Hablan de más muertos en represión a tobas en Formosa

La Defensoría General de la Nación mencionó en un comunicado “más de 5 muertos y numerosos heridos de gravedad”. Apuntan a los responsables políticos.

Fuente: Diario Perfil

Legisladores, la Defensoría General de la Nación y dirigentes aborígenes denunciaron hoy la responsabilidad del gobierno de Formosa en la represión que provocó la muerte de un agente y de un integrante de la comunidad toba, mientras advirtieron que habría “más de tres víctimas mortales”. La administración de Gildo Insfrán, mientras tanto, insistió en defender la actuación de la policía.

El juez provincial de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, realizó esta tarde una inspección ocular en la ruta nacional 86, en la zona de Laguna Blanca, para determinar cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte del oficial principal de la Policía de Formosa Heber Falcón y el aborigen Roberto López, identificado inicialmente como Sixto López. La represión policial provocó numerosos heridos que fueron asistidos en el Hospital de Laguna Blanca, de los cuales 3 permanecen internados, y 25 detenidos.

Sin embargo, la Defensoría General de la Nación aseguró esta noche en un comunicado que los graves actos de violencia habrían arrojado “cerca de 5 muertes, numerosos heridos de gravedad, aproximadamente 35 personas detenidas y la destrucción total de las viviendas de las familias indígenas”.

Muchas personas de la comunidad toba, manifestaron dirigentes y legisladores, permanecen refugiadas en una zona de monte cercana a Colonia La Primavera, donde ocurrió el desalojo. La senadora nacional por Formosa, Liliana Bortolozzi, dijo que muchos de los aborígenes “están asustados, escondidos en el monte”, por lo que pidió “disponer de tiempo y oídos para escucharlos a todos”.

El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defendió la represión policial en el desalojo de la protesta en la ruta nacional 86 y en un predio donde se encontraban integrantes de la etnia toba, de la Colonia La Primavera. “Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí en la retirada del lugar un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes”, sostuvo el funcionario. Sin embargo, el representante de los pobladores originarios y funcionario del INADI, Félix Díaz, dijo que los hechos comenzaron ayer a la mañana cuando un grupo de personas, acompañado por policías, atacó a balazos a los aborígenes que cortaban la ruta nacional 86.

La comunidad realizaba la protesta en la ruta desde hace al menos cuatro meses en reclamo de la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que el Estado provincial busca utilizar para instalar una universidad agropecuaria. El dirigente aborigen expresó que “a la mañana hubo incidentes muy graves cuando la policía quiso desalojar a una familia de nuestras tierras, sin orden judicial, por lo que hubo reacción de la comunidad que pedía la orden judicial”.

“Se armó una refriega y los policías se alejaron, perdiendo dos armas en la huida”, sostuvo Díaz en declaraciones a la prensa local, y manifestó que “eso fue un pretexto para actuar sin orden judicial y justificar lo que vaya a pasar, porque a la tarde, alrededor de las 17, llegaron policías de civil, uniformados, de Infantería, para desalojarnos de la ruta”.

Féliz Díaz expresó que “hubo disparos, quemaron nuestras casas dentro del predio de tierras que queremos recuperar y detuvieron a muchos hermanos, incluyendo a mi esposa Amanda Asijak. También hay heridos graves y uno de nuestros hermanos está muerto”. “En mi caso no sé qué hacer, temo por mi seguridad. Pero quiero seguir luchando para que sea verdad la justicia social para mi comunidad”, declaró el dirigente aborigen, y dijo que integrantes de esa comunidad están “escondidos en el monte porque tenemos miedo, tememos por nuestra integridad”.

Fuentes del ministerio de Gobierno, en tanto, revelaron que en el marco de los incidentes lograron desalojar a la comunidad del predio, que quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional “y en el lugar secuestró armas, palos, arcos y flechas”. El grupo aborigen, por su parte, se adjudicó el terreno como propiedad “ancestral” de la comunidad, mientras la Justicia reconoció ese derecho a una familia de apellido Celía, cuyos abogados lograron que el juez Raúl Mauriño ordenara el desalojo.