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Lo afirmó Julio García, titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Chaco –dependiente del Ministerio de Gobierno. Hizo estas declaraciones tras haber sido amenazado por “guardias” del predio que una firma cordobesa compró ilegalmente a una comunidad mocoví en Pampa del Infierno. El mismo abogado trabajaría para la firma y para el municipio.
Fuente: Chaco Día por Día
El titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Chaco –dependiente del Ministerio de Gobierno-, Julio García, consideró que la justicia debería investigar si en la provincia existe algún tipo de banda o asociación ilícita que se dedica a la venta ilegal de tierras, entre ellas las de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.
Junto a los dos vocales del IDACh por la etnia mocoví, García se presentó el viernes último en las tierras que están bajo litigio para tomar contacto con las familias que permanecen en el lugar y fue amenazado con un arma de fuego por los “guardias” de la firma cordobesa Bajo Hondo que compró en forma ilegal un predio de casi cinco mil hectáreas de propiedad comunitaria indígena, transacción expresamente prohibida por la Constitución de la provincia del Chaco desde el año 1994. Vale recalcar que gran parte de la comunidad mocoví abandonó el lugar a fuerza de promesas en un procedimiento que involucró la participación de escribanos y de un abogado de la firma cordobesa que también trabajaría para la Municipalidad de Pampa del Infierno. Actualmente, algunas de esas familias intentan volver a ocupar los territorios que les pertenecen por ley.
“Hay que investigar si en la provincia del Chaco existe alguna asociación ilícita porque la verdad que hay que verificar cuáles son los actores que están jugando en el tema tierras”, exhortó el funcionario del Ministerio de Gobierno del Chaco, Julio García, en declaraciones a RADIO CIUDAD. En ese sentido refirió que “el escenario de Santiago del Estero, con muertos, con desalojos de campesinos e indígenas no es casualidad sino fruto de una banda. Hay que investigar si en el Chaco no existe una banda que ha comenzado a trabajar en estos temas”.
El titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano advirtió que “todos los que estamos relacionados de manera directa e indirecta con el tema de la tierra sabemos del tremendo desfalco que ha habido en la provincia del Chaco y eso nos exige. Lo digo por los que han actuado con algún tipo de ingenuidad, de desconocimiento o no dimensionando el hecho, pero todos sabemos de la gravedad de esta situación”.
“Al menos debió haberse requerido la información pertinente porque estos actos son nulos y de nulidad absoluta”, precisó García, quién puntualizó que “la Constitución del Chaco prohíbe expresamente la venta de tierras indígenas. Antes existía una legislación que era por veinte años. A partir del año ’94 saca del comercio la tierra indígena para evitar que los grupos vulnerables queden a la merced de quienes tienen capital”.
El funcionario provincial reveló que también interviene el IDACh, además del Ministerio de Gobierno y el Instituto de Colonización. Y advirtió que “la justicia esperamos que no termine esta historia como siempre: con los indígenas como usurpadores y las empresas en el marco de absoluta legalidad como si acá no hubiera pasado nada y nadie investiga nada”.
