Pequeños productores rurales y la “economía cultural”

Las dinámicas territoriales se benefician de diferentes formas de puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Una de ellas es la vinculada al incremento de la calidad y trazabilidad de los productos agropecuarios de clara connotación territorial, contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades para los pequeños productores.

Tanto en el pasado como hoy, gran parte de los pequeños productores rurales de América Latina han enfrentado altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión social y escaso acceso a activos. El modelo de desarrollo sectorial agrícola/rural de la región se ha caracterizado por apostar al desarrollo y competitividad de los medianos y grandes productores agropecuarios (“los ganadores” o “viables”) y dar asistencia social para los pequeños productores y los grupos vulnerables (“los perdedores”).

Pero este escenario podría estar modificándose con la aparición de políticas y programas basados en un enfoque territorial, la multiplicación de iniciativas que ponen en valor la diversidad cultural y natural, la formación de alianzas público-privadas para impulsar programas de desarrollo rural, un nuevo protagonismo de las mujeres y los jóvenes en los emprendimientos rurales, y una mayor articulación urbano/rural a través de nuevos flujos directos entre productores rurales y consumidores urbanos.

Son numerosos los territorios rurales con una alta incidencia de pobreza y marginalidad, pero que tienen al mismo tiempo un notable patrimonio cultural y natural. Este no se valoriza sólo a través de iniciativas turísticas, artesanales o de conservación de los valores arqueológicos… Hay atributos territoriales que se trasladan a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, procesos que involucran a una gran masa de campesinos. Dichas cualidades, que implican un reconocimiento de origen y un “sello distintivo” o una “marca” del territorio, empiezan a ser reconocidas positivamente en los contextos locales y, en ocasiones, también en los nacionales e internacionales. Es el caso, por ejemplo, del boom gastronómico del Perú, basado en múltiples cadenas de pequeños productores y productos que, antes de enfocarse en cualquier mercado de exportación, han apuntado con éxito a los mercados locales y  nacionales que están premiando crecientemente el enorme valor de la diversidad biocultural del país. Ello abre una nueva oportunidad de empleo e ingresos en los territorios rurales a partir de la denominada “economía cultural” y del acceso a mercados diversos.

Vinculado a lo anterior, se constata la aparición de nuevas instituciones que permiten incorporar la identidad cultural en un producto o servicio y comunicarla a los consumidores. Ejemplo de ello son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, usadas sobre todo para productos que están destinados a “viajar”, como ocurre con el café de México, Colombia y algunos países centroamericanos, y con los vinos de Argentina y Chile. Bajo ciertas condiciones, esto puede llegar no solo a valorizar el territorio de origen de los productos, sino también las cualidades particulares que los pequeños productores les imprimen como resultado de procesos productivos, de prácticas de selección de materias primas y de sus saberes técnicos. Estudios recientes indican que las dinámicas territoriales más amplias se benefician de diferentes formas de la puesta en valor de activos culturales, entre ellos los productos agropecuarios de clara connotación territorial. Por ejemplo, como oportunidades de ingresos complementarios para los pequeños productores, como nuevas fuentes de creación de valor, como parte de estrategias basadas en la pluriactividad de la agricultura familiar, o dando paso a micro y pequeños negocios, que usualmente emplean mujeres y se enfocan en mercados locales donde existe una demanda consolidada y sostenida.

También hay avances interesantes respecto a la conexión entre pequeños productores, políticas públicas y mercados, como ocurre en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con la Red Especializada de Agricultura Familiar (REAF), orientada
a fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar y a facilitar el comercio de la producción de base familiar, a partir de los principios de la solidaridad y de la complementariedad, buscando reducir las asimetrías que los pequeños productores enfrentan. También a nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se está trabajando en identificar estrategias de valorización de la biocultura que, por un lado, respeten y potencien las diferencias de cada territorio y, por el otro, se inserten proactivamente en las políticas públicas del contexto nacional.

Más allá de lo positivo o auspicioso que resulte este panorama, hay que tener cautela frente a los fáciles entusiasmos que identifiquen a estas nuevas tendencias como alternativas factibles para los pequeños productores en cualquier tipo de contexto. Será
necesario analizar estos procesos para conocer bajo qué condiciones ofrecen realmente mejores oportunidades para los pequeños productores rurales y en qué medida pueden ser parte de una agenda política innovadora en América Latina y el Caribe.