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Hasta noviembre fue postergado el juicio a los 13 campesinos acusados por la masacre en la que murieron 17 personas (once campesinos y seis policias) y que derivó en el golpe institucional contra el ex presidente Fernando Lugo. Los acusados enfrentan cargos de invasión de inmueble y asociación criminal, pero no hay imputados por la muerte de los campesinos. A dos años del hecho, organizaciones insisten en que la masacre “fue un montaje, el primer acto del golpe de Estado”.
Fuente: Periodismo Humano
“Estamos encarcelados sin que la fiscalía haya presentado una sola prueba seria que demuestre nuestra culpabilidad en el Caso Curuguaty”, señalan Felipe, Adalberto, Néstor, Rubén y Arnaldo, cinco de los trece agricultores que esperan sentencia por los hechos ocurridos en junio de 2012. Mientras el resto de sus compañeros aguardan en prisión domiciliaria, estos 5 campesinos habían iniciado una huelga de hambre a la espera del juicio que había sido programado entre el 26 de junio y el 11 de julio. “Seguimos en lucha, en homenaje a nuestros once compañeros caídos y hasta conseguir la liberación de las tierras para el campesinado pobre”. Dos años después de los hechos que gatillaron el derrocamiento del presidente Fernando Lugo, faltan claridades y garantías para un juicio justo.
La propiedad de Marine Kue es la llave para analizar las muertes. El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto, lo tiene claro: “Pertenecen al Estado paraguayo”. La frase es corta pero la explicación se enreda. La empresa Industrial Paraguaya donó estas 2.000 hectáreas al Estado en 1969. Luego se instaló en ellas un cuerpo de la Armada, hasta que en 2004 el poder ejecutivo decidió destinarlas al organismo estatal Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra), para incluirlas en la reforma agraria y que allí se asentaran familias y comunidades campesinas. En el momento de la masacre, “el Indert estaba haciendo los procedimientos administrativos para que fueran inscritas definitivamente a favor del Estado paraguayo”, añade Gauto.
El relato se complica con la entrada de la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido Blas N. Riquelme, empresario y expresidente del Partido Colorado, que empezó su cultivo industrial. Cuando en 2005 el Indert decidió medirlas con la intención de repartirlas entre el campesinado, Riquelme inició un juicio de usucapión (figura legal que permite lograr la propiedad de un terreno tras el cultivo continuado del mismo), que ganó. Según distintas fuentes e informes, el litigio estuvo lleno de irregularidades, de oscuras intervenciones judiciales e influencias políticas que incluso denunció el propio Indert. La pelota está ahora en manos de la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado en relación a la titularidad de los terrenos en disputa.
Ninguna muerte de campesinos ha sido investigada
“Esto es del Estado y de este lugar no vamos a salir”, dijo de una de las personas acampadas la mañana del 15 de junio de 2012. “Si no van a salir, ¿por qué no se van a vender caramelos allá por Asunción?”, le respondieron los policías. Los campesinos consideraban que la tierra que ocupaban pertenecía al Estado y, por eso, la mañana de la tragedia solicitaron los títulos de propiedad de Riquelme. No había papel alguno. Como tampoco lo hubo en las cinco ocasiones anteriores en que se desalojó a personas sin tierra de Marina Kue. Pero aquella vez iba a ser diferente. “Queríamos hablar con ellos pero entraron a la fuerza”. El ‘Informe de derechos humanos del caso Marina Kue’, realizado por Codehupy, recoge las impresiones de diferentes testigos presenciales.
“Unos policías tenían pistola y otros arma larga…, mbarakaja’i se le dice, y tiene muchísimas balas. Dispararon al señor Pindú, que murió con su hondita en el pecho. Empecé a correr pidiendo socorro. Escuchaba las balas pasar a mi lado. Era terrible”, recuerda una de las personas ocupantes. Avelino Espínola, Pindú, fue el primer campesino ejecutado.
Esperaban un diálogo pero recibieron un comando de 324 efectivos policiales, encabezado por el Grupo Especial de Operaciones, que ingresó “con la orden inequívoca de sacarlos a como dé lugar”, narra el libro La masacre de Curuguaty: golpe sicario en Paraguay. ¿Lo siguiente? Muertes, en plural, las de once campesinos y seis policías. Y confusión, mucha confusión. Posteriormente llegó una investigación judicial que levanta sospechas: la hipótesis del fiscal es que 70 campesinos y campesinas, entre ellos algunos menores de edad, habrían emboscado con escopetas de caza a 324 policías fuertemente armados. Por ahora, ninguna de las muertes de campesinos ha sido investigada.
“Vamos a demostrar que los policías fueron al lugar para apaciguar, para calmar los ánimos y buscar una salida pacífica con los campesinos, con los invasores. Eso se demuestra por la buena predisposición e intención de la policía de ir sin armas para intentar dialogar con esa gente”, afirmó el fiscal del caso, Jalil Rachid, a la Radio Nacional de Paraguay.
Los imputados sólo vienen de un lado: ocho campesinos y cuatro campesinas han sido acusados. Cinco de ellos están en la cárcel y seis en prisión domiciliaria tras protagonizar en 2012 una huelga de hambre en prisión de casi 60 días; además hay un adolescente que se auto inculpó y otra joven que está en libertad condicional, a los que hay que sumar más de cincuenta procesados. Ningún policía entre ellos. “No solamente no se ha realizado una investigación imparcial de los hechos, sino que la fiscalía, al servicio de los terratenientes, ha montado un juicio nulo sobre campesinas y campesinos luchadores, incriminándolos como supuestos responsables de la masacre, mientras los verdaderos criminales siguen impunes y libres”, apunta Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.
