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La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria aprobó una soja resistente a tres herbicidas. Tras esta aprobación sólo queda el visto bueno del Ministerio de Agricultura. Organizaciones sociales sostienen que es nociva para el ambiente y la salud.
Por Dario Aranda Fuente: Página 12Una nueva soja transgénica, resistente a tres agroquímicos, está a punto de aprobarse en Argentina y genera rechazos entre movimientos campesinos, científicos y organizaciones sociales. Denuncian que es “irregular” la forma de aprobación (sostienen que se hizo en base a estudios de las propias empresas y confidenciales) y aseguran que el combo de químicos será perjudicial para el ambiente y la salud de la población. “Cuestionamos la decisión de aprobar esta nueva soja, pero también la regulación actual del sistema de aprobación de los organismos genéticamente modificados (OGM) ya que no garantiza una debida evaluación ambiental ni la inocuidad alimentaria de los transgénicos”, explicó Fernando Cabaleiro, del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma).
En diciembre de 2013, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) aprobó la “soja DAS-444O6-6” de la empresa Dow AgroSciences, resistente a los agroquímicos glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. El dictamen señala que no representa riesgos para la salud ni para el ambiente. Y da vía libre para que el Ministerio de Agricultura de la Nación dé la última aprobación.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente denunció que no se cumplieron los pasos administrativos que obliga la legislación nacional (audiencias públicas –leyes 24.375 y 25.675–) y afirmó que no se realizó un “debido e integral estudio de impacto ambiental”. Remarcó que los estudios de riesgos se realizaron en espacios reducidos llamados “agroecosistema”, una parcela agrícola que no tiene en cuenta la coexistencia con el ambiente lindante ni los efectos de los agroquímicos en los campos vecinos.
El Celma realizó una presentación de impugnación en el Ministerio de Agricultura, exige audiencias públicas y una correcta evaluación de impacto ambiental.
La aprobación de transgénicos en Argentina se realiza en base a estudios presentados por las propias empresas. El abogado Cabaleiro reclamó que esos estudios (sobre todo los que señalan la supuesta seguridad ambiental e inocuidad alimentaria) sean públicos para ser evaluados por científicos e instituciones ajenas a las empresas.
La forma en que se aprueban los transgénicos y el avance de la frontera agropecuaria son cuestionados por la gran mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar: Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra), entre otras.
A las objeciones por la nueva soja se sumaron la Red por una América latina Libre de Transgénicos (Rallt), Campaña Paren de Fumigarnos y Alianza Biodiversidad. Iniciaron una campaña internacional: “El 2-4-D es un herbicida más peligroso que el glifosato, por lo que los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo transgénico se ha apilado una combinación de herbicidas”.
Las organizaciones coinciden con las críticas del Celma (falta de participación ciudadana y falencias en los estudios ambientales) e incluso alertan a los productores de soja: “Al aprobar un cultivo con resistencia al 2-4-D, será muy difícil colocar los granos en los mercados debido al rechazo de los consumidores del resto del mundo para este tipo de cultivos”. También se sumó a los cuestionamientos Greenpeace.
El 2-4-D es un herbicida que se utiliza desde 1940, muy cuestionado a nivel internacional y ya fue prohibido en Dinamarca, Noruega y Suecia.
“Ventaja selectiva”
“Segunda fase de evaluación. Documento de decisión”, es el título del documento oficial con el que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura dieron la aprobación técnica a la soja transgénica de la empresa Dow AgroSciences, resistente al glifosato, glufosinato de amonio y 2-4-D. “Se concluye que los riesgos derivados de la liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de soja no GM (genéticamente modificados)”, expresa el informe, diez carillas principalmente escritas en lenguaje técnico.
En la página 4, ítem “Evaluación de riesgo”, señala que la presencia de genes tolerantes a los herbicidas “confiere una ventaja selectiva” y sostiene que “es muy poco probable que, como consecuencia de su consumo, puedan transferirse genes desde alimentos que contengan ácidos nucleicos derivados de esta soja hacia microorganismos presentes en el tracto digestivo”.
Afirma que en 2010 se realizaron ensayos en campo en diez localidades de Estados Unidos. Y en Argentina se experimentó, según el informe de la empresa, entre 2010 y 2012. En la página 9 descarta impactos negativos en el “agroecosistema” y afirma que los estudios “no muestran niveles que permitan indicar posibles efectos tóxicos o alergénicos”. En la última página hace dos recomendaciones: que se implemente un plan de prevención y manejo de resistencia en malezas y recomienda que haya “el correspondiente registro” para la aplicación del herbicida 2-4-D. En el dictamen no figuran los nombres de quienes firmaron la aprobación de la soja.
El consumo de pesticidas
“El consumo de pesticidas aumentó el 858 por ciento en los últimos veinte años, según datos de las propias empresas. Hay un gran negocio para la industria mundial de venenos y se genera un gran problema para la salud colectiva”, detalla la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en su informe “El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente”, y precisa que en la campaña 2012/2013 las empresas facturaron 2381 millones de dólares y se utilizaron en los campos argentinos 317 millones de litros de pesticidas.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados tomó estadísticas de Casafe (la organización que reúne a las empresas de agroquímicos). El glifosato es el agroquímico más utilizado en Argentina, concentra el 64 por ciento del total de las ventas y se aplicaron 200 millones de litros en 2012. La superficie de cereales y oleaginosas aumentó 50 por ciento entre 1991 y 2012 (de 20 millones a 30 millones de hectáreas). En 1991 se consumieron en el país 39 millones de litros de químicos en el agro y en 2012 llegó a 335 millones (858 por ciento más).
