Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Félix Díaz fue una de las 30 mil personas que el 20 de mayo de 2010 ingresó por la avenida 9 de Julio hacia Plaza de Mayo, en la histórica marcha de los pueblos indígenas. Díaz estaba junto a una veintena de qom, con una bandera blanca pequeña: “La tierra es nuestra vida. Respeten nuestros derechos”. En el ángulo inferior de la bandera, como una suerte de firma, en letras pequeñas se dejaba leer “Comunidad qom La Primavera. Formosa”. Díaz pasaba inadvertido en Buenos Aires, aunque ya era un luchador incansable en su provincia. Un mes después, comenzaría el corte de ruta en Formosa por reclamo de tierras, sobrevendrían la represión, los asesinatos y tres años de lucha sin pausas.
Félix Díaz es hoy un líder indígena reconocido a nivel nacional (referente del Consejo Plurinacional Indígena), rompió los estereotipos de militante social y logró que la realidad indígena de la Argentina trascienda las fronteras. Es una figura pública, no pasa desapercibido. Al caminar junto a él se confirma que es observado, algunos lo saludan y le dicen “fuerza”, otros lo miran con recelo. Félix Díaz, 53 años, cuatro hijos, tres nietos, repasa en Sudestada los últimos tres años: gobiernos (nacional y provincial), extractivismo, indígenas funcionarios, la Presidenta, el Papa, la lucha indígena en la Argentina y el futuro desde el pensamiento qom.
-¿Cuál es el balance de estos tres años de lucha?
– Hubo muchas cosas positivas. Quizá la principal es poder instalar la problemática indígena a nivel social: hay una concientización importante respecto de que los indígenas seguimos estando. Es positivo que cada vez más se fortalece la lucha de todos los pueblos indígenas de la Argentina, que se están dando cuenta de los derechos que han sido violados.
-¿Y los aspectos negativos?
– A pesar de que hemos sido reconocidos como pueblos preexistentes, no hemos encontrado la respuesta de las autoridades que tienen competencia en el tema de resolver los conflictos: sobre todo a los reclamos sociales y territoriales que son los que ocasionan la muerte de los pueblos indígenas. Hay falta de diálogo y la situación de los pueblos indígenas no está presente en la agenda política de los gobernantes.
-¿Cómo es el accionar del gobierno de Formosa?
– No hay protección de los derechos humanos y hay un trato muy discriminatorio. Hay escasez de agua, no hay acceso a la salud, hay falta de trabajo. El Gobierno naturalizó el tema del patronato como ser el que dirige ordena, decide. Coopta el liderazgo de los pueblos indígenas por un sueldo a un cacique o presidente de asociación para manejarlo. Manipula el liderazgo y eso afecta a las comunidades. El liderazgo indígena se convierte como un patrón, un modelo de digitar a los demás para ejercer control.
Los Qom y el Kichnerismo
Sangre en la ruta. El abuelo qom Roberto López yace herido de muerte. Un centenar de policías con armas largas reprime el reclamo de agua, salud, educación y territorio. 23 de noviembre de 2010. Comunidad La Primavera. A partir de entonces, se sucedieron hechos inéditos para la lucha indígena en la Argentina: el reclamo se trasladó al centro porteño, cinco meses de un acampe, huelga de hambre, más ataques contra la comunidad, sospechosos accidentes que terminaron en muertes, La Cámpora como fuerza de choque, respaldo oficial a un gobernador feudal, la tierra más fértil de la provincia y el agravio público de la Presidenta contra Félix Díaz. Crónica de tres años de una lucha que evidencia los límites del gobierno nacional y su manera de entender los derechos humanos.
