Opinión: Una declaración de los Derechos Campesinos

En esta columna Diego Montón representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC Vía Campesina, comenta los avances para consolidar una Convención Internacional de los Derechos Campesinos. “Si bien la caracterización de los sujetos a veces puede superponer a indígenas, trabajadores o campesinos, existen en la actualidad innumerables situaciones que mantienen vacíos de jurisprudencia sobre derechos humanos en casos como el derecho a la tierra que, según la identidad y la cultura, puede ser un aspecto determinante para el desarrollo de la vida”, señala el artículo.

Tres años de discusión formal en el Consejo de DD.HH. de la ONU apuntan a consolidar el proceso para una “Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural” y a la vez construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos. Un camino que ya recorrieron los pueblos indígenas y en forma similar las organizaciones de los trabajadores. Si bien la caracterización de los sujetos a veces puede superponer a indígenas, trabajadores o campesinos, existen en la actualidad innumerables situaciones que mantienen vacíos de jurisprudencia sobre derechos humanos en casos como el derecho a la tierra que, según la identidad y la cultura, puede ser un aspecto determinante para el desarrollo de la vida. Así, una campesina se siente parte/hija de la tierra y la naturaleza y cuando es despojada de su lugar pierde parte de su ser, queda incompleta, con su identidad herida.

Las Observaciones Generales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), al igual que las recientes Directrices Voluntarias de la Tierra aprobadas por la FAO, van en ese sentido. Sin embargo, al ser sólo orientaciones, los Estados no están obligados a cumplirlas y el Poder Judicial, generalmente relacionado con el poder económico, desconoce todos esos instrumentos.

En la actualidad, los campesinos estamos expuestos a violaciones de nuestros derechos. El capital financiero, de la mano de empresas transnacionales, desató una gran ofensiva para subordinar los bienes naturales, la tierra y la agricultura, a los intereses de la banca internacional, destruyendo mercados locales, desalojando campesinos, desmontando millones de hectáreas de bosques, provocando desplazados y desatando la mayor crisis alimentaria de la historia de la humanidad.

La mercantilización de los alimentos y la concentración del sector agroalimentario asegura que sean grupos corporativos los que manipulen los precios y regulen el abastecimiento de alimentos, permitiendo que esos intereses condicionen y presionen a los gobiernos, lesionando las democracias. Desde el BM, la FAO y la OMC se lanzaron conclusiones que pretendían responsabilizar del hambre al “atraso tecnológico” y a la escala de los campesinos por lo que enunciaron “El Fin del Campesinado”, como complemento del famoso “Fin de la Historia”, de Fukuyama.

Durante los ’90, al calor de las resistencias, la confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, cocaleros sin tierra de toda América latina y el Caribe dio nacimiento a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y el impulso a la conformación de La Vía Campesina Internacional (LVC), articulando la lucha global en defensa de la vida campesina, contra el neoliberalismo y la OMC, bajo la consigna “¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!”, proponiendo Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral.

En Maputo, en el año 2008, en la V Conferencia Internacional de LVC, se aprobó la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y abrió el camino para luchar por esa declaración a nivel de las Naciones Unidas. En el 2012, el gobierno de Bolivia, bajo la presidencia de uno de los fundadores de la CLOC, Evo Morales, asumió el desafío de presentar el Proyecto de Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en el Consejo de DD.HH., logrando una resolución que dio inicio a un proceso formal y a la creación un Grupo de Trabajo (GT).

En 2014, una nueva resolución del Consejo, patrocinada por once gobiernos, entre ellos Argentina, ratificó la necesidad de esta declaración y en estos días, el GT presentó un nuevo proyecto. En su articulado ratifica los derechos que ya existen en otras declaraciones, como por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo digno, a la salud, y se explicitan nuevos derechos para los campesinos y obligaciones de los Estados al respecto. Entre ellos, el derecho a la tierra, a la propiedad colectiva, a las semillas, a los medios de producción, al acceso a los mercados y precios justos, al agua de consumo y producción, al uso y gestión de los bienes naturales y a no ser afectados por agrotóxicos y transgénicos.

El director de la FAO, Graziano Da Silva, también avaló la necesidad de una declaración de los Derechos Campesinos, porque considera estratégico el rol de la agricultura campesina en la lucha contra el hambre. Si bien hay resistencia de quienes defienden los intereses de las corporaciones, el proceso cuenta con el apoyo del Grulac y del Grupo 77 (ahora 133 países) + China, por lo que el debate en adelante se va a centrar en su contenido, dado que ya se dio por sentado la necesidad de la declaración.

Desde Argentina, además del Movimiento Nacional Campesino Indígena, acompañan el proceso el CELS, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de DD.HH. de la Nación.

La declaración será una gran herramienta para las luchas campesinas, así como para los gobiernos convencidos de que para fortalecer y consolidar la democracia se requiere soberanía alimentaria, y que ésta no es posible sin la vida campesina. El momento histórico nos permite volver sobre las ideas que Belgrano y Artigas plantearon hace 200 años y contra las que se desató la furia oligárquica y proimperialista.