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En 1902 el Gobierno Nacional entregó a familias mapuches 625 hectáreas, tierras donde hoy se erige la exclusiva ciudad neuquina de Villa La Angostura. El reciente desalojo de parte de la misma comunidad es un caso testigo de la negación de la historia y la violación de los derechos indígenas.
Por Dario Aranda
El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La última semana, la Comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. Los pobladores indígenas advirtieron que la causa estaba plagada de irregularidades, denunciaron que la Justicia desoyó legislación nacional e internacional, e informaron que el beneficiario fue un ciudadano estadounidense que asegura ser dueño del predio. El desalojo se dio un contexto de criminalización del Pueblo Mapuche y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.
El mapa es antiguo, casi ilegible, y está fechado en 1902. “Casa Paisil”, señala en fuente antigua. Da cuenta de los primeros pobladores de lo que décadas después sería Villa La Angostura, en Neuquén. Figura en el reciente y completo libro “Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo” (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer), donde antropólogos, historiadores y habitantes locales abordan el pasado negado de la región sur de la provincia. Según consta en la Cancillería, el histórico mapa fue utilizado como “memoria por el Gobierno de su Majestad Británica para considerar e informar sobre las diferencias” en la frontera entre Chile y Argentina.
No es la única prueba documental. La portada del expediente de la “División Tierras y Colonias” es amarillento, tiene olor a papel añejo y data de 1903. Da cuenta de “Entrega lotes Colonia Nahuel Huapi”, lo que décadas después sería la provincia de Neuquén. Los dos primeros beneficiarios son “Don Ignacio Antriau” y “José María Paisil”. El antiguo expediente confirma que son habitantes del lugar desde antes de 1899, “indígenas”, “argentinos” y ambas familias figuran sobre el “lote 9”, parte del casco urbano de la actual Villa La Angostura.
La prueba documental fue suministrada por el antropólogo Sebastián Valverde, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura”.
Ninguna prueba sirvió el miércoles 25 de noviembre cuando setenta policías (incluso efectivos del temido Departamento Especial de Servicios Policiales –Despo–) llegaron a las 8 al cerro Belvedere y comenzaron a desarmar las viviendas de la comunidad. Los medios locales filmaron el accionar. Se observa a los uniformados, pero también a un grupo de civiles que patean las paredes de las humildes viviendas, cortan con motosierras los tirantes de madera y sonríen satisfechos cuando las casas yacen destruidas.
El juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros, no hizo lugar a la ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), que prohíbe el desalojo de comunidad indígenas y solicita un relevamiento territorial de las parcelas correspondientes a los pueblos indígenas.
Justamente, la ley 26.160 es criticada por el gobierno neuquino, sobre todo luego que el INAI firmó un convenio con la Universidad Nacional del Comahue para implementar el mapeo de tierras en la provincia. “Nación y el INAI tienen que entender que no puede tener acciones unilaterales, en la medida que las tengan en Neuquén, en el único lugar que discutiremos será en Tribunales. Hemos recurrido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y a la ministra Alicia Kirchner, de quien depende el INAI”, advirtió al Diario Río Negro el gobernador Jorge Sapag, que no respondió los llamados de este redactor. En noviembre pasado, el Congreso prorrogó la vigencia de la norma para que se puedan completar los relevamientos (que viene muy retrasados). Los legisladores neuquinos fueron los únicos que votaron en contra de la prorroga.
Según las comunidades indígenas, el rechazo provincial a la ley tiene una explicación: el relevamiento catastral podría evidenciar la “usurpación de tierras que históricamente fueron ocupadas por mapuches”.
La Justicia tampoco tuvo en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional al que Argentina adhirió en 2001 y tienen rango superior a las leyes locales. “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, señala el artículo 16 del Convenio. Pero el juzgado neuquino no hizo prevalecer la norma.
El lonko Ernesto Antriao denunció que no se contó con la posibilidad de defensa porque “la comunidad no fue notificada” del desalojo. De saberlo, habría apelado y frenado la acción judicial.
El desalojo se produjo sobre un predio reclamado por el ciudadano estadounidense William Henry Fisher. La comunidad utilizó históricamente ese predio para pastoreo de animales. También se encuentra un “rewe”, sitio sagrado utilizado para ceremonias.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que acaba publicar un extenso trabajo sobre la situación actual de los indígenas de Neuquén, resumió: “El juicio entre el norteamericano Fisher contra el Lof Paichil Antriao estuvo plagado de irregularidades, por este hecho la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El desalojo violento que sufrió el Lof determina una violación grave a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
La comunidad Paichil Antriao está conformada por 25 familias, la mayor parte ubicada en el cerro Belvedere y sobre las costas del lago Correntoso, zonas deseadas para negocios inmobiliarios. El miércoles pasado la Policía no avanzó sobre todas las viviendas porque corresponden a distintas causas judiciales. Pero la comunidad prevé que se está en el comienzo de la escalada represiva.
