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La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
La Ley 26.160 ordena frenar los procesos judiciales que implican desalojos de comunidades indígenas e insta a relevar los territorios indígenas de todo el país. A seis años de sancionada (2006), sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 por ciento). En territorio fueguino se declara sólo una comunidad y dos en Catamarca. Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87 por ciento), San Juan (80 por ciento), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40 por ciento de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23 por ciento (12 de 52), 17 por ciento en Misiones (18 de 103), 13 por ciento en Chubut (14 de 108) y 10 por ciento en Jujuy (30 de 295 comunidades).
Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se finalizaron los censos catastrales de dos. En Neuquén existen al menos 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento.
Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48 por ciento. “El resultado que arroja el cuadro es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, advierte el informe.
Cuestionamientos
El informe de Endepa detalla que la aplicación de la Ley 26.160 acumula denuncias por incumplimiento e irregularidades.
-El 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órganos de control de la ejecución de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, recomendaron el cumplimiento sin más demoras de la Ley 26.160 y la efectiva suspensión de los desalojos.
-En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado la adopción de medidas cautelares inmediatas para la protección de las comunidades Paichil Antriao del Pueblo Mapuche en Neuquén y La Primavera del Pueblo Qom en Formosa, en donde el proceso de relevamiento de tierras aún no ha comenzado. A fines de 2012, la Comisión realizó una nueva solicitud de medidas cautelares para la protección de la comunidad el Nogalito del Pueblo Lule en Tucumán, hostigada por terratenientes ante la omisión estatal en realizar la demarcación de sus tierras.
-El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó Argentina a fines de 2011 y expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de relevamiento territorial y la necesidad de que se cumpla con la suspensión de desalojos dispuesta por la Ley 26.160.
-En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió sobre los retrasos en la ejecución del relevamiento.
-A mediados de 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe en el que detalló el bajo nivel de cumplimiento, irregularidades y desmanejo de fondos.
-En julio de 2013, la Corte Suprema intimó al INAI para que inicie el relevamiento de la comunidad La Primavera de Formosa.
La Ley 26.160 determinaba que en tres años debía completarse el relevamiento. En 2009, dado el nivel de incumplimiento, se prorrogó hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554). El presidente del INAI, Daniel Fernández, aseguró públicamente que será prorrogada nuevamente.
“La contratara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas y al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por por Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Red Agroforestal (Redaf) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entre otros.
22 millones
La Ley 26.160 y su prórroga determinan que el INAI debe administrar 60 millones de pesos para realizar el relevamiento catastral. El estudio de Endepa precisa, en base a información oficial, que utilizó de manera “descentralizada” (mediante equipos e instituciones provinciales) 23 millones de pesos. Con los cuales comenzó el relevamiento en 250 comunidades, pero lo finalizó sólo en 131.
El dato más llamativo en cuanto a lo económico es la transferencia realizada desde el INAI a la Universidad Nacional de Lanús, de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012 “para realizar tareas que no se han detallado, en una operatoria cuya legalidad cuestiona duramente la Auditoría General de la Nación”.
El informe asegura que la Universidad de Lanús no cuenta con carreras o centros de investigación que “se vinculan de modo importante con la problemática indígena, o se orientan hacia la antropología, la agrimensura o el catastro rural, que son las disciplinas necesarias para la ejecución del relevamiento”. Además explica que desde Endepa se consultó a los equipos provinciales que sí relevaron comunidades y todos “coincidieron en que la Universidad de Lanús no tuvo vinculación con las tareas realizadas” por los equipos técnicos de terreno.
“Cualquiera hubiera sido realmente la calidad del servicio prestado, es sin duda exagerado que un asesoramiento de ese tipo justifique que se le destine aproximadamente la mitad de los fondos utilizados en el programa de relevamiento (…) Sin que semejante gasto se encuentre justificado siquiera mínimamente, lo que permite suponer razonablemente un desvío de fondos para usarse por fuera de los circuitos normales de control de la administración pública, sin ninguna transparencia ni rendición pública por parte del INAI”, denuncia el informe y detalla que, de los 60 millones asignados, ya se utilizaron 46 millones (el 76 por ciento) que “contrastan con el magro cumplimiento del relevamiento”.
Relato
El 23 de julio de 2012, el INAI emitió un comunicado en el que aseguró que, a partir de la sanción de la Ley, “se evitaron 14.000 desalojos”. Sugiere que FUE por acción del gobierno nacional a través del INAI.
El INAI reconoce la existencia de 1578 comunidades. Por lo cual, habría evitada un promedio de nueve desalojos por cada comunidad indígenas de Argentina. “Lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”, afirma el trabajo de Endepa y precisa que “el carácter fantasioso de esta cifra del INAI” puede ilustrarse con el ejemplo de Neuquén, donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a 70 juicios “en los que el INAI no ha tenido la menor intervención”.
Sin embargo, según el comunicado del organismo que comanda Daniel Fernández y que depende de la ministra Alicia Kirchner, el INAI habría evitado más de 500 desalojos en Neuquén. “Del mismo modo es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades en esas o en otras provincias no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”, cuestiona Endepa.
El INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuáles habrían sido esas 14.000 intervenciones que impidieron desalojos.
Daniel Fernández, presidente del INAI, no pudo precisar ninguna intervención en la que haya frenado un desalojo.
Realidad
Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe (10 meses de vida), Imer Flores (de 12 años) y Daniel Asijak (de 16 años), Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son los nombres de asesinatos y muertes dudosas de los últimos años que figuran en informe de Endepa.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas, que no aparece en la contemplación de cifras que sólo aluden a la ineficiente gestión administrativa. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe y recuerda que “las víctimas de esta política son los pueblos y comunidades indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
