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Las administraciones de los gobiernos de Argentina y de Chaco presentaron el Programa de Desarrollo de las Comunidades Aborígenes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el curso del trámite del juicio iniciado por el Defensor del Pueblo, que fuera promovido ante el exterminio continuo, silencioso y sistemático de las comunidades indígenas que habitan en territorio chaqueño.
Fuente: Centro Nelson Mandela, Chaco
El Programa fue elaborado por técnicos y funcionarios de las distintas áreas del poder ejecutivo del Chaco, se supone que convencidos de la decisión política de que no existía ni existe margen de error para planificar y ejecutar programas de asistencia social y sanitaria para asistir a las poblaciones indí-genas que habitan en territorio chaqueño, en condiciones de extrema pobreza y de profunda exclusión social. El hambre, la desnutrición, la mal nutrición, la anemia, con enfermedades como la tuberculosis, el mal de Chagas, las parasitosis y otras tantas endemias, colocaron a los pueblos originarios en situa-ción de exterminio al año 2007, según la visión del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ante la propia Corte, la Defensoría inició un juicio que luego se conoció en la opinión pública nacional y extranjera, quedando en evidencia un escenario de verdadero desastre humanitario, que se robustecie-ra año a año, cobrándose vidas por fallecimientos prematuros o por causas evitables. Es claro entonces que la intervención del Defensor del Pueblo fue y es un hecho destacable y trascendente, que permitió que se difundieran y se conocieran las inacciones y los graves incumplimientos en que incurrieron los sucesivos gobiernos de nuestro país y del Chaco, que no acudieron en auxilio y atención de estas co-munidades, sometidas a exterminio por falta de comida, de asistencia sanitaria y de atención social.
Como respuesta a la intervención del Defensor del Pueblo, la Corte ordenó a los gobiernos de Argenti-na y de Chaco que suministren alimentos, agua potable, acceso y comunicación al sistema sanitario. Las administraciones efectuaron anuncios de ejecución de programas, planes y acciones que se señala-ban como perfectamente coordinadas entre la Nación y el Chaco para combatir el fenómeno de la po-breza extrema de estas comunidades. Antes y después de los anuncios y de algunos supuestos éxitos presentados desde el gobierno, la realidad demostraba y ponía en evidencia los gruesos errores que se cometieron en oportunidad en que se planificaron las acciones y se comenzaron a ejecutar los progra-mas y planes repetidamente anunciados como las grandes soluciones para los pueblos originarios. Mientras todo esto sucedía, cambiaban ministros, secretarios de estado, acciones y programas, los que finalmente no resultaron beneficiosos para las comunidades. Los planes se postergaban o interrumpían en forma repetida, en la medida en que cambiaban los funcionarios, con la cobertura de un sistema de propaganda que difundía éxitos en la gestión. Sin embargo, la realidad desmentía y demostraba los errores de la estrategia de divulgar soluciones inexistentes o de presentar algunos avances o mejorías como soluciones estructurales frente a una problemática antigua y compleja, que continúa sin ser re-suelta por errores de gestión.
Vieja inacción y muchos errores
El Programa de Desarrollo de las Comunidades Indígenas fue presentado como una síntesis de la ges-tión y un anuncio de las acciones a realizarse; sobresale el dato concreto de que no fueron contempla-das las acciones inmediatas o del presente. Parece una expresión de deseos no confesados.
La Defensoría del Pueblo opinó que el Programa presentado reflejó el reconocimiento de la vieja inac-ción de los gobiernos de Argentina y de Chaco, lo que justamente había motivado el inicio del juicio ante la Corte. Con criterio simple y objetivo, la Defensoría alertó a la Corte que el Programa presentaba muchas falencias, entre las que citó que contenía datos parciales, con imprecisión en los plazos de eje-cución de los objetivos enunciados, lo que generó que pidiera al tribunal que ordenara a los dos gobier-nos la inmediata puesta en marcha de las acciones y planes, fundamentalmente para atender las necesi-dades básicas de las comunidades indígenas, las que deben concretarse a través de acciones urgentes, por lo menos para paliar los problemas más graves. En forma concreta, la Defensoría señaló los grue-sos errores cometidos por los gobiernos. Por ejemplo, en materia de plan de lucha contra el mal de Chagas, no se fijaron ciclos de fumigación en el 2009, con lo cual recaeremos en situaciones endémi-cas más complejas y agudas.
Las graves falencias
Si bien en el Programa se fijan metas que deberían ejecutarse durante los meses que quedan de 2009 y durante los años 2010 y 2011, del contexto de la presentación surge que en realidad los objetivos esta-rían fijados al finalizar el año 2011, lo cual contradice el estado de necesidad y de urgencia de la reali-dad indígena, porque en definitiva las posibles metas anunciadas no tienen plazo de ejecución en pe-ríodos bimestral, trimestral, semestral o anual. A partir de esta grave e irregular situación, la Defensoría planteó ante la Corte la necesidad de que los gobiernos establezcan plazos concretos de ejecución de las metas y de las tareas que anunciaran. En buen romance, se detectó que el Programa fue planteado sin un cronograma de trabajo, lo que contradice cualquier decisión política que quiera ser presentada como activa, rápida y eficiente. Cuando se plantea que atenderán a 5940 familias indígenas, lo hacen al voleo, pegando un manotazo.