Las acusaciones son tres: tentativa de homicidio doloso, invasión criminal e invasión de mueble ajeno. ¿Pero hubo en realidad invasión de mueble ajeno? “Los defensores de los procesados, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, entienden que no se puede avanzar en el proceso judicial mientras no se defina el tema de la titularidad de las tierras de Marina Kue”, explica Enrique Gauto.
El primer acto de un golpe de Estado parlamentario
Por ahora ya hay una condena a dos años de prisión, la del chico menor de edad, que accedió a reconocer su culpabilidad logrando así una reducción de la pena. Por su parte, la joven imputada, madre de un bebé de meses, no aceptó declarar contra Rubén Villalba, uno de los campesinos que está en huelga de hambre en prisión, y será llevada a un juicio oral y público, el próximo 21 de abril, sin haber sido informada de manera detallada de la acusación que pesa en su contra, según sus abogadas, Mª José Durán y Mirta Moragas. Las letradas de Codehupy insisten en las diferencias ocurridas en los procesamientos realizados a hombres y a mujeres: entre las pruebas documentales del caso figuran “los informes psicológicos realizados a todos los procesados hombres, pero no se encuentran los practicados a las mujeres”.
No son las únicas irregularidades del proceso, que también se enfrenta a críticas como la ausencia de autopsias a los cadáveres, las detenciones arbitrarias de personas que no estaban en el lugar de los hechos y la falta de toma de declaraciones a los supervivientes y testigos, a quienes se persiguió. 22 balas acabaron con la vida del dirigente campesino Vidal Vega, cuando colaboraba con los organismos que llevaban una investigación paralela a la de la fiscalía. Y el primer juez del caso, Juan José Benítez, fue apartado por mal desempeño y, como recuerda Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, el fiscal Jalil Rachid también fue recusado por la defensa por “mantener pública y notoria amistad con una persona con un parentesco muy cercano a Blas N. Riquelme”.
Nunca “se abrieron líneas de investigación para examinar las situaciones de abuso de las fuerzas policiales tanto en la ejecución de las víctimas como en el tratamiento inhumano de los heridos y sobrevivientes”, expone Codehupy, a pesar de varias denuncias de tortura. Según los testigos presenciales entrevistados por una delegación de Amnistía Internacional, algunas de las víctimas murieron por disparos una vez terminado el enfrentamiento y dos de los cadáveres se encontraron en las tierras en disputa al día siguiente de los enfrentamientos.
Cecilia Vuyk lo tiene claro: “La pregunta ‘¿qué pasó en Curuguaty?’ recorrió el país y el mundo, e interpela hasta hoy a los sectores de poder y a toda la ciudadanía en la lucha por la justicia y la libertad. La mayoría de las paraguayas y paraguayos ya saben que fue un montaje, el primer acto del golpe de Estado, y que quienes se encuentran hoy en la cárcel son luchadores inocentes, mientras los verdaderos criminales siguen libres y las tierras que son públicas siguen siendo usurpadas”.
“Abusen de Paraguay”, “esa mujer linda, fácil”
El contexto paraguayo ayuda a explicar lo sucedido: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros. La población de Curuguaty se encuentra en el departamento de Canindeyú, cerca de Brasil, uno de los departamentos que concentra el mayor número de propietarios extranjeros de tierra, principalmente brasileños. La presencia de foráneos ha supuesto la expulsión del campesinado de la zona, según corrobora la Misión de Observación Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay.
“Usen y abusen de Paraguay” ha sido la invitación que en febrero ha extendido el presidente, Horacio Cartes, a los empresarios brasileños. Muy acorde con la línea que ya expresó a finales del año pasado, en este caso ante inversores uruguayos: “Paraguay tiene que ser esa mujer linda, tiene que ser fácil”. Así ve su país y así lo expresa Cartes, la persona más enriquecida de la República y el hombre que ha devuelto al Partido Colorado al poder, en el que estuvo 61 años incluyendo los 35 de la dictadura de Alfredo Stroessner. Precisamente fue el ex obispo Fernando Lugo, a quien la masacre apartó del poder, quien protagonizó la primera rotación democrática en Paraguay.
“Estamos hablando de un país culturalmente campesino, heredero de una cultura ancestral guaraní, para la que la tierra es la base de nuestra vida no sólo en términos materiales sino históricos. Es altamente probable que en los próximos meses y años se viva la situación de mayor conflicto social y violencia”, contextualiza Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. El abogado Hugo Valiente considera que “Curuguaty no es un hecho aislado, sino el paroxismo de una injusticia. La concentración de la tierra genera una masa inmensa de pobres rurales, que organizados representan la mayor amenaza a este esquema de poder”.
Desde la cárcel, los cinco presos, en huelga de hambre, claman: “No podemos quedarnos quietos cuando en cualquier lugar del mundo una audiencia preliminar como la que tuvimos hubiese declarado la nulidad de todo el proceso y nuestra libertad. Y sobre todo, no podemos quedarnos tranquilos en la cárcel sabiendo que los invasores siguen ocupando gran parte de las tierras que pertenecen al Estado y al pueblo paraguayo”.
El último movimiento de la fiscalía ha sido la orden de captura contra Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de las víctimas, por haber intentado cultivar en las tierras en las que se produjo la masacre. La propia Paredes, que perdió dos hermanos, admitía al periódico Última Hora que llevan esperando mucho tiempo sin resultado, por lo que decidieron realizar la siembra de maíz, poroto y maní para “forzar” que la justicia resuelva la situación.
