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Son 60 adultos y diez niños, cuyas casas y documentos fueron quemados durante la represión policial de noviembre. Pasaron del monte a la 9 de Julio y viven en situación de calle, con un solo baño y comiendo lo que les dan los vecinos.
Tres palabras: “No tenemos nada.” Están escritas en negro sobre blanco en una bandera que mira al Obelisco, en el rectángulo de baldosas que se forma entre la 9 de Julio, Lima y Avenida de Mayo. Sesenta miembros de la comunidad qom (también conocidos como tobas) La Primavera, de Formosa, están acampando allí desde hace cuatro meses, luego de que la represión de la policía provincial de la que fueron blanco el 23 de noviembre les dejara como saldo dos muertos, casas y documentos quemados. Entre ellos, afirman, hay diez niños menores de doce años. Esperan que esta semana la presidenta Cristina Fernández los reciba. Para esto, el jueves marcharon junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, y Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a llevar el petitorio. Exigen que el gobierno de Gildo Insfrán les devuelva las tierras en las que hoy se está levantando un nuevo edificio de la Universidad de Formosa. Por eso habían cortado la Ruta 86, motivo que agudizó el conflicto.
Domingo al mediodía. Un vecino les acerca una bolsa llena de choclos. Entonces, ponen a calentar agua con unas garrafas, los hierven y almuerzan. Los niños toman la teta. Cuentan con dos baños químicos, uno de los cuales ya está inutilizable. Piden agua, pañales, alimentos.
Daiana Pariente tiene 13 años, carita redonda como de beba, y explica un poco más la frase de la bandera: “Si no vienen los vecinos, no comemos”. Se acerca Ester Díaz, una de los hermanas del líder de la comunidad, Felix Díaz, la cara más visible de la lucha. Dice que la vida en la selva formoseña es bien distinta a esta que vienen llevando en Buenos Aires y que lo que más les da miedo de la ciudad es la noche y sus ruidos. “Nosotros somos del monte, bien silencioso, allí está nuestra vida. Acá nos da miedo estar, hay mucho borracho de noche. Todo es mucho: el ruido, la lluvia, el frío o el calor. Muchos niños tuvieron que volver con sus madres a Formosa porque se enfermaban”, cuenta. A su hijo Luis Manuel, de 16 años, lo operaron la semana pasada de una apendicitis, en el Hospital Ramos Mejía. Ester pide frazadas y abrigo para el convaleciente. A su lado, Benjamina Pérez tiene once hijos. El menor, Sergio, de 1 año y 3 meses, come ansioso un bizcochito que le convidaron. Ya se quedó sin pañales y anda descalzo sobre las baldosas mojadas por la lluvia, que los sorprendió por la tarde.
Félix Díaz, el líder de la comunidad, denuncia que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “no se hace cargo”. El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó hasta 2013 la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. El objetivo de esta ley es que, en ese plazo, el INAI realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Según la norma, durante la emergencia “quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras”. Ayer, Tiempo Argentino intentó infructuosamente contactar al titular del INAI, Daniel Fernández.
Frente a una mesa donde Soledad, de ocho años, acomoda unas artesanías, Roberto López, su papá, mira con el ceño fruncido. No le hace gracia que otra vez haya alguien con un anotador, haciendo preguntas. “Hace cuatro meses que estamos acá, muchos vienen, hacen notas y se van, nadie nos ayuda. No tenemos nada.” Nuevamente, la frase de las tres palabras. El hombre se llama igual que su padre, uno de los dos qom que murieron en la represión de noviembre.
