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Por primera vez en el país, una causa por fumigación con glifosato y endosulfán llega a juicio oral. Es el caso del barrio Ituzaingó, en Córdoba, donde se vienen haciendo denuncias desde hace una década. Hoy habrá una marcha en apoyo a la investigación.
El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El proceso judicial, a cargo de la Cámara 1 del Crimen, comenzará a las 9 con una audiencia de acusaciones y testimonios respecto del uso ilegal de sustancias tóxicas en el barrio. La querella intentará una condena por el delito de “contaminación dolosa” para los tres imputados: los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión fumigador Edgardo Jorge Pancello.
El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página/12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable –expresó– es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle.” En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.
Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011, se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80 por ciento de ellos tienen agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a 30 niños, y había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.
La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello. Además de violar las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164 –que advierte que el endosulfán no debe ser aplicado en un radio menor a 1500 metros y el glifosato a menos de 500 metros de zonas urbanas–, violaba la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El piloto había sido contratado por los empresarios sojeros Parra (el mismo denunciado por Gatica) y Gabrielli.
“Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Avila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión.
