Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
El periodista Darío Aranda, del diario Página 12, se basa en datos del informe elaborado por REDAF para esta nota, que da cuenta de las graves consecuencias del avance del monocultivo y la minería para las comunidades campesinas y aborígenes.
En el estudio revelamos que son más de 5 millones de hectáreas y 600 mil personas las afectadas por conflictos de tierra y medioambiente.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
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Usurpación de tierras
En la madrugada del 5 de septiembre de 2008, veinte policías y una decena de civiles armados rompieron la puerta de un rancho campesino de la familia González, en el monte de Santiago del Estero. Rodearon a Santos Ramón González, lo golpearon con palos, puños, patadas y le dispararon con balas de goma en la pierna. Lo agarraron del cabello y lo arrastraron veinte metros. Le robaron dinero familiar, herramientas y una camioneta. Lo trasladaron a la comisaría de Quimilí, donde lo torturaron durante dos días, y luego fue llevado a Tribunales y posteriormente al penal de la capital santiagueña. Las torturas nunca se detuvieron. Recién luego de tres días de detención le permitieron hablar con su abogado, lo internaron diez días en el hospital y fue finalmente liberado, previa amenaza para que deje su campo. ¿El motivo del ensañamiento? La familia González se niega a dejar la tierra donde siempre vivió. Y productores rurales insisten en quedarse con ese campo y sembrar soja.
Es sólo uno de los casos descriptos en el informe de la Cátedra Unesco de la Universidad de Cataluña, que en el apartado sobre el modelo agropecuario –llamado “Conflicto étnico territorial; imposición de un modelo cultural y agroindustrial”– detalla que el 82 por ciento de los productores del país son familias campesinas, comunidades indígenas y trabajadores rurales que ocupan sólo el 13 por ciento de la tierra. En cambio, sólo el 4 por ciento de las llamadas explotaciones agropecuarias se ha adueñado de casi el 65 por ciento de la tierra utilizada para la producción. “Más de 200.000 familias fueron expulsadas a causa de la fiebre neoliberal de los noventa que las desplazó a los barrios marginales de las grandes ciudades. En los últimos 25 años la concentración de tierra en pocas manos agravó las profundas desigualdades sociales en el campo”, denuncia.
Córdoba es tomada como ejemplo de concentración de tierras. En los departamentos del norte provincial las explotaciones agropecuarias de más de 3000 hectáreas representan el once por ciento de los productores, pero cuentan con el 70 por ciento de la superficie. En tanto, los pequeños productores, el 89 por ciento, detentan solamente el 30 por ciento de la superficie.
Los desalojos, en su gran mayoría violentos, tienen relación con la situación precaria de la tenencia de la tierra. Según un relevamiento del Movimiento Campesino de Córdoba, el 60 por ciento de los campos del norte provincial carecen de títulos, a pesar de poseer la tierra por más de veinte años y estar protegidos por leyes nacionales. “La gravedad de la situación de la tenencia de la tierra, agudizada por la expansión de la frontera agrícola y la ausencia de una política reguladora de la titularidad de la tenencia de la tierra, se observa el abandono y el hostigamiento por parte del Poder Judicial”, advierte la Cátedra Unesco y destaca que “las familias, al ser desalojadas, se quedan en el desamparo total y sin ninguna protección gubernamental”.
Santiago del Estero es un caso paradigmático del accionar judicial y policial: más de 300 campesinos están imputados por resistir el desalojo de las tierras donde vivieron por generaciones. Se trata de falsas imputaciones que acusan a los campesinos de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, daños y hurto forestal. Todos “delitos” cometidos en sus propias tierras ancestrales. “Las comunidades nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina padecen una sistemática persecución”, afirma la investigación y asegura que el avance sobre los antiguos pobladores se da con la “complicidad de gran parte del Sistema Judicial, que hace imposible impartir justicia objetivamente”.
Mendoza está lejos de ser una región de ríos caudalosos y lagos extensos que conocen los turistas. Sólo el tres por ciento de la superficie provincial cuenta con acceso suficiente de agua para desarrollar la agricultura. Con el agravante de que el 50 por ciento de esa superficie con riego está abandonada y es improductiva. Los agricultores que no poseen tierras se ven obligados a alquilar para producir, pagando al propietario con porcentajes de hasta el 50 por ciento de la producción, y los obreros rurales se ven forzados a trabajar en las tierras de los grandes propietarios en condiciones precarias.
Un apartado especial se lleva la situación de los pueblos indígenas en Argentina. Celebra que el país cuenta con un amplio marco jurídico que reconoce los derechos de los pueblos originarios, pero evalúa la situación como “grave” por la usurpación de tierras y recursos naturales que padecen.
“Las élites del agro lo promocionan como un modelo de producción muy desarrollado y eficiente. Sin embargo, genera gran contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social. La producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, generando una escasa distribución de los ingresos”, asegura la Cátedra Unesco y advierte: “Este modelo supone una de las más importantes causas del hambre en el país y una gran hipoteca hacia el futuro, ya que va terminando con bosques, aguas subterráneas y suelos”. Y concluye: “La situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica”.
