Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La publicación internacional EcoAméricas incluye en su edición de agosto un análisis al relevamiento oficial de Conflictos por la Propiedad de la Tierra, publicado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar en abril de este año. Señala que la regularización de los títulos de propiedad de campesinos e indígenas es una de las materias pendientes para frenar la avanzada de la soja, aunque destaca avances en el reconocimiento del problema.
La creciente industria agrícola de Argentina está a punto de meterse a 9 millones de hectáreas de tierras ocupadas actualmente por pequeños agricultores y pueblos indígenas, de acuerdo con un estudio financiado por el gobierno sobre la problemática de la tierra. Desde hace años grupos no gubernamentales se quejan de que el monstruo agrícola argentino impulsado por la soja ha estado causando graves costos ambientales y sociales a medida que las operaciones de monocultivo a gran escala desplazan bosques, granjas pequeñas y personas.
Saludaron el estudio, señalando que es el primero de su tipo en ser financiado por el gobierno, pero expresan escepticismo de que las autoridades adopten las políticas necesarias para evitar la continuación de los cambios indiscriminados en el uso del suelo en el país. Citan planes públicos emitidos por el gobierno para promover aumentos espectaculares en la producción de granos, cuyas exportaciones se sitúan como la principal fuente de ingresos en divisas del país.
El nuevo estudio, titulado “Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina”, y presentado al Congreso el mes pasado, pone atención en la preocupación de larga data por la suerte de los pequeños agricultores del país. Estos productores representan actualmente sólo el 5% de la población del país, una proporción mucho menor que en otros países de la región como Brasil, Bolivia y Ecuador, escribe el subsecretario argentino de Agricultura Familiar Emilio Pérsico en el prólogo del informe.
Presión del mercado de la soja
En el estudio, investigadores de la Universidad Nacional de San Martín describen cómo una historia de distribución desigual de la tierra se ha agravado desde la década de 1990 por la rápida expansión del cultivo sin labranza de soja modificada genéticamente para tolerar el herbicida. Propulsadas por menores costos de producción, mayores rendimientos y fuertes precios internacionales de la soja, las operaciones de soja ocupan ahora más de la mitad de toda la tierra argentina dedicada al cultivo. Las nuevas prácticas han permitido el cultivo a gran escala de tierras en zonas que antes se consideraban inadecuadas debido a su clima y características del suelo.
“Los bajos precios de la tierra en el noreste de Argentina produjeron una expansión de la frontera agrícola en un proceso que llamamos ‘pampanización’”, dice Karina Bidaseca, científica social que dirigió el estudio. “Esto generó una crisis ambiental sin precedentes en Argentina, debido a la tala de bosques para plantar soja, el abandono de actividades tradicionales como la ganadería, y la incorporación de nuevas tecnologías y semillas transgénicas, acompañadas por productos que eran altamente tóxicos y erosivos de los suelos”.
El estudio, presentado en el Congreso el 11 de julio, se centra en los agricultores que emplean no más de dos personas no familiares. Identifica 857 problemas específicos relacionados con la tierra, problemas que se derivan principalmente de la condición poco clara de la propiedad y los conflictos resultantes. Estos problemas, según el informe, implican en la actualidad a 63,843 familias campesinas o indígenas y un total de 9,293,234 hectáreas.
Bidaseca dice que la normalización de los títulos de propiedad de los pequeños agricultores debe ser el primer paso hacia una política destinada a fomentar el “retorno de las familias al campo”. Por su parte, Pérsico afirma que la agricultura familiar puede coexistir con la agricultura a escala industrial. “Se trata de pensar en una fuerte política de colonización y vuelta al campo”, escribe en el prólogo del estudio. “Ningún país que defiende su soberanía puede abandonar su territorio. Hoy contamos con 250,000, y el desafío es llegar al millón de campesinos”.
Vacío en las políticas
Hasta la fecha, sin embargo, no existe una política pública destinada a lograr ese objetivo, para el cual dicen los expertos que será necesario formalizar los títulos de propiedad de los pequeños agricultores y grupos indígenas. A finales del año pasado, Pérsico y un pequeño grupo de legisladores nacionales de diversos partidos políticos propusieron una ley para establecer una moratoria de cinco años sobre los desalojos de familias campesinas para dar tiempo a esos esfuerzos. El proyecto de ley, sin embargo, no avanzó en el Congreso.
Hasta ahora, el gobierno ha parecido mucho más decidido a ampliar aún más la agricultura que a aminorar sus impactos ambientales y sociales. En septiembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) destinado a impulsar la producción de granos a 160 millones de toneladas anuales para 2020. Este año, la producción de granos alcanzó un récord histórico de 105.4 millones de toneladas.
“No se siguen las leyes como la que trata de restringir la tala en los bosques, y los conflictos de tierras están aumentando”, dice Ana Álvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), organización no lucrativa que trabaja con comunidades rurales en el norte de Argentina. “Lo que es más, estamos preocupados de ver el PEA porque el crecimiento de los cultivos a que aspira no se puede lograr sin una fuerte expansión de la superficie que se siembra”.
José Luis Castillo, pequeño agricultor de la provincia de Santa Fe, dice: “Nos gusta este estudio, pero ahora el gobierno debe actuar. El gobierno tiene que hacer que los grandes productores [agrícolas] saquen sus pies de encima de nosotros. Todas las obras públicas, asfalto, puentes o puertos van a ellos, y nosotros nos quedamos con el veneno de su fumigación aérea”.
