Una familia Qom, dirigentes campesinos y una comunicadora van a juicio oral por defender tierras indígenas

El 28 de marzo pasado, el portal digital ‘Chaco Día por Día’ informaba que “en fallo dividido, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme la elevación a juicio oral contra la familia Adriani – Berdún, que se resistió al desalojo de sus tierras”. Y agregaba que “también se imputa a dirigentes de organizaciones campesinas que los acompañaron y una periodista que cubrió el procedimiento”.

Según el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente de la REDAF, en su último informe publicado, 224 casos de conflictos relevados en la Región Chaqueña “se producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia de la tierra” (1). Puntualmente en la provincia del Chaco, son 46 los casos relevados de conflictos de tierras, con más de medio millón de hectáreas afectadas y que involucran a 3.300 familias campesinas e indígenas (19.900 personas). (2)

Dentro de esas familias de las que habla el informe se encuentra la de Adriani-Berdún, una de las partes alcanzadas por el reciente fallo del Tribunal Superior chaqueño. Con respecto a las tierras en conflicto, dicha familia “vivía allí desde hace 50 años”, y uno de sus antepasados desde antes, inclusive. En el año 1989, el Instituto de Colonización Provincial le entrega el título de propiedad a una persona, con la familia incluida dentro de la misma propiedad. A partir de los años 2004-2005 esta persona “denuncia por usurpación a la familia”, y allí “comienzan los problemas de desalojo, todos sin previo aviso”.  (2)

Como bien dice ‘Chaco Día por Día’, “pese a que se encontraba prohibido por la vigencia de la ley nacional 26160, en octubre de 2010 una familia qom fue desalojada violentamente de los territorios que había ocupado durante décadas en la zona rural de la ciudad chaqueña de General San Martín, 120 kilómetros al norte de Resistencia, y la periodista Diana Della Bruna registró fotográficamente aquel procedimiento”.

Al poco tiempo de este hecho, la legislatura chaqueña expropió dichos terrenos y se los otorgó nuevamente a la familia Qom, en el marco de la aprobación de una ley de Reparación Histórica. Pero esta medida no modificó la vía judicial, tal como lo señala el informativo digital chaqueño: “A pesar de que el conflicto se saldó en el marco institucional, la causa penal por la supuesta usurpación siguió abierta y hace pocos días el Superior Tribunal de Justicia rechazó el último recurso para evitar que la familia Adriani- Berdún, dirigentes de organizaciones campesinas -entre ellos, el ya fallecido Mártires López- y la trabajadora de prensa vayan a juicio oral acusados por los insólitos delitos de  ‘desobediencia judicial, atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada y usurpación’ ”.

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Redaf entrevistó a uno de los abogados defensores en esta causa, el Dr. Gonzalo García Veritá, integrante de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena  y de la Junta Unida de Misiones (JUM).

 

REDAF_ ¿Cuál es su opinión sobre la elevación a juicio oral para las personas involucradas?

 Gonzalo García Veritá_   Nos parece muy grave el último fallo del Tribunal Superior de Justicia que por mayoría, con el voto en contra de la Dra. Iride Isabel Grillo, ha pedido la elevación a juicio y el desconocimiento del planteo de nulidad que hemos hecho los abogados defensores. Me parece que el caso en general es muy complejo, de una fuerte criminalización a la defensa de los territorios de las comunidades indígenas y al compromiso de los comunicadores. De hecho, Diana Della Bruna publicó en la revista Acción de Incupo sus fotografías, que están incorporadas al expediente, mostrando qué es lo que estaban haciendo ese día en la ocupación, y en el acto de defensa indígena, con lo cual a nosotros nos parece por lo menos un despropósito.

Y una cosa muy importante que hay que remarcar: la tierra que era ocupada en ese momento del desalojo fue entregada a la comunidad indígena en concepto de ‘Reparación Histórica’. La legislatura de la provincia del Chaco expropió el territorio, y el Poder Ejecutivo promulgó la ley de expropiación, y las familias indígenas volvieron a ocupar los predios. Pero el poder judicial sigue intentando, en este caso, llevar al banquillo de acusados a dirigentes indígenas que defendieron, con lo que pudieron, su ocupación ancestral en el territorio indígena del Chaco.

 

R_ ¿Hay algún antecedente, por conflictos de tierra, que se haya llegado al juicio oral en la provincia del Chaco?

 GGV_ Que se haya concretado un juicio oral creería que no, que no tenemos un antecedente inmediato. Habría que relevar en profundidad, pero creemos que no. Porque la mayoría de los dirigentes que fueron imputados en este proceso, y que fueron acusados por hacer defensas territoriales, tienen suspensión de juicio a prueba (conocido como ‘probation’), y que en realidad es un reconocimiento de su situación penal, donde el juez les pide que no vuelvan a cometer delito en un tiempo determinado. La idea es que se suspenda el juicio oral fundado en que son juicios primarios, que no cometieron otros delitos, etc. Pero que se haya realizado efectivamente un juicio oral por defensa territorial no lo tengo presente.

 

R_ ¿Existe la posibilidad de que vayan presos los acusados?

 GGV_ Hay que ver…porque son muchos los imputados. Los acusados tienen distintos grados de causas previas, y algunas son acumulables. Yo entiendo que en principio no. Pero no se trata solamente de la cárcel como prisión, si no que se trata del discurso del Estado que está sometiendo en un juicio penal a dirigentes y a luchadores sociales. Algunos de los delitos que son imputados no necesariamente tienen que ver con la cárcel, pueden ser inhabilitaciones o multas también. Pero, con independencia de la pena que podrían o no tener, me parece mucho más relevante el peligroso discurso del poder judicial que está bajando a los dirigentes sociales. El Poder Judicial de la provincia del Chaco, en su máximo órgano, está validando que acá existe un delito que estaba prohibido por la ley, por una ley federal. No estamos hablando de una duda y de si había o no ocupación ancestral indígena. Estamos hablando de que el Poder Judicial, primero, se convirtió en un actor de una violación grave en los derechos indígenas, generando un desalojo cuando estaba prohibido por ley. Y ahora, a los indígenas que se resistieron de ese desalojo, y a una comunicadora que estaba grabando -y esto me parece muy trascendental, que estaba registrando el momento- se los va a llevar a juicio oral por la posible responsabilidad criminal que correspondieren tener.

Y esto agravia la democracia, y esto nos agravia como Estado. Nuestra provincia, que es una provincia pionera en el reconocimiento de derechos humanos de pueblos indígenas, expone a dirigentes campesinos, indígenas y comunicadores sociales con un claro  compromiso a semejante proceso. Me parece muy complejo en términos democráticos. Yo creo que el debate que nos debemos como sociedad es: ¿cómo puede pasar que el Poder Judicial pretenda formalizar semejante acusación cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo han entregado las tierras, en concepto de ‘Reparación Histórica’, a sus verdaderos dueños, a los que la Constitución Nacional y la de la provincia del Chaco reconocen como preexistentes al Estado mismo?

Tenemos la firme decisión de acudir a la Corte Suprema de la Nación para que termine de resolver este diferendo; y si no encontramos la recepción que exige la Constitución en la Corte Suprema, analizaremos la vía internacional.

 

 

(1). 3º Informe sobre ‘Conflictos sobre Tenencia de Tierra y Ambientales en la Región del Chaco Argentino’, Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente (REDAF), 2013.

(2) Datos del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente (REDAF).