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Escaso presupuesto, resistencia o desidia oficial, fondos desviados o subejecutados y bajo cumplimiento de las pocas leyes en la materia. Esa es la historia de la política medioambiental de la Argentina en los últimos años. A pesar de que el tema se agitó como la bandera de los reclamos a Uruguay por la pastera Botnia durante varios años, parece que la preocupación oficial por el medio ambiente empezó y terminó ahí.
Diario La Nación
Según datos de fines de noviembre del Ministerio de Economía, las partidas de la Secretaría de Ambiente (el órgano nacional que se ocupa del tema) para este año sufrieron una reducción del 22% respecto de lo que había aprobado el Congreso (de 586.000 pesos por todo concepto pasaron a 455.000) y de esta última cifra hasta ahora sólo se ejecutó el 29 por ciento.
Algo similar pasó con los fondos para los programas destinados a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde sólo se ejecutó el 34% de los 412.000 pesos presupuestados.
A punto de terminar el año, tanta subejecución no extraña si se tiene en cuenta que la Secretaría de Ambiente recién lleva gastado el 48% de los fondos que le habían destinado en 2009 (309.000 pesos totales).
“Detrás de la mala administración de los recursos, se ve una ausencia absoluta de políticas en la materia”, consideró la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital), autora del informe presupuestario.
El tema empeora si se analiza el comportamiento oficial frente a las dos leyes medioambientales que su propia gestión sacó: la ley de bosques (2007) y la ley de glaciares (2010).
A pesar de haber sido aprobada en 2007, la presidenta Cristina Kirchner sólo reglamentó la ley de bosques en 2009, el día después del trágico alud de Tartagal, atribuido a los desmontes.
La ley frena los desmontes y los condiciona a estudios ambientales, obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas y crea un fondo de compensación a productores. Aunque la ley establecía que los fondos para su implementación “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, el Gobierno fijo un tope máximo de 300 millones de pesos, bastante lejos de los más de 1000 millones que correspondían.
Esa drástica caída no alcanzó. “De esos $ 300 millones, la Jefatura de Gabinete desvió $ 144 millones a Fútbol para Todos y $ 88 millones más a un programa experimental de manejo de bosques, con lo que el fondo para implementar la ley se redujo a unos $ 60 millones, de los cuales aún no llegó ni un peso a las provincias involucradas”, denunció Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace.
A la ley de glaciares (que busca proteger las áreas periglaciares de la actividad minera), no le fue mejor. En noviembre de 2008, la Presidenta la vetó, ante la queja de todas las organizaciones ambientales. “Los considerandos del veto eran un escándalo, porque no se puede poner una actividad productiva por encima de la protección básica del ambiente”, consideró Giardini.
Hace dos meses, sin embargo, el Congreso la volvió a aprobar, pero a los pocos días la Justicia de San Juan suspendió la aplicación en esa provincia. El Estado todavía no apeló esa medida judicial.
“En el presupuesto 2011, no hay un centavo para la ley de glaciares, cuando se necesitaban fondos para relevar los glaciares de la cordillera, como pide la ley”, agregó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Para el senador Alfredo Martínez (UCR), “el Gobierno tiene gran hipocresía; después de criticar a la pastera uruguaya incumple la ley de bosques y la de glaciares”.
En cifras
29% de lo presupuestado
Es lo que se ejecutó a lo largo de 2010 en el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las partidas sufrieron reducciones del 22,3%.
34% de lo presupuestado
Es lo que se ejecutó de las partidas previstas para obras en la cuenta Matanza-Riachuelo.
$ 67 Millones
Es el monto que quedó para implementar la ley de bosques después de los desvíos de fondos decididos por el Gobierno para otras áreas.