Roberto López era un abuelo qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera. Fue asesinado el 23 de noviembre de 2010. La represión a cargo de la policía de Formosa, con Gendarmería Nacional como socia al liberar la zona, buscó poner fin a cinco meses de corte de ruta. El motivo del reclamo, tan obvio como histórico, era el territorio. Cinco mil hectáreas con al menos cinco actores principales: la comunidad, Provincia, Nación, privados y la Universidad Nacional de Formosa. La represión incluyó balas de goma y de plomo, palazos y gases lacrimógenos, policía montada, quema de viviendas y decenas de detenidos, incluso mujeres y niños. Un video de la propia Policía muestra cómo uniformados a caballo corren monte adentro a los qom y castigan con palos a los que huyen. La lluvia cae sobre la ruta, y mujeres y niños caminan en fila, llorando, para subir al camión policial y ser detenidos. Los policías buscaban a Félix Díaz, el referente de la comunidad, pero los jóvenes qom lo rodearon como escudo, y lo llevaron al monte para salvarlo. Ese día también fue asesinado el policía Eber Falcón. La versión oficial acusa a los qom y la palabra indígena asegura que fueron los propios policías. Pero la Justicia de Formosa imputó a los qom y dejó de lado cualquier investigación que corriera el foco hacia la acción policial. Un día después, el pilagá Mario López viajó para acompañar a la comunidad, pero no pudo cumplir su deseo: murió atropellado por un policía en un camino vecinal. El poder formoseño dijo que se había tratado de un “accidente”, mientras que desde La Primavera denunciaron asesinato. El poder judicial tampoco continuó con la pesquisa y la causa fue cerrada.
Un modelo que avanza
La lucha qom por el territorio y el conflicto con Provincia y Nación tiene directa relación con “el modelo”. El perfil productivo de la provincia está plasmado en un documento público llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestructura y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. El Plan aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo se declaró el uno por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques). La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), un espacio conformado por quince organizaciones territoriales del Norte del país, releva desde hace tres años los conflictos de tierras y ambientales. En 2012, en Formosa, contabilizó un piso de 40 conflictos que afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas. Durante la audiencia realizada en marzo de 2012 en la Corte Suprema, el responsable del Instituto de Colonización y Tierras de Formosa, Carlos Florentín, sinceró lo que el gobierno provincial silenciaba: “Toda la zona noreste de la provincia de Formosa tiene un potencial productivo muy grande. Estas cinco mil hectáreas de la comunidad La Primavera de las que estamos hablando probablemente sean las mejores tierras que tiene la provincia de Formosa”. El empresariado del agronegocios ansía esa tierra.
Acampe contra el silencio
El corte de ruta visibilizó el conflicto que se desarrollaba en Formosa. La represión lo ubicó en la prensa porteña. Las empresas periodísticas alineadas con el gobierno nacional evitaron hablar de la alianza incondicional Insfrán-kirchnerismo. Los medios opositores eludieron referirse al modelo de agronegocios que avanza sobre Formosa, verdadero trasfondo de la represión sobre campesinos e indígenas. En la encrucijada, cada medio ocultó información según su conveniencia económica o interés político.
Ante tanto silencio, la comunidad La Primavera trasladó, en diciembre de 2010, el reclamo a la ciudad de Buenos Aires, en pleno centro porteño: la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Llegaron 30 hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales nunca había pisado la Capital Federal. De la vida del monte pasaron sin escalas a dormir en el asfalto, a padecer el ensordecedor ruido de los vehículos, el calor y el frío del clima los castigaron por igual. Viviendo en condiciones muy precarias, padecieron la indiferencia política, pero también recibieron la solidaridad de organizaciones sociales y personas de a pie. Los pedidos de diálogo al gobierno nacional se sucedieron todo ese tiempo, pero no hubo respuesta. Algunos de los organismos de derechos humanos que apoyaron el reclamo qom e intentaron abrir canales de diálogo con el Ejecutivo nacional fueron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional. El único funcionario nacional que escuchó y acompañó a la comunidad fue Claudio Morgado, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y por ese motivo fue echado de su cargo en junio de 2011.
(Lea la entrevista y la nota completa en Revista Sudestada n° 123, octubre de 2013)
