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Salta: Siguieron adelante con Desmonte pese a que la provincia lo suspendió

noticia-el-escrito.jpgLas comunidades indígenas El Traslado, El Escrito y Zopota, del pueblo wichí, en el departamento San Martín, pidieron otra vez alos gobiernos provincial y nacional que “tomaran medidas urgentes para salvar nuestro territorio y hacer cumplir nuestros derechos”.

Fuente: Nuevo Diario (Salta)

El petitorio fue elevado el 4 de junio, luego de que comprobaran que, a pesar de que la Secretaría de Política Ambiental había ordenado la suspensión de este desmonte, ya concluyó la tala de unas 11 mil hectáreas en la finca Guamache.

Encima, ahora estaría por realizarse otra tala en seis mil hectáreas de la finca Zopota, vecina a la anterior y donde vivieron desde antiguo estas comunidades.

Los propietarios de la finca Guamache, Santiago Gutiérrez Cantilo, Luis Dillon, Carlos Viton y Enrique Baya Casal, obtuvieron los permisos para desmontar dos fracciones de 6.770 y 1.091,4 hectáreas de la finca Guamache, de 11.136 hectáreas, durante la gestión de Juan Carlos Romero, en 2007.

En febrero pasado estos permisos fueron impugnados, junto a otras 17, por la Fundación Asociana, asesora técnica de las comunidades.

También el delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, objetó estas autorizaciones en nombre de la Comunidad El Escrito.

El 15 de mayo pasado la Secretaría de Política Ambiental, entonces a cargo de Catalina Buliubasich, aplicó el principio precautorio previsto en la ley provincial 7070, que habilita a detener una actividad o proyecto de desarrollo que pueda provocar un daño irreversible al medioambiente, y dispuso “la suspensión preventiva y paralización inmediata de toda actividad forestal y de desmonte desarrollada o a desarrollarse sobre las matrículas 29629 y 29630 del departamento San Martín, (…) finca denominada `Guamache`, hasta tanto se determine la supuesta existencia de daño ambiental”. Esta decisión fue notificada a la Policía

Sin embargo, las Comunidades aseguran que el desmonte se llevó a cabo: “Hace menos de 20 días terminaron de matar una gran extensión de monte (11 mil hectáreas)”, sostienen siete representantes en el pedido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, su par de la provincia, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) y la Secretaría de Ambiente de la Nación.

“Seguimos amenazados por el peligro de perder los últimos desmontes que nos quedan”, aseguraron Roberto Sánchez y Bautista Frías, entre otros firmantes de la petición.

Sobre el desmonte que estaría por comenzar en la finca Zopota, que linda con Guamache, sobre la ruta provincial 135, recordaron que este lugar ya fue talado “hace más de veinte años, y recién hoy están volviendo algunos animales y está creciendo un monte” de brea, algarrobo y chaguar. “Hoy (4 de junio) vimos dos topadoras y cadenas”.

Indicaron que con este desmonte El Escrito quedará en el medio, “en una cortina (de monte) de 50 por 100 metros”. “Esta situación pone en grave peligro nuestra forma de vida, nuestra alimentación, ya que del monte recogemos la miel, frutos y cazamos, como también recogemos la leña que necesitamos”, explicaron las autoridades wichi, para quienes estos desmontes son la demostración de que “se siguen burlando de nuestros derechos constitucionales y de las leyes y convenios internacionales (como el 169 de la OIT) que dicen que están a nuestro favor”.

Y advirtieron que si se concreta este desmonte en Zopota, y otros como los que ya cuentan con permisos, como los de las fincas Balbuena (de 11 mil hectáreas), La Hercilia (de 7591 hectáreas) y El Alamo (también suspendido), ubicadas todas en el territorio ancestral de las tres comunidades, estarían “siendo desalojados y obligados a irnos al pueblo”, por lo que pidieron que “se tomen medidas para detener cualquier acción en estas tierras, que se cumpla con la ley 26160, en la que dice que no se puede desalojar a las comunidades indígenas”. para que la hiciera cumplir.

Un comentario

  1. Deberian ir a fuentes confiables, la onda del gobierno es apañar estos hechos de acusaciones falsas.
    Asociana persigue otros intereses diferentes al bienestar de los aborígenes. Pero bueno sigan mintiendo, son los dueños de la verdad.

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