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Las minas de Pan de Azúcar, Andalgalá y Esquel: Peligro de alta toxicidad
“La minería se encuadra en el desmantelamiento de su capacidad industrial y en el retorno a la mera explotación de los recursos industriales” que se produjo en los años ’90, según el informe que se presentó en la Unesco.
“El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas. La contaminación y la alta toxicidad de los insumos de la minería y de las actividades agroindustriales, así como el despojo de las tierras de muchas comunidades campesinas e indígenas, atentan contra la capacidad de subsistencia de estos pueblos”, advierte la reciente investigación “Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino 2008-2009”, realizado por la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña (España). El trabajo, realizado durante dos años y presentado en Naciones Unidas, hace eje en el modelo de agronegocios, la minería a gran escala, en cómo se violan los derechos de las comunidades rurales y vincula hechos locales con geopolítica y el reparto de roles en la economía internacional. “El rol de Argentina pasó por el desmantelamiento de su capacidad industrial y el retorno a la mera explotación de los recursos naturales que alimentan las cadenas productivas del Norte. Argentina se inserta en un concierto internacional que resulta discordante para buena parte de su población.” Asegura que el modelo extractivo “hipoteca” el futuro del país y evalúa que la situación de derechos humanos es “extremadamente crítica”.
La misión investigadora detectó la contaminación proveniente de minas abandonadas en décadas pasadas y cuyos efectos siguen afectando a la población. Y numerosos casos donde, además de la contaminación, “existen presiones y amenazas hacia la población que protesta por los daños causados”.
Confirmaron la contaminación de la mina Pan de Azúcar, cerrada en 1989, ubicada en la puna jujeña. Y verificó la existencia de una gran concentración de desechos con plomo en el centro urbano de Abra Pampa. También describe casos de Andalgalá (Catamarca) y Esquel (Chubut) para explicitar el accionar represivo de las empresas y las fuerzas de seguridad.
Señala que la explotación de la minería metalífera en Argentina (sobre todo de oro, plata y cobre) provoca consecuencias en el medio ambiente aun en zonas lejanas a los yacimientos, puntualiza los efectos nocivos de los drenajes ácidos de roca, la contaminación química por metales pesados y el uso de cianuro. En diferentes puntos del trabajo afirma que tanto empresas como gobiernos consideran a los recursos naturales simplemente como commodities, “mercancías cuyo valor justifica cualquier tipo de intervención dirigida a proveerlas al mercado internacional”.
Un aspecto poco mencionado por la clase política y el sector empresario es el monumental uso de agua que requieren las explotaciones mineras. “Las explotaciones mineras, aun antes de contaminar las aguas, compiten primero con los productores agropecuarios por su provisión.” Deja claro que los yacimientos mineros utilizan el agua de los agricultores y que destruyen importantes reservas de la biosfera.
Afirma que los yacimientos utilizan el agua pura de los acuíferos y la devuelven contaminada a los amplios piletones que hacen de basurero minero, los que drenan a las napas inferiores contaminando a los ríos subterráneos. La investigación recuerda que las multinacionales mineras no pagan por el agua que utilizan en enormes cantidades.
Sobre las donaciones y políticas de “responsabilidad social empresaria” de las compañías mineras, la Cátedra Unesco las define como “un ejemplo de asistencialismo privado, que busca manipular y condicionar la libertad de pensamiento y conciencia de los habitantes de las comunidades afectadas, que reciben beneficios por parte de las firmas, con el único fin de lograr una “licencia social” para la extracción de los recursos naturales”. Entre las empresas señaladas figuran Barrick Gold, Meridian Gold, Xstrata, Wheaton River Minerals y Northern Orion Resources.
Hace mención a la ingeniería legal que posibilita el accionar minero: Ley de Inversiones Mineras, Código de Minería, Acuerdo Federal Minero y Ley de Protección Ambiental. “El conjunto de las normas conforman un régimen legal que funciona como un traje a medida para el incremento de los beneficios empresarios”, afirma y recuerda que las empresas sólo deben pagar menos del tres por ciento de regalías a las provincias mineras.
La Cátedra Unesco de la Universidad de Cataluña destaca que las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos no sólo deben enfrentar el accionar de las empresas mineras. “El gobierno nacional y los gobernadores de las provincias mineras son fuertes defensores de este tipo de explotación de los recursos naturales.” Y recuerda que en San Juan y La Rioja existen “importantes relaciones económicas” entre integrantes de los gobiernos y las transnacionales mineras.
Señala que, a pesar de los pocos impuestos que pagan las empresas, representan aportes importantes de la recaudación de las provincias. Detalla que Minera Alumbrera representa el 70 por ciento de los ingresos fiscales de Catamarca. “Por lo tanto, el Gobierno no la investiga, ni controla los estudios que la empresa hace, ya que ésta sólo informa a los órganos de control sobre los resultados. Lo mismo ocurre en San Juan, Santa Cruz y Tucumán, entre otras. Los intereses de empresas y las necesidades de recaudación de corto plazo de las provincias están ligados, por lo que en numerosas ocasiones los gobiernos provinciales actúan como guardia pretoriana de las compañías.”
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Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Qué dice a esto Cristina Fernández, presidenta de esta República?