Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Con la presencia de más de 150 personas y un panel representativo de las distintas realidades de la provincia, se realizó el pasado 5 de septiembre la tercer jornada legislativa por la Tierra Pública del Chaco, organizada por el Bloque Legislativo Provincial ARI y el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
En esta jornada expusieron la situación de sus comunidades dirigentes Qom de Pampa del Indio y mocovíes, de La Tigra y Du Graty, pobladoras de Castelli y Miraflores que soportan permanentes intentos de desalojo.
También detalló los contenidos de su investigación el Contador John París, fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia, quien ha profundizado el análisis de las distintas modalidades implementadas desde organismos públicos para la venta ilegal e ilegítima de tierras fiscales a compradores particulares.
Se sumaron al panel la diputada nacional Susana García (ARI-CC) y el ambientalista Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004 de Derechos Humanos y Ambiente.
Sobre la situación actual se expresaron los siguientes testimonios :
- Que las familias indígenas resisten solas, mientras que sus territorios donde viven hace 515 años, siguen siendo permanentemente INVADIDOS y AMENAZADOS por pobladores no indígenas, en algunos casos verdaderos latifundistas como Eduardo Eurnekian con su establecimiento “Don Panos”, que sobre sus 40.000 hectáreas sigue comprando y alquilando más campos vecinos.
- Que las comunidades Qom tienen 1.080.000 hectáreas , que no le son devueltas, mientras que viven 25 familias hacinadas en 100 hectáreas , vecinas de una sola persona que tiene más de 40.000 (Eduardo Eurnekian). El pueblo Mocoví reclama sus tierras en la Zona de Du Graty, que puedan dar albergue a las 30 familias que están viviendo en las vías del ferrocarril y otras dispersas en distintas calles muertas de la zona urbana.
- Que el Estado asuma la deuda que tiene con los pobladores y la resuelva,. Sólo hace falta voluntad política.
- Las mujeres criollas llegadas desde Juan José Castelli y Miraflores denunciaron las amenazas de desalojo sufrido, para los que se prestan funcionarios de los distintos poderes del estado. La denuncia dramática fue la realizada por una de ellas, quien es acosada a dejar su tierra por el Vicegobernador actual a pesar de estar ocupando efectivamente su campo durante toda su vida.
- Daniel Benítez de la Unión Campesina , valoró la organización de esta jornada. Y afirmó la necesidad de tierra que tienen las comunidades. Se solidarizó con la idéntica situación de campesinos criollos pobres. “Mi abuelo recibió promesas, mi padre también las recibió y seguramente yo la recibo”. Cerró preguntando cuándo los poderes y la sociedad se van a decidir a cumplir con leyes y tratados.
- Que se esperaba una más ágil actuación del actual gobierno provincial con medidas como: la suspensión de desalojos de ocupantes rurales pobres; la entrega urgente de parcelas a “banquineros” de la lo calidad de General San Martín y la recuperación de tierras fiscales para el Estado Provincial, a partir de la anulación de operaciones fraudulentas en los casos investigados por el fiscal Paris del Tribunal de Cuentas, según lo que permite la Constitución Provincial , (art. 42). Todos temas sobre los cuales no sólo no hay evolución ejecutiva a más de ocho meses de gestión sino que además han aumentado los casos.
- Atropellos y falta de respuestas constituyeron el eje de todos los testimonios así como también que la falta de títulos de propiedad de las tierras impiden el acceso a planes de vivienda, créditos para la producción, entre otras cosas.
La exposición del contador París detalló sobre la investigación realizada en 210 casos de un total de 10.000 expedientes de adjudicaciones. El 100% de la muestra analizada tenía irregularidades administrativas. Sus investigaciones se inician a partir de denuncias de los empleados del Instituto de Colonización. A partir del año 2002 aumentaron las ventas de tierras fiscales. Ya en esa fecha este fiscal realizó un informe de evaluación advirtiendo leal s presuntas irregularidades en la cesión de tierras, manejo indiscriminado de las cuentas corrientes del Instituto de Colonización, habiendo detectado que en ninguno de los casos se hicieron los registros correspondientes. No había ningún expediente bien formalizado.
