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Después de 13 años, la causa contra Minera Alumbrera, acusada de envenenar las aguas de la cuenca Salí-Dulce con metales pesados sigue sin resolverse, continúa dando vueltas por distintos despachos de la Justicia Federal argentina. Por este motivo, los impulsores de la querella contra la firma de capitales extranjeros tienen previsto llevar el caso a un Tribunal internacional.
Fuente: Nuevo Diario
Así lo confirmó al diario El Siglo, la ex edil de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto, quien integra la parte acusadora junto con representantes de distintas organizaciones ambientalistas.
“Estamos tratando de consensuar con distintas entidades que forman parte de la querella para presentar, en agosto, un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que la causa contra Minera Alumbrera lleva 13 años sin resolverse, a pesar del enorme daño que está ocasionando con su accionar a miles de personas en Las Termas de Río Hondo y en Santiago del Estero”, expresó.
Loto explicó que “una causa de esta naturaleza, que afecta los derechos humanos y viola el artículo 41 de nuestra Constitución nacional, que dice que los argentinos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, no puede demorar más de cinco años en resolverse, cuando el caso de Minera Alumbrera ya lleva 13 años”. “Esta es una clara violación a los derechos humanos, porque por la contaminación están muriendo toneladas de peces todos los años en el dique de Las Termas y en el río Dulce, lo que constituye un daño contra los cientos de familias que pescan para subsistir y que consumen ese alimento”, argumentó.
Retardo de justicia
La dirigente de Las Termas informó que hace unos días, la querella presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán “por retardo de justicia en la causa Minera Alumbrera. Lo que planteamos es que se tiene que confirmar el procesamiento del vicepresidente de la empresa, Julián Rooney, y se eleve a juicio la causa”, dijo.
Trascendió que ese planteo habría sido denegado, con lo cual cobra fuerza la decisión de recurrir a un Tribunal internacional para que fije postura al respecto. La causa se inició en 2007, tras una denuncia promovida por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto con un grupo de ONGs ecologistas y a Loto.
