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La mañana de ayer jueves 18 de agosto fue detenido el abogado Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI). El abogado acompañaba a las cerca de 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios San Cayetano y San Martín de esa localidad. Las familias habían sido amenazadas por la policía la noche del martes. Hasta las 10 de la mañana de hoy el abogado Cabrera continuaba detenido en la Unidad Policial Nº4 de Las Lomitas.
“Para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso, considerando que Daniel estaba actuando como representante de las familias campesinas y wichís”, señaló Gabriel Alcaráz, abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI).
Si bien se desconocen las circunstancias precisas de la detención del abogado Daniel Cabrera, se sabe que su arresto se efectuó bajo el cargo de instigación a cometer delito, y fue llevado a la Unidad Policial Nº 4 de Las Lomitas donde continuaba detenido hasta la mañana de hoy.
“Esto demuestra una vez más lo que ha sido una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial, que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas, y atribuyen sus reclamos únicamente a la acción de lo que ellos llaman instigadores, que son las ONGs o personas que trabajamos en la zona”, señaló Gabriel Alcaráz. “Con esto no se hace más que negar los reclamos de las organizaciones”, indicó.
Ayer jueves 18 de agosto las familias temían un desalojo violento de las viviendas que habían ocupado el pasado fin de semana. El temor derivaba del movimiento de un contingente de policía antimotines en las cercanías de los barrios ocupados y de las amenazas recibidas la noche del martes, cuando cerca de veinte funcionarios policiales conminaron a las familias a abandonar las viviendas, registrándose algunos altercados. Ya la noche del martes, el abogado Daniel Cabrera había denunciado amenazas telefónicas contra su persona, presumiblemente realizadas por funcionarios policiales.
Estos hechos ocurren luego que el sábado 13 de agosto un grupo de de cerca de 150 familias campesinas y wichís, ocuparan en viviendas de los barrios San Cayetano y San Martín, de la localidad de Ingeniero Juárez, distante unos 500 kilómetros de la capital formoseña. Se trata de viviendas construidas por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace cerca de 18 años. “Un agravante es que hay cerca de 25 viviendas que están habitadas por familias de policías, médicos y otros funcionarios, y nunca se les pidió cuentas a ellos por esa ocupación irregular, nunca fueron desalojados a pesar que el destino de esas viviendas es para la gente que no tiene, como las familias campesinas e indígenas, por eso se decidió ocuparlas”, indicaba la mañana de ayer, antes de su detención, el abogado Daniel Cabrera de SERVIJUPI.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR A:
Gabriel Alcaráz, Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI)
T: (03717) 15 340427
Patricia Valdivia, Comunicaciones Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
T: (03482) 15 414745
