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Greenpeace denunció que en los últimos dos meses se desmontaron 6350 hectáreas con el visto bueno del gobierno de Salta. Desde la Nación le reclaman a la provincia que frene los permisos otorgados al margen de la ley.
Los depredadores de los montes salteños no dan tregua. Con el visto bueno del Estado provincial, que autoriza la tala en áreas protegidas, en los últimos dos meses se desmontaron en Salta más de 6350 hectáreas que estaban amparadas por la Ley de Bosques. La superficie deforestada equivale a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, denunció la organización Greenpeace. Además, otras 120 mil hectáreas están en serio riesgo de ser destruidas debido a que el gobierno provincial ya otorgó los permisos para desmontarlas, a pesar de ser bosques nativos protegidos por la norma nacional. Se trata de áreas habitadas por comunidades indígenas y campesinas, que son las grandes perjudicadas por el avance de las empresas agropecuarias sobre el monte, coinciden en la Subsecretaría de Política Ambiental de la Nación. Su titular, Silvia Révora, dijo a Página/12: “Ya le hemos pedido a Salta que anule los decretos que permiten el desmonte y dé marcha atrás con los permisos otorgados”. Sobre la actitud de las empresas, la funcionaria opinó que “la voracidad capitalista es enorme”.
“Hay una connivencia del gobierno provincial con las empresas, que nos preocupa”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, afirmó el ambientalista.
En mayo último, Página/12 publicó que dos decretos provinciales permitían hacer excepciones a las normas de protección que ya habían provocado el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazaban en ese momento con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. De esa superficie, en estos dos meses, fueron deforestadas 6350 hectáreas. Un informe de Greenpeace revelaba cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri, y Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o al pastoreo de ganado. Mediante fotografías e imágenes satelitales, Greenpeace documentó el impacto ambiental de los desmontes que se están realizando en áreas prohibidas con la autorización del gobierno de Salta, según el siguiente detalle.
- 1900 hectáreas desmontadas en la finca “La Luz del Chaco” (de Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y Agro-Noa SRL).
- 1700 hectáreas desmontadas en la finca “El Carmen” (perteneciente a Aldo Navilli, Molino Cañuelas SA, Compañía Argentina de Granos SA).
- 1100 hectáreas desmontadas en la finca “La Peregrina” (de Bruno Mauricio Varela Marín).
- 800 hectáreas desmontadas en la finca “La Maravilla Lote A4” (propiedad de Alejandro Roggio y Spinica SA).
- 850 hectáreas desmontadas en la finca “Morocoyal” (de Exportin SA).
Con el desmonte no sólo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, que son habitantes ancestrales de ese suelo, aunque carecen de títulos de propiedad. “La semana pasada hubo un corte de la Ruta 81, que comunica la provincia de Salta con Formosa, en oposición a los desmontes”, comentó Giardini.
“La provincia de Salta está violando la Ley Nacional de Bosques”, enfatizó el integrante de Greenpeace. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno provincial?
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, establece que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) en forma participativa, con criterios ambientales, pero también económicos y sociales, mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (áreas verdes, según el color con las que se las señala en los mapas); en cuáles está prohibido (señaladas en rojo); y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles, pero sin desmontar (en amarillo).
La Legislatura provincial sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial y el mapa quedó diseñado recién en 2009. La nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303.018 hectáreas quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones, pero no el desmonte. Así se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los propietarios rurales eso no fue suficiente.
Los propietarios se valen de los decretos 2211/10 y 3136/11, sancionados por el gobierno provincial, que permiten la recategorización de áreas en las que el desmonte esté restringido o prohibido.
“Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del resto de las provincias frente a la sistemática violación de la Ley de Bosques que impunemente realiza el gobierno de Salta”, cuestiona Giardini.
Desde la Subsecretaría de Política Ambiental, su titular, Silvia Révora, asegura que “el sistema federal impide que la Nación adopte sanciones contra la provincia por el incumplimiento; cualquier sanción debe ser tomada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, que integran los ministros del área de todas las provincias”. “Estamos participando de las audiencias públicas y dejamos constancia de nuestra oposición a los desmontes. Y le hemos pedido al gobierno de Salta que derogue los decretos y que frene los desmontes que autorizaron”, aseguró.
“Nosotros hemos hablado con Greenpeace, pero también con las organizaciones que trabajan en el territorio, con las comunidades aborígenes, que son las principales afectadas por los desmontes”, concluyó Révora.
“No podemos adoptar sanciones”
La Nación le aportó a Salta unos 45 millones de pesos para solventar los proyectos de protección de bosques presentados por algunas de las fincas. ¿Por qué no se cortan estos aportes si la provincia no cumple con la ley?, preguntó Página/12. “Porque estaríamos perjudicando a los empresarios que sí cumplen. Y si no les enviamos los aportes, ellos también desmontarían. Lo hicimos con Córdoba: suspendimos los aportes porque ellos, en su normativa provincial, habían tergiversado la ley nacional, por presión de la Sociedad Rural, pero luego lo corrigieron”, explicó la subsecretaria de Política Ambiental, Silvia Révora.
–Desde Greenpeace se dice que el gobierno nacional no adopta sanciones contra Salta porque es un gobierno de su mismo signo político.
–Eso no es cierto. Tierra del Fuego y San Luis, que son provincias de distinto signo político, están trabajando muy bien. Además, la Constitución nos ata muchísimo. Las sanciones las debe adoptar el Consejo Federal y las provincias se defienden mucho entre ellas contra el gobierno central.
