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Fumigar con agrotóxicos es un delito y tiene condena condicional, sin cumplimiento en cárcel. Así lo determinó el pasado 21 de agosto la Cámara I del Crimen de Córdoba en el juicio por fumigaciones en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo. Para las Madres de Ituzaingó el fallo fue “un golpe”. Pero los abogados lo valorizaron como inédito.
Luego de más de dos meses de juicio, y en el primer caso que llega a juicio penal, un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional –no es de cumplimimiento en cárcel-). Las Madres de Ituzaingó, organización nacida a medida que sus hijos enfermaban, cuestionaron el fallo: “Nos enferman, nos matan a nuestros hijos y no van a la cárcel. Es otro golpe más que nos dan, pero seguiremos luchando contra este modelo que enferma nuestros hijos, este modelo del gobierno nacional, el provincial y el municipal, siempre en beneficio de las corporaciones”.
En cambio la organización Paren de Fumigar de Córdoba y el denunciante, Medardo Avila Vásquez, revalorizaron el valor del fallo: “Es el primero en Argentina. Teníamos razón, las fumigaciones son delito y tienen condena”.
“No queremos a Monsanto”
“Justicia para las Madres de Ituzaingó”, exigía una bandera extensa colgada en el acampe que organizaciones sociales montaron el lunes a la noche frente a Tribunales de Córdoba, en vigilia a la espera del fallo. “Cristina y De la Sota no queremos a Monsanto en Córdoba”, exigía un pasacalles, en rechazo a la instalación de la multinacional de semillas y agrotóxicos en Malvinas Argentinas (barrio de las afuera de la capital).
Todas o ninguna
En un clima de ansiedad y nervios, el primer encontronazo fue las 9, cuando las Madres de Ituzaingó ingresaban a Tribunales. “Solo quieren dejar que entremos cinco, nosotros vamos a entrar todas, nosotras somos las víctimas”, aviso Sofía Gatica, madre de Ituzaingó. A los 10 minutos, la numerosa custodia policial abrió paso a todas las mujeres del Ituzaingó Anexo.
A las 10.09, los tres jueces ingresaron a la sala de audiencias. Dieron la palabra a los acusados. El productor rural Francisco Rafael Parra se declaró inocente y aseguró que “nunca” fumigó en cercanías del barrio y que “nunca” utilizó “agroquímicos prohibidos”. El piloto de avión fumigador Jorge Pancello se declaró “inocente, católico y creyente de la justicia, aunque no me haya tratado bien”. Jorge Alberto Gabrielli, también productor (sobre el que la fiscalía había solicitado la absolución), no habló.
Divididos
El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta las 14. Y las hipótesis se multiplicaban. La numerosa cantidad de policías (dentro y fuera de la sala) hacía pensar a muchos la posibilidad de una absolución para los tres.
Además, funcionarios de tribunales había dejado trascender que los jueces estaban divididos. Lorenzo Rodríguez (presidente del Tribunal) estaba por la condena. Mario Capdevilla por la absolución. Y Susana Cordi Moreno no se decidía por la condena motivada por un tecnicismo (respecto a la fumigación y la interpretación de qué es delito). En el ámbito legal, si hay duda no puede haber condena, y dentro de Tribunales dejaron trascender las posturas de los jueces.
Voz oficial
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, llegó a las 9.30 a los tribunales de Córdoba. Había sido invitado en reiteradas oportunidades, a lo largo del juicio, pero nunca había respondido. La semana pasada, las Madres de Ituzaingó dieron a conocer una carta abierta a Fresneda como una forma de presión. El Secretario ayer estuvo presente: “Acompañamos el reclamo de las Madres de Ituzaingó y esperamos una condena, que sea un caso testigo para que los productores sepan que esto no se puede volver a repetir”.
A contramano de las Madres de Ituzaingó, organizaciones sociales y movimientos campesinos, Fresneda rechazó que el problema sea el modelo agropecuario, y lo acotó a “casos puntuales”. Diálogo con lavaca.
-Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el Movimiento Campesino de Córdoba denuncian que este modelo agropecuario viola derechos humanos. ¿Qué opina?
-No lo considero así. El problema no es el modelo, son casos puntuales donde no se cumplen los límites de 1000 o 1500 metros para fumigar. Además, a Pérez Esquivel no le respondo porque usa los derechos humanos para hacer oposición al Gobierno- argumentó Fresneda.
Marcha en las calles
Pérez Esquivel y Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) acompañaron el pedido de las Madres de Ituzaingó e incluso marcharon por las calles de Córdoba (junto a unas 10.000 personas) en pedido de justicia y para que Monsanto no se instale en la provincia. El Secretario de Derechos Humanos se retiró en el receso y no regresó para la sentencia.
La causa
En diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, la Justicia prohibió utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1500 metros.
“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó en 2008 el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo focalizó en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.
Medardo Avila Vázquez era, en 2008, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo a denuncia por “envenenamiento”. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.
La denuncia de 2008 sumó otra denuncia (de 2004) de las Madres de Ituzaingó, y es la que llega a juicio hoy en la Cámara I del Crimen. Tiene su fundamento en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051). El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) “contaminaren” de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.
Durante el juicio se comprobó que, en base a un estudio oficial, sobre 142 niños del barrio a 114 se le detectó contaminación con agroquímicos. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo e, incluso, se detectó presencia de agroquímicos en chicos de fuera del barrio.