Finalizó expresando que además de las irregularidades detectadas en Colonización éstas tienen un correlato en las Direcciones de Catastro y de Bosques y en Rentas y AFIP. Con lo cual son necesarias investigaciones en estos organismos. Además, señaló que no se están midiendo las consecuencias sociales y ambientales por los daños causados por los desmontes ilegales que van mucho más allá de los actos fraudulentos constatados contra el Estado Provincial.
El Dr. Raúl Montenegro formuló un duro y fuerte alegato ante el desmanejo de las tierras que existe en las provincias de Chaco, Formosa y parte de Santiago del Estero, señalando que “se debe tener en cuenta la sensibilidad de las tierras al desmonte indiscriminado. Surge la cuestión de recordar que los dueños originarios de los territorios son los aborígenes. El proceso de traspaso de sus tierras a manos del Estado se realiza en abierta violación a la Convención Internacional 169. Esta convención es ley suprema en relación a nuestro ordenamiento jurídico y que se encuentra por encima de cualquier ley provincial, sin embargo los procedimientos administrativos realizados en la provincia del Chaco son violatorios de esta convención”.
“Como síntesis – expresó – quiero señalar que de las 10.000.000 hectáreas de bosques que el Chaco tenía, hoy sólo persisten 3.800.000 millones, y si tenemos que buscar una alternativa viable que frene estos mega intereses, no podemos dejar de apuntar que por esta tremenda e irreversible tala de bosques ha roto los territorios de las comunidades indígenas, generando una discriminación violenta a nuestras comunidades. Lesionando el ambiente, quebrando la cadena natural de la fauna y flora típica y originaria de esta región, generando la extinción de muchas especies que nunca más veremos, quebrando terriblemente el ambiente y la ecología en la que se intercalan desoladoras sequías y devastadoras inundaciones.
“Sugiero ante toda esta situación descripta, la urgente intervención de la Corte Suprema de Justicia y la internacionalización del conflicto de tierras y desmontes que tiene que ser planteado no sólo ante nuestro tribunal supremo sino también en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA , porque hace rato – reafirmó – que este conflicto dejó de ser solamente chaqueño en la medida que intervengan representantes de empresas multinacionales modificando los estándares de vida de nuestras provincias y regiones”.
La Diputada Nacional Susana García enfatizó que nada de estos desmanejos pueden realizarse sin la connivencia del poder y que algunas leyes nacionales vinculadas a estos temas se aprueban por un interés electoral inmediato y luego se olvidan. Como ejemplos citó la Ley de Presupuestos Mínimos (Ley 26.331) que debía reglamentarse en 90 días y hasta la fecha se encuentra aún sin reglamentar. Otro caso es la Ley de Arredamientos que debía tratarse el mismo día que se trató la Resolución 125 y no logró ser tratada hasta el momento.
La mañana se cerró con otros testimonios individuales que agregaron más datos a la situación descripta y reforzaron las expresiones del Fiscal París en cuanto a que no se hizo nada, hasta la fecha, para sanear la situación de los 10.000 expedientes de adjudicaciones de tierras fiscales.
Escuchar micros radiales de difusión Jornada Legislativa
El Foro Multisectorial por la Tierra de Chaco
Espacio Multisectorial integrado por : Fundación Ambiente Total (FUNAT), Fundación Encuentro por la Vida , INDES Chaco, Mesa de Coordinación Provincial “Dr. Ricardo Altabe” (MCPRA.), Unión Campesina, Comisión Zonal De Tierras de Pampa del Indio, Equipo Zonal de Tierras y Gestiones de Bermejo, Corriente Clasista y Combativa Aborigen, Organización de Mujeres de la Producción del Chaco, Centro de Estudios e investigación social Nelson Mandela, Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Asociación de Biólogos, Cáritas Diocesana, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Greenpeace, Red Agroforestal del Chaco, Empleados del Instituto de Colonización, Asociación Rescate Silvestre, Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH), Iglesia Luterana, Comisión permanente por los Derechos Humanos, Partido Comunista Revolucionario, Corriente Clasista y Combativa, JUM (Junta Unida de Misiones), Asociación “Rexat” (Mocovi, La Tigra ), Red de Comunicación Indígena (RCI.), Empleados de la Dirección de Bosques, Universidad Popular, Diputada Alicia Terada y Bloque del ARI y ciudadanos de Resistencia y Puerto Tirol, en representación personal.