Luego de décadas de negarle su identidad como comunidad, los Paichil Antriao se reorganizaron en 2003, reafirmaron la pertenencia al Pueblo Mapuche y comenzaron a defender los últimos espacios territoriales. Iniciaron una serie de reclamos administrativos (ante el Estado Nacional, provincial y municipal) y acciones directas para la restitución de centenares de hectáreas que les fueron quitadas en las últimas décadas. En 2007 tuvo el reconocimiento del Estado a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El pedido de fondo: la revisión de títulos y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las parcelas indígenas.
“La zona denominada “el cruce” en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. ‘El cruce’ fue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que otras zonas, siendo hoy el centro administrativo y comercial de Angostura. Así, sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la familia mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Valverde, investigador del Conicet.
Gerardo Ghioldi, investigador y compilador del libro “Historias de las Familias Mapuche”, apuntó que la Plaza San Martín, en pleno centro de Villa La Angostura –donde se ubica la Municipalidad–, “era un cementerio mapuche que después, en el proceso de hacerlos invisibles, se transformó en cementerio general y más tarde en una plaza. Ahí está justamente enterrado el lonko Ignacio Antriao, debajo de un maitén muy grande”.
El historiador local Yayo de Mendieta confirmó en su libro “Una aldea de montaña” que Ignacio Antriao se asentó en la zona en 1872 “junto a su esposa Cayetana Cayun, y sus tres pequeños hijos Candelaria, Tomás y Pascual, se instaló en las costas del gran lago”. Incluso el Concejo Deliberante reconoció, en 1993, la histórica presencia mapuche. La ordenanza 532 señala: “Ignacio Antriao fue cacique (lonko) de las huestes de Sayhueke y tenía sus dominios a principios de siglo desde el Correntoso hasta la península de Quetrihue. Cuando el gobierno nacional encomendó la mensura y subdivisión de la Colonia Nahuel Huapi, se trazaron los límites del lote pastoril 9 de más de 600 hectáreas, desde el actual Cruce hasta el lago Correntoso y primeras estribaciones del Cerro Belvedere, dándole a este cacique el título de propiedad de estas tierras, en recompensa por sus servicios de baquiano ante la Comisión de Límites que actuaron en la zona. Fue uno de los firmantes del Acta de Fundación de Villa la Angostura en 1932 y fallece en 1936”.
A pesar de aquel reconocimiento municipal, en mayo de 2009 la comunidad tuvo que recurrir al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo) porque, según consta en la denuncia, durante la conformación de la Carta Orgánica Municipal se les negó participación y se desconoció su preexistencia como Pueblo Mapuche. En una “carta abierta a la comunidad”, en mayo último, la Municipalidad retrucó: “Nada justifica la anárquica situación que se está desarrollando en el Cerro Belvedere y el perjuicio que esto trae a toda nuestra comunidad, tirando por la borda el esfuerzo de años hecho por los que nos precedieron y los que hoy intentamos hacer de Villa La Angostura un destino tranquilo, confiable, amigable, sustentable y con seguridad jurídica”.
El comunicado municipal también señalaba, omitiendo las pruebas históricas, que las familias Paichil y Antriao son “provenientes de Chile”, y advertía –culpando al reclamo indígena– que “si no se respeta a la Justicia y al otro, estamos en manos de la anarquía, la impunidad y la justicia por cuenta propia; algo dramático para todos”. Solicitó a “las autoridades provinciales un compromiso firme en la solución concreta e inmediata de este conflicto, dentro del marco legal y social vigente”.
Una semana antes del desalojo, la Confederación Mapuche de Neuquén había anticipado a escalada de violencia gubernamental: “Una vez más el gobierno de Neuquén promueve el uso de fuerza pública para garantizar la concreción de la usurpación a espacios territoriales mapuches. En un claro acto de soberbia y con la firme intencionalidad de interrumpir el proceso judicial sobre la demanda de derecho indígena sobre su territorio ancestral, el Gobierno busca beneficiar los intereses de empresarios amigos. Justificando tal accionar en la ‘legalidad de los propietarios’ y en nombre de la seguridad jurídica, desconoce la legitimidad de la Comunidad Paichil Antriao en su demanda”.
La turística y selecta Villa La Angostura tiene el privilegio de ser la localidad con mayor criminalización mapuche: las comunidades enfrentan diez causas de las 32 que el Pueblo Mapuche enfrenta en toda la provincia. Verónica Huilipán, vocera y referente de la Confederación Mapuche, resumió la situación provincial: “Estamos viviendo un proceso de cacería de mapuches”.