Sentencia
A las 14 había más organizaciones en la calle frente a Tribunales y también dentro. En la puerta de la sala de audiencia había más periodistas que durante la mañana. Los acusados con sus familiares, las Madres de Ituzaingó y los abogados.
A las 17, el abogado de las Madres, Miguel “Gallego” Martínez, explicó la demora: “Se están matando. Colegas de adentro nos avisan que no hay acuerdo y siguen buscando un consenso. Hay que esperar”.
Recién a las 19.05, se abrió la puerta de la sala. A las 19.14, ingresaron los jueces. El prisidente del tribunal amplió la expectativa: “Siempre en la Justicia hay un 50 por ciento de un fallo favorable, y un 50 en contra. Si están en desacuerdo, por favor lo expresan afuera y recomiendo que esperan los fundamentos del fallo (el 4 de septiembre)”.
Y comenzó (como en todo juicio), por las absolución: el productor Gabrielli fue declarado inocente (la Fiscalía había pedido su absolución). Parra fue declarado por unanimidad “autor penalmente responsable” del delito de contaminación ambiental con peligro para la salud por uso de residuos peligrosos, con tres años de prisión condicional, diez horas de trabajos voluntarios por semana en insitutciones de salud y ocho años de inhabilitación para manipular agroquímicos.
El fumigador Pancello fue encontrado culpable, coautor respoonsable, con tres años de prisión condicional, trabajo voluntario y 10 años de inhabilitación para fumigar.
De inmediato, las Madres de Ituzaingó salieron llorando de la sala,al grito de “nos matan a nuestros hijos y se van a sus casas”. Se fueron juntas, se detuvieron un momento en la escalera de Tribunales, se abrazaron (como juntando fuerza) y bajaron hasta donde estaba la concentración de organizaciones y militantes. “El fallo es una burla, una vez la Justicia de burla del sufrimiento. Nuestros hijos han muerto, han enfermedado. Hay prueba sufieciente, hay delito, se los condena, pero se van a su casa”, criticó Sofía Gatica.
Rodeada de cámaras y con el grito de fondo de “Madres de Ituzaingó, la lucha continúa”, Gatica arremetió contra el poder político: “¿Qué hubiera pasado si entre los enfermos o muertos estaban los hijos de la Presidenta, del Gobernador o del Intendente”? Y se contestó: “De seguro estos tipos iban a la cárcel, pero hoy no”.
“No enferman a nuestros hijos y ahora nos mandan a la Monsanto. Los tres (Presidenta, Gobernador, Intendente) gobiernan para las corporaciones, para la Monsanto, y no les preocupan los pobres fumigados ni los campesinos desalojados”, denunció Gatica.
Carolina Cabrera, también Madre de Ituzaingó, también calificó de “burla” el fallo y avisó que van “a seguir luchando, porque hay delito y vamos a defender a nuestros hijos. No queremos que nos fumiguen, nos queremos que nos enfermen, no queremos a Monsanto acá en Córdoba, que la Monsanto se vaya al lado de la casa de la Presidenta o del Gobernador”.
Sofía Gatica recordó que “nos han dado muchos golpes, este es uno más, pero saben que seguiremos luchando. Está lucha sigue y somos cada vez más”.
Inédito
El abogado de las Madres, “Gallego” Martínez, se mostró “conforme” con el fallo. “Es algo inédito. El fumigar es delito penal, y tiene condena. Eso nunca había pasado. ¿Si hubiéramos querido más? Claro sí, siempre vamos por más, pero esta sentencia marca antecedentes jurídicos importantes, incluso con condenas más duras, para otros miles de pueblos que hoy son fumigados en el país”.
Medardo Avila Vásquez, quien inició la denuncia en 2008 y hoy integra la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, aportó: “No hay pena que compense el dolor de la muerte de un hijo, por eso todos comprendemos y acompañamos en dolor de las Madres, aún más cuando no hay prisión efectiva, pero hoy hemos dado un paso importante en esta lucha: las fumigaciones son delito, y corresponde prisión”.
“Los acusados no tenía antecedentes penales, eso los ayudó. Pero ese fallo abre el camino para nuevos juicios, donde iremos por más, donde los envenenadores saben que ya hay condena y que pueden ir en cana. Te puedo asegurar que el día de hoy es un día negativo para el modelo agropecuario, para los pooles de siembra, para Monsanto y para todos lod gobernantes que impulsan en este modelo contaminante”, afirmó Avila Vásquez.
Aún en la puerta de Tribunales, y frente a los militantes y organizaciones, arengó. “Es un paso adelante en esta lucha larga que hemos emprendindo compañeros. Los envenenadores agropecuarios tienen que cuidarse. Es un paso más que hemos dado, y ahora hay que reforzar el ‘fuera Monsanto de Córdoba’”.
Laura Gallo, de la organización Paren de Fimigar Córdoba, al borde del llanto, destacó que “hoy por fin, luego de mucho sufrimiento, se confirma que las fumigaciones son un delito, teníamos razón, el fallo de hoy es una apertura para seguir luchando contra este modelo, para correr las fumigacioens de nuestros pueblos, de nuestros hijos. Hoy ganamos porque esos tipos estuvieron sentados en el banquillo y fueron condenados, ganamos hoy cuando se condenó al productor, al fumigador. Juntos, en la lucha, vamos a frenar este modelo”.
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