Algunos aficionados o ilusionistas
En un tramo del Programa, sin dar razones ni fundamentos comprensibles, se informó que al término de cinco años (2014), se reducirán en un 20 % las necesidades básicas insatisfechas de los pueblos indígenas, dato que además de reflejar un objetivo muy modesto, no contempla que el 99 % de los in-tegrantes de las tres etnias aborígenes se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Es tal la imprecisión que ni siquiera se estiman los porcentuales año a año, con lo cual el Programa se asemeja a otra cosa que en definitiva nada tiene que ver con lo que hay que hacer, si es que se quiere gestionar con responsabilidad y equidad. El desarrollo de las acciones parece el resultado de especula-ciones de algunos aficionados o ilusionistas, de manera que todo anticipa que puede terminar como un profundo fracaso.
En otra parte del Programa, se habla de la población por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia, como objetivos para ser alcanzados al año 2011; 30 y 15 %, respectivamente. Estos porcentajes son absolutamente irreales y se contradicen abiertamente con la meta, también pro-puesta, en reducir en un 20% las necesidades básicas insatisfechas. Repetimos que el 99% de la pobla-ción indígena que habita el Chaco subsiste por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Es imposible que se reduzca la pobreza e indigencia en la forma presentada como meta por el Programa si el meca-nismo se va a lograr a través de la reducción del 20% de las necesidades básicas insatisfechas. Es con-tradictorio. La formulación parece una sumatoria de simples e irrealizables propósitos, lo que no se condice con la extrema gravedad del presente y las necesidades urgentes y extremas de las comunida-des. El dato de contraste que corrobora esta grave situación es que no existe ninguna familia indígena de clase media típica argentina, en ese estado de situación social, económica, sanitaria y educativa y continua, a lo largo de las últimas décadas.
Leche fortificada
Los guarismos y porcentuales planteados como meta en materia de infraestructura, educación, salud y asistencia social, especialmente para la atención de niños menores de dos años, a los que se garantiza-ría la entrega de leche fortificada, se trasladan al 2011 en función de la ausencia de pautas o plazos de ejecución bimestral, trimestral o semestral, lo que puede obedecer a un error o una estrategia. En cual-quier caso, es grave. La leche fortificada no llega a los niños indígenas, salvo desnutrición de tercer grado, y no en todos los casos; sin embargo, en el Programa se anuncia una cobertura del 100% a dos años vista, lo que asemeja una idea mágica. En este punto, el Programa evidencia una notable improvi-sación, que hace estéril a la propuesta. Se sabe que un programa debe ser un plan, debe tener un orden, un esquema, un encadenamiento, metas, plazos y evolución, para la aplicación de acciones de ajuste o de corrección. Sin embargo, el Programa no tiene nada de esto y no deriva de un proyecto preparado, pensado o estudiado a fondo; por el contrario, expresa muchas improvisaciones y desconocimiento de la realidad.
Lo mismo ocurre en materia de viviendas; el objetivo anunciado se presentó para cubrir el 60% del déficit habitacional al 2011, cuando no se tiene desagregada la cantidad de familias indígenas que se distribuyen por Departamentos y no se tienen censados todos los ranchos. Los valores fueron lanzados sin precisión, apresuradamente, salvo los resultados del primer relevamiento de los núcleos judicializa-dos.
En lo relativo a educación, específicamente en lo relacionado a superar el grave problema del analfabe-tismo, la propuesta es desorientada y, por tanto, irrealizable. Recordemos que los guarismos provincia-les triplican el promedio de analfabetismo nacional.
Comenzar de nuevo
Quizás el camino más apropiado, e indiscutible por su legitimidad, se apoye en la consulta y participa-ción, directa y activa, de las comunidades indígenas para la elaboración y ejecución de un verdadero programa integral de crecimiento y desarrollo de las distintas etnias, con justicia y equidad. En esa tarea, los funcionarios y organismos del estado solamente deben actuar con sensatez para escuchar de los miembros de los pueblos originarios los diagnósticos y las soluciones que tienen pensado. Mientras no se escuche a los protagonistas, seguirán elaborándose programas, planes y acciones que de manera parcial abordarán las soluciones de los problemas, pero que en ningún caso significarán la posibilidad concreta de instrumentar soluciones estructurales y de fondo.
Al estado paternalista siguieron los funcionarios que se dedicaron a fomentar el clientelismo político, para su propia cosecha y beneficio. El presente señala e indica la necesidad de instrumentar programas por consensos, en escenarios horizontales, con debates amplios y abiertos, seguidos de soluciones en la ejecución de los planes. Mientras se continúe con la conducta burocrática de armar programas en ofici-nas cerradas, con matrices importadas, continuaremos presenciando el genocidio étnico o el exterminio silencioso o el desastre humanitario en marcha.
