El impacto social y cultural que tiene la deforestación en la población está invisibilizado

Graciela Elizabeth Bergallo es Magister en Antropología Social. El 19 de octubre presentó en la ciudad de Resistencia el libro ‘Bosques, Culturas y Derechos. El impacto Sociocultural de la Deforestación en Territorios del Chaco‘. Acompañaron a Bergallo en su presentación el Dr. Julio Cesar García (Subsecretario de Promoción de Derechos humanos del Gobierno del Chaco), la Lic. Ana Isabel González Montes (antropóloga social), Elizabeth González (Coordinadora Judicial de los tres Pueblos Indígenas), Egidio García (dirigente Qom) y Rubén Lucas (dirigente Wichí). Entrevistamos a la autora del libro, una de las socias particulares de Redaf.

La publicación ‘Bosques, Culturas y Derechos’ está basada en un informe antropológico-social ordenado en el 2014, a partir del seguimiento de un fallo del año 2004 de la Dra. Iride Isabel Grillo, en ese momento titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia. En dicho fallo declaraba inconstitucional la ley de bosques hasta ese momento vigente en el territorio chaqueño, Ley Provincial  N° 5.285/2003. Pero además ordenaba al Estado la realización de una evaluación de impacto ambiental y social de la deforestación producida y por producirse (si es que continuaba el mismo ritmo de deforestación). Esa evaluación recién comenzó a implementarse en el año 2013. Finalmente, el Informe Antropológico-social fue presentado en el Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia (Chaco) en diciembre del año 2015. El mismo daba cuenta de varias cuestiones estructurales e históricas y especialmente del impacto sociocultural de la deforestación en comunidades campesinas e indígenas.

A continuación ofrecemos la entrevista a Elizabeth Bergallo:   

 Redaf_ ¿En qué marco se realizó la investigación que este libro hace público?

 Elizabeth Bergallo_ Yo fui convocada por la doctora Grillo cuando ella estaba a cargo de lo que se conocía como ‘la causa por deforestación’. En realidad era una acción de amparo iniciada por tres asociaciones Wichi, a comienzos del dos mil, en ese momento con la asesoría jurídica del Dr. Julio García de Endepa.

Mg. Elizabeth Bergallo. Foto: Librería/Editorial Contexto

Esa causa tuvo sentencia en el año 2004. Declaraba la inconstitucionalidad de la ley provincial de bosques y ordenaba al Estado la realización de una evaluación de impacto ambiental y social de la deforestación producida y proyectada. Esa evaluación no la hizo el Estado provincial, en su momento con gestión radical, y posteriormente tampoco se  realizó hasta el año 2013, en que la jueza designa tres personas para ver si esa sentencia se había cumplido de alguna manera -porque una de las obligaciones de los jueces es que se controle que sus sentencias se cumplan-. Designó a un biólogo, una ingeniera agrónoma y a mí desde el área de antropología social. En ese contexto es que yo realizo ese informe para la Justicia. Fue muy complejo porque era una causa muy grande, en la cual se fueron incorporando otras denuncias realizadas por Greenpeace y la Fundación Nelson Mandela. O sea que en el informe que presenté tuve que tomar varios aspectos, y entre ellos hice foco en la zona wichí como estudio de caso.  

_ ¿Por qué te parece importante publicar este informe?

_ En principio porque es información pública. Y me parece que es importante para que se profundicen ciertos temas. Normalmente se ve algo gravísimo que es la deforestación, la caída de los árboles, con todo lo que esto provoca. Hay tecnología que permite ver como se va desmontando día a día.

Ahora, lo que está invisibilizado, porque quizás no se comprende bien, es el impacto social y cultural que tiene la deforestación en la población, especialmente en la indígena. Y sobre esto hay instrumentos normativos muy específicos que protegen social y culturalmente a los pueblos, y especialmente a las poblaciones indígenas.

 _ ¿Cuales han sido las conclusiones más relevantes del informe?

_ Una es el análisis de los componentes culturales y sociales de la legislación, de las reglamentaciones que hay en lo que normalmente está vinculado a lo ambiental. Por ejemplo analizo el componente de ‘participación’, que normalmente está bastante ausente en las políticas públicas. O sea, por ahí se pone el acento en la evaluación del impacto ambiental –que además se lo hace mal, y lo hacen profesionales del área privada- y el acento no está puesto en medidas para que la gente participe en las decisiones políticas que afectarán sus vidas, sus territorios. La no consulta a estos pueblos es histórica. Es una cultura política donde los de arriba deciden y los de abajo no participan. Una de las cosas que se cita en el informe es cómo fueron los procesos de ordenamiento territorial, y las quejas que ha habido de muchos grupos, organizaciones no gubernamentales por la escasa participación que han tenido estos procesos.

Presentadores del libro: Ana González Montes (1ª a la izq.), Julio Cesar García (2º a la izq.), Elizabeth González (1ª a la der.) y Elisabeth Bergallo (abajo)

Por otro lado, hay una especie de análisis histórico de cómo se fue produciendo la deforestación -que fue paralela a la concentración de la tierra en toda la región, no solamente en la provincia del Chaco-. También analicé cómo se aplican los instrumentos de evaluación de impacto ambiental en los proyectos de cambios de usos del suelo, o sea en los permisos de aprovechamiento de cambio de uso del suelo. Y hay un capítulo sobre salud, porque fueron apareciendo graves problemas de salud, justamente por el modelo dominante.

Respecto a la población indígena, hice un estudio de caso en la zona wichí.  Especialmente en el propio territorio indígena donde se produce todo un avasallamiento. Hago un análisis minucioso de cómo se logra entrar, como se fractura a veces una comunidad. O sea, cómo se provocan conflictos dentro de las mismas organizaciones indígenas -que también se suman a los impactos- por los grandes intereses que hay. Pero también cómo afectan su territorio, sus espacios históricos, sus espacios de significación cultural, sus lugares de donde se proveen alimento, de cómo se utilizan esos bienes que hay en el territorio para sus vidas. En definitiva, cómo todo esto se destroza, cómo se arrasa con toda la significación espiritual que esto tiene. Y que finalmente esto significa una forma de expulsar a los pueblos de su territorio. Porque alguien a quien se le va privando de todo esto -de estos lugares que tienen significación vital para las comunidades- y son despojados y terminan sufriendo esta violencia, a veces terminan yéndose de sus lugares.  

_ ¿Qué antecedentes conocés de este tipo de investigación con alto componente interdisciplinario?

_ Exactamente, interdisciplinario. Lo que uno va viendo es que inevitablemente tiene que tocarse con otras disciplinas. Porque la realidad es así, está todo unido, no está dividida en disciplinas. Y por otro lado lo importante que es escuchar a los actores que viven estas situaciones. Eso es absolutamente importante entenderlo, que a veces las disciplinas no terminan de interpretar lo que la gente siente, vive, padece en el territorio.

Imagen: Greenpeace

Hay algunos antecedentes. Informes antropológicos-sociales en algunas causas por la legitimación de los territorios indígenas, especialmente en la provincia de Salta, realizados por gente que viene trabajando en la Universidad. Pero no hay muchos antecedentes. Porque, como te decía, lo cultural y lo social son cuestiones que todavía no están bien visibilizadas. Lo que se ve y se toca es lo que existe, aunque hay cuestiones que a veces pasan como invisibilizadas. Pero hay legislación, hay derechos muy precisos respecto a estas cuestiones que también son herramientas legales de las que pueden hacer uso las poblaciones para defender sus derechos.