Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Los incendios forestales que afectan distintas regiones del país no pueden ser analizados exclusivamente como emergencias climáticas. Si bien el aumento de temperaturas, la variabilidad climática y los períodos de sequía extrema influyen en su comportamiento, la magnitud de los impactos está directamente vinculada a la planificación territorial, al manejo preventivo del combustible y a la capacidad institucional de respuesta.
En la Región Chaqueña, el actual verano particularmente húmedo ha generado una significativa acumulación de biomasa herbácea. Este crecimiento es positivo para la actividad ganadera y para los sistemas silvopastoriles, pilares de la economía regional. Sin embargo, si esa biomasa no es gestionada adecuadamente, hacia finales del invierno se transformará en una elevada carga de combustible fino, incrementando de manera sustancial el riesgo de incendios durante el período seco.
El combustible fino —principalmente pastizales secos— es uno de los factores determinantes en la rápida propagación del fuego. En contextos de altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos intensos, puede dar lugar a incendios de comportamiento extremo y de muy difícil control. Por ello, la acumulación actual de material vegetal debe ser considerada una señal de alerta temprana y una oportunidad para actuar preventivamente.
De acuerdo con datos difundidos por Greenpeace Argentina, durante los años 2024 y 2025 se quemaron más de 100.000 hectáreas en la región chaqueña. Estas cifras evidencian la dimensión del problema y la urgencia de fortalecer políticas estructurales de prevención.
La experiencia demuestra que los incendios no se gestionan únicamente en la etapa de combate. La prevención estructural —que incluye manejo de combustibles, planificación del uso del suelo, sistemas de alerta temprana, capacitación técnica y articulación interjurisdiccional— resulta significativamente más eficaz y considerablemente menos costosa que la respuesta tardía.
Estimaciones económicas realizadas por uno de los miembros de la Red Agroforestal Chaco (Karlin, 2025; datos no publicados) para el Chaco Serrano ilustran con claridad esta relación. Para un área afectada de 5.000 hectáreas, se estima un costo de prevención (actualizado a septiembre de 2025) cercano a los $3.300.000, mientras que el combate del incendio alcanzaría aproximadamente $115.000.000 y la rehabilitación ambiental posterior ascendería a $1.518.500.000. En términos relativos, prevenir representa alrededor del 2% del costo combinado de combate y remediación. La prevención no solo representa un compromiso ambiental responsable, sino también una decisión económicamente inteligente
A lo anterior se suman los costos ambientales y productivos posteriores al fuego. En el Chaco Serrano, dependiendo del estado del bosque y de su forma de aprovechamiento (madera, leña, producción ganadera, entre otros), y considerando además la pérdida de servicios ecosistémicos como captura de carbono y regulación hídrica, se estiman pérdidas de entre 11 y 30 millones de pesos por hectárea (Karlin, 2025; datos no publicados). Estos valores reflejan el impacto estructural que los incendios generan sobre el capital natural y la base productiva regional.
Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, invertir en prevención no constituye un gasto, sino una estrategia de protección productiva, social y ambiental. La destrucción y pérdida de infraestructura, biodiversidad, suelos, capacidad de almacenamiento de agua y medios de vida locales, genera consecuencias económicas y sociales que superan ampliamente los recursos necesarios para fortalecer la gestión del riesgo.
La problemática de los incendios se vincula, además, con la política forestal y el ordenamiento territorial. La adecuada implementación y financiamiento de la Ley 26.331 es una herramienta central para reducir la vulnerabilidad territorial y fortalecer la resiliencia frente a eventos extremos. El ordenamiento de los bosques nativos, el manejo sostenible y el financiamiento estable del Fondo de Bosques constituyen componentes estructurales de una política preventiva.
En este marco, resulta prioritario:
- Planificar con anticipación acciones de manejo preventivo de combustibles.
- Reforzar el financiamiento y la ejecución presupuestaria de los sistemas de manejo del fuego.
- Fortalecer las capacidades técnicas y laborales de brigadistas y equipos especializados.
- Consolidar la implementación efectiva de políticas de bosques nativos como estrategia estructural de prevención.
- Promover la coordinación entre niveles de gobierno y la articulación con comunidades locales.
Las comunidades, organizaciones territoriales y cuerpos de bomberos voluntarios cumplen un rol fundamental en situaciones de emergencia. Sin embargo, su compromiso y vocación no pueden sustituir la responsabilidad indelegable del Estado en la conducción estratégica, la planificación y el financiamiento de las políticas públicas.
El desafío no consiste únicamente en responder a los incendios cuando ya se han desatado. El verdadero desafío es construir una política de largo plazo que articule desarrollo productivo, protección ambiental y reducción sistemática del riesgo.
La prevención es la base de un desarrollo verdaderamente sostenible en la Región Chaqueña.
