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Distintas organizaciones cuestionan la designación de Pedro Simón como fiscal de Santiago del Estero. Simón pertenece a un estudio jurídico especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes. El Movimiento Campesino y el Cels, entre otros, pidieron ayer al Senado que no aprobara su designación.
“Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer”, explica María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. “Fue promovido con acuerdo del gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos”, agrega Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llega a integrar la Cámara de Diputados provincial. Ambas se refieren al abogado Pedro Eugenio Simón, especialista en desalojar comunidades campesinas e indígenas, tarea que desempeñó a sueldo de terratenientes, luego como diputado provincial, y que pretendería continuar como fiscal federal de Santiago del Estero. Su pliego de candidato fue impugnado por organizaciones provinciales y nacionales como la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad. Ayer, durante una audiencia pública, ratificó todos los hechos que ponen en duda su idoneidad moral y su compromiso con una Justicia democrática e independiente. Ahora tiene la palabra la Comisión de Acuerdos del Senado.
El caso Simón no merece la atención de las patronales agropecuarias, aunque también forma parte de los conflictos de los productores rurales. No de quienes poseen grandes medios de comunicación para defender sus ganancias, sino de los pequeños, que con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.
El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, especializado en desalojos. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo” en el caso, denunció la Fundación LADH en su impugnación.
Luego, como diputado del peronista Bloque Lealtad Popular, impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recordaron que Simón era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideraron “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”. Cuando su propuesta se convirtió en ley participó de un desalojo junto a un grupo de elite de la policía. También defendió a la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.
Con esos antecedentes, se postuló para fiscal. Fue cuestionado por el Foro de Agricultura Familiar y la Mesa Provincial de Tierras, que reúnen a 87 organizaciones campesinas, y quedó último en el concurso de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo avaló su designación y pidió el visto bueno del Senado. Ayer el senador Marcelo Guinle le transmitió las preguntas de los impugnantes frente a los otros 22 candidatos a ocupar cargos judiciales y con la cordial compañía de los senadores santiagueños.
Simón admitió haber patrocinado a terratenientes y promovido desalojos. Reconoció su doble rol de abogado/legislador, pero consideró que no implicaba un abuso de poder y que no era incompatible promover reformas para facilitar desalojos y a la vez cobrar para requerirlos como abogado. “La ley de Santiago del Estero no lo prohíbe. Hay que ver cada actuación concreta”, sugirió. Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá le preguntó qué pensaba del artículo 75 de la Constitución sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, dijo que acordaba con la reforma de 1994 pero que debía analizarse “toda la legislación” para ver “cómo se armonizan los conflictos”.
“Ratificó con sus explicaciones los hechos más importantes que motivaron la impugnación, tanto su trabajo como abogado de empresas interesadas en el desalojo de campesinos e indígenas cuanto su rol simultáneo como legislador y vicepresidente de la Legislatura”, explica la abogada Paula Litvachky, del CELS. “La audiencia sirvió para confirmar todas las objeciones que manifestamos en la presentación. Ahora el Senado debe analizar su descargo”, agrega.
“Simón no tuvo argumentos para responder a las impugnaciones”, describe María Farías. Su familia se dedica a criar vacas, ovejas y cabras, a las artesanías y al tejido en telar, “la misma vida de casi todos los campesinos de Santiago”. “El descargo confirmó que no tiene argumentos”, coincide Solorza. “Dijo que se lo impugna por cuestiones personales y de su profesión, lo cual no es cierto, y que ninguna organización de la provincia lo objetó. El Mocase presentó escritos en el Ministerio de Justicia desde 2007 para que sepan qué clase de persona y de profesional es”, recuerda.
“El problema de la tierra es gravísimo. El setenta por ciento de los productores santiagueños no tiene título de propiedad. Tanto la policía como los comisionados, que deberían velar por los intereses del pueblo, están a favor de los grandes capitalistas, e incluso me cuestionan por seguir haciendo como diputada lo que hacía como dirigente rural. Y la Justicia hace oídos sordos. No es fácil”, concluye Solorza.
