ministerios 6.906, en la que se estableció el rango de ministerio a la gestión de planificación y ambiente. A partir de allí, y analizando los anuncios, se suponía la solución de ciertos problemas graves y crónicos de contaminación y degradación del ambiente o, por lo menos, el inicio de las acciones para remediar las situaciones que se venían planteando. Se gestaron muchas expectativas puestas en el nuevo Ministerio, que luego desembocaron en descreimientos generalizados.
En la nueva Ley 6.906, específicamente en lo relacionado con las funciones del Ministerio de Planificación y Ambiente, se pudo observar algunas diferencias sustanciales entre lo legislado y lo anunciado por el gobernador. Entre las funciones específicas del área de Ambiente, se detalló que ejercería la función de autoridad ambiental. En general, las incumbencias establecidas apuntan a planificar, coordinar, gestionar la inclusión de cuestiones ambientales, la gestión ambiental en planes, programas y proyectos de gobierno, elaborar diagnósticos, informes y estadísticas, seguimiento del estado del ambiente y de las políticas relacionadas con organismos del propio gobierno provincial, nacional o internacional u organizaciones en general o especializadas en materia ambiental. También debía entender en las relaciones con las ong vinculadas a la cuestión ambiental y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en ninguno de los puntos se menciona que será autoridad de aplicación de la cuestión ambiental, custodiando el respeto de las leyes vigentes en la materia.
El uso de biocidas, ¡También es una cuestión ambiental!
Llama la atención que en la órbita de incumbencias del Ministerio de Planificación y Ambiente no se incluyera la aplicación de la ley de biocidas, cuestión ampliamente reclamada por la ciudadanía y que la información que distribuyera el gobierno permitía suponer. Se estableció que este Ministerio debía entender en el registro, supervisión y autorización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes. O sea que nada cambió a pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno, mientras siguen otros anuncios del mismo tipo, con igual suerte.
Y siguen los anuncios…
A principios de marzo de 2012 el flamante Ministro de Planificación y Ambiente, Ing. Raúl Codutti, anunció que una nueva propuesta del ejecutivo para modificar la ley de biocidas sería presentada en la legislatura para ser debatida. Esta propuesta incluiría “que las fumigaciones aéreas se realicen a mil metros y las terrestres a 400 de los centros poblados”, además de que el control dejaría de depender del Ministerio de la Producción.
Finalmente, el 14 de marzo ingresó a la legislatura provincial el Proyecto de Ley 498/12, que fue presentado por el ejecutivo y que sería una “propuesta mejorada” del proyecto de modificación de la ley de biocidas discutido en las audiencias públicas de 2011. A primera vista, la nueva propuesta fue una copia casi textual del proyecto discutido en las audiencias públicas, con algunas diferencias. En primer lugar, sobresale el cambio de la autoridad de aplicación que pasaría a ser la Dirección de Fiscalización Ambiental de la nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. Esta estructura organizativa aún no fue sancionada. Otro punto que aparece como nuevo y puede ser interesante, si se cumple, es el de responsabilizar de la disposición final de los envases (bidones, baldes ó botellas plásticas y latas) a las empresas fabricantes de los agroquímicos que comercializan en el territorio provincial, debiendo implementarse un sistema de recolección y transporte para retirarlos de los usuarios. Cabe preguntarse por qué solamente se pensó en los envases de productos de formulación líquida, cuando el espectro es mayor e igualmente contaminante.
Lo ambiental seguirá siendo una deuda del gobierno
El último punto, que sería “superador” del proyecto anterior, consiste en la inclusión del tema de las pulverizaciones, tanto aéreas como terrestres. Sin embargo, en el proyecto no se prohíben las aplicaciones aéreas, aunque se establecen las distancias para ser realizadas, como también las terrestres, de 1.000 y 500 metros, respectivamente. Es importante recordar que esta fue una cuestión altamente discutida y reclamada por las poblaciones. Como fácilmente se puede apreciar, las distancias contempladas por el proyecto que analizan actualmente los diputados son insuficientes para dar una verdadera cobertura social, sanitaria y ambiental. Nótese también que sólo se mencionan a los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Nada se aclara sobre las distancias a cursos de agua o embalses para abastecimiento de agua de personas o animales, cultivos sensibles, ganado, colmenas, reservas naturales protegidas, o productores orgánicos o agroecológicos que no aplican productos de síntesis químicas a sus cultivos. Son muchos los interrogantes y puntos oscuros del proyecto que se pretende sancionar. Todo indica que la cuestión ambiental va a continuar siendo una deuda de esta gestión”